No existe una varita mágica para borrar los esquemas de corrupción gubernamental que han marcado la historia política de nuestro país, ni tampoco una herramienta que –hasta el momento- haya demostrado ser efectiva contra este mal que afecta a los ciudadanos.

Tras los escándalos recientes que involucran al exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, y el todavía primer ejecutivo de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, acusados de actos corrupción por las autoridades federales, la pregunta sobre qué podemos hacer para corregir este problema sigue estando sobre la mesa.

Alcaldes, legisladores y el Colegio de Abogados comparten lo que, a su juicio, pudiera ayudar a ponerle el “cascabel al gato” y erradicar la corrupción gubernamental.

Se mencionan leyes que ayuden a fiscalizar mejor a los funcionarios electos por el pueblo y hasta reforzar la educación y el aprendizaje de valores. Pero esto último no se adquiere con ninguna ley.

Julia Nazario, alcaldesa de Loíza

“Esta situación nos pone a reflexionar y a estar bien pendiente de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Tiene que ver con principios y valores. Mi mamá decía: ‘no estires el pie más allá de hasta dónde llega la sábana”, compartió la funcionaria quien aseguró que nunca ha recibido algún acercamiento ilegal.

Eso me hace pensar que estas personas estudian a cada uno de nosotros, conocen el talón de Aquiles… yo no necesito más de lo que tengo, vivo con lo que he tenido siempre. No hay que vivir a un nivel superior del que se puede”, indicó.

Alcaldesa de Loíza, Julia Nazario
Alcaldesa de Loíza, Julia Nazario (David Villafane/Staff)

“Los alcaldes siguen siendo, en la inmensa mayoría, gente íntegra y trabajadora. Eso queda demostrado a través de la historia”, finalizó la alcaldesa popular

Bernardo Márquez, alcalde de Toa Baja

“Hay un elemento de transparencia para combatir la corrupción que no se puede lograr sin que la ciudadanía sea parte de los procesos. Esa discusión hay que generarla y no solo a nivel del gobierno o la legislatura. La sociedad, el Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores Públicos… son entidades que pueden hacer aportaciones”, explicó Márquez, militante del Partido Nuevo Progresista.

Alcalde de Toa Baja, Bernardo Márquez.
Alcalde de Toa Baja, Bernardo Márquez. (Archivo)

Hay una cuestión de carácter, de valores, el elemento de lo que pueden ser las tentaciones y cómo no sucumbir a ellas. Hay unas herramientas importantísimas que hay que desarrollar. Hay que trabajar con elementos a corto plazo, por la inmediatez; a mediano y a largo plazo”, añadió el primer ejecutivo de la Ciudad Llanera.

William Miranda Torres, alcalde de Caguas

“Todo funcionario público está sujeto al escrutinio diario por sus acciones. Los que somos funcionarios electos debemos tener un mayor compromiso con la transparencia para que todos los recursos públicos, fondos y empleados públicos estén dedicados al servicio del pueblo”, expresó el alcalde de Caguas.

Recordó que su administración, según el Estudio de Investigación sobre el Nivel de Transparencia Municipal en Puerto Rico presentado por el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa, Inc, “ha sido reconocido a los niveles más altos de pulcritud. Mi compromiso en Caguas siempre ha sido que los cagüeños conozcan el buen uso que le damos a cada centavo que aportan para los servicios municipales de nuestra ciudad”.

Alcalde de Caguas, William Miranda Torres.
Alcalde de Caguas, William Miranda Torres. (TERESA CANINO RIVERA)

“Sin embargo, para erradicar la corrupción tenemos que trabajar con la educación de los individuos desde la niñez. Cuando se habla de ética, se piensa en funcionarios y gobierno. Pero un ciudadano ético, de principios, no se forma con seminarios antes de ocupar un cargo. Un ciudadano ético se forma desde el hogar, a través de la educación recibida a lo largo de su vida. Por ello, considero que se deberían impartir cursos de ética en las escuelas. La ética, honradez y la honestidad son valores que se deben inculcar desde las primeras etapas de formación de los ciudadanos para que sea un complemento de su educación profesional”, explicó Miranda Torres.

“Situaciones como la ocurrida hoy (ayer), dificultan seriamente la confianza del pueblo en sus instituciones. Peor aún, desalienta a servidores públicos honestos a venir al servicio público. Nos corresponde a cada uno de los funcionarios electos recobrar la confianza de nuestros constituyentes simplemente elevando a los más altos criterios la transparencia, el afán de servir y no ser servidos en cada uno de los procesos que llevemos a cabo, sobretodo aquellos que conllevan el desembolso de fondos públicos”, finalizó el alcalde popular.

Ramón Luis Rivera, alcalde de Bayamón

“Cuando un funcionario falla a la confianza del pueblo, estremece nuestra sociedad. Es hora de que entendamos que nuestra gente está agobiada y merece más de sus funcionarios electos. Los principios y valores nunca deben sucumbir ante la tentación. Es cuestión de carácter”, manifestó el líder novoprogresista, quien desde el 2001 está al frente del municipio de Bayamón.

Ramón Luis Rivera, alcalde de Bayamon.
Ramón Luis Rivera, alcalde de Bayamon. (Archivo)
José C. Aponte, alcalde de Carolina

La corrupción gubernamental está altamente ligada con la carencia de los valores humanos que pueden verse afectados cuando una persona siente que ostenta una posición de poder y confunde esto con impunidad”, opinó el alcalde de Carolina, José C. Aponte.

El primer ejecutivo de la Ciudad Gigante está seguro que “ganarse la confianza de un pueblo se logra cuando actuamos conforme a lo que ellos esperan de nosotros y en la medida que no les fallamos como líderes”.

“Es un proceso que se logra con los actos que hacemos cada día y el ejemplo que damos de lo que debe ser un verdadero líder”, añadió.

José C. Aponte, alcalde de Carolina.
José C. Aponte, alcalde de Carolina. (VANESSA SERRA DIAZ)

“Para que un líder goce de la confianza de sus ciudadanos debe demostrar con sus actuaciones, con sus obras y con sus proyectos que lleva una sana administración de los recursos que se les han otorgado. La convocatoria es a servir y no a ser servidos”, agregó el líder del Partido Popular Democrático.

Javier Jiménez, San Sebastián

“Los políticos que ostentan posiciones electas son personas que salen del mismo pueblo y tenemos políticos muy buenos, gente que ha servido bien… pero hay sus excepciones, los que han sido señalados. ¿Qué se ha hecho a través del tiempo? Se han endurecido las políticas fiscales que han desarrollado las diferentes agencias gubernamentales, creando leyes, entidades y burocracia en el sistema de desembolso y contrataciones”, repasó el alcalde de San Sebastián.

Al preguntarse, ¿dónde fallamos?, él mismo se responde que “como sociedad, en cuanto el desarrollo de los valores, no solamente en la capacidad de funcionarios políticos, sino en todas como seres humanos”.

Alegan que el alcalde Javier Jiménez "ha pedido infructuosamente" a Torres que tome acción urgente y el funcionario no ha atendido el reclamo. (Archivo)
Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián.

“Hoy día, luego de tomar seminarios, como los que da la Oficina de Ética Gubernamental, y ver que hay funcionarios que se prestan para estos tipos de esquemas vergonzosos, nos damos cuenta que hay que actuar más allá de hacer leyes punitivas que no hacen sentido. Hay que mirar cómo hemos suprimido o fomentado los valores”.

Recomendó al gobierno asignar más recursos a la Oficina del Contralor para que pueda complementar un plan más amplio de fiscalización. Para ello, el alcalde novoprogresista sugirió que las auditorías externas que se realizan en los municipios estén enlazadas al Contralor.

“De esta manera se evita duplicar esfuerzos en una misma función. Todas las oficinas de auditorías internas en los municipios deben responder al Contralor y formar parte de sus recursos para que se enfoquen en áreas específicas. Eso redundaría en la prevención de actos corruptos”, finalizó Jiménez, quien restó méritos a la Oficina del Inspector General, liderada por Ivelisse Torres. “El Inspector General no compone nada”.

Licenciada Daisy Calcaño López, presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico

“El pueblo de Puerto Rico fue sacudido por la secuela del caso de corrupción del alcalde del Municipio del Cataño, con el arresto del alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, y del administrador municipal de Trujillo Alto. Una vez más queda al descubierto el mal endémico de la política partidista: la corrupción. La fe del pueblo en sus instituciones democráticas se ve sacudida y erosionada por el acto de unos políticos sin escrúpulos ni integridad, y salpican injustificadamente a todos los servidores públicos”, reflexionó Calcaño López.

“Puerto Rico tiene muchas leyes, un código anticorrupción y de seguro se aprobarán más leyes anticorrupción como consecuencia de lo que estamos viviendo. Estas leyes de poco han servido para evitar las continuas oleadas del pillaje y robo por aquellos que encuentran formas creativas de esconder sus malos actos. Es hora de que el Gobierno cese en su afán de seguir aprobando ley tras ley que poco impacto tiene sobre la corrupción. Estas leyes no buscan evitar los actos corruptos, solo castigan a aquel puñado que es identificado y procesado. Nadie sabe cuántos se salen con la suya malversando fondos públicos para su pecunio personal”, denunció la licenciada.

Licenciada Daisy Calcaño López, presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
Licenciada Daisy Calcaño López, presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. (Suministrada)

Explicó que el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico “hace un llamado a todas las ramas de Gobierno para que adopte nuevas estrategias anticorrupción que propendan mayor transparencia en todas las transacciones gubernamentales de todas las ramas del gobierno”.

“Existen modelos e iniciativas a nivel global que han ayudado a atacar este mal aparentemente endémico a nuestra sociedad, como por ejemplo aquellas sugeridas por el World Bank Group en su escrito Enhancing Government Effectiveness and Transparency, así como las iniciativas locales de Sembrando Sentido y Somos Más”, expresó Calcaño López, para quien la corrupción gubernamental no será erradicada por los políticos ni por las leyes.

“El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico está dispuesto a colaborar con todo esfuerzo cuya meta sea eliminar este mal que nos aqueja. Un movimiento robusto de pueblo, contando con todos los sectores de la Sociedad Civil, colegios y asociaciones de profesionales, entre otros y la adopción de una visión de transparencia gubernamental por parte de las tres ramas de gobierno serían un buen paso hacia minimizar esta insidiosa conducta”, finalizó Calcaño López.

José Vargas Vidot, senador independiente

Para el senador independiente, José Vargas Vidot, en Puerto Rico “no existe una estrategia anticorrupción. Hay muchas leyes que no se cumplen y otras que facilitan el chanchullo”.

“Hay organismos como Justicia y el FEI que son pasivos y que deben repensarse. Por eso las personas van a las agencias federales, no confían en las agencias estatales”, explicó el legislador, para luego enumerar las medidas que se pueden adoptar para erradicar la corrupción gubernamental.

El senador independiente José Vargas Vidot.
El senador independiente José Vargas Vidot. (Ramon "Tonito" Zayas / Staff)
  • Revisar el código municipal que flexibiliza la forma de hacer compras en los municipios.
  • Las legislaturas municipales hay que repensarlas. “Ahora mismo son un sello de goma del alcalde o alcaldesa. Cuando se supone que lo fiscalicen; al igual que la legislatura fiscaliza al gobernador. La plancha municipal hay que eliminarla, los legisladores municipales deben responder a la gente y los barrios, no a un alcalde. Eso propicia procesos pro forma y le aprueban todo al alcalde o alcaldesa sin cuestionamiento ni fiscalización”.
  • Repensar la oficina del FEI y la interacción con el Departamento de Justicia.

A lo anterior añadió la siguiente pregunta: “¿Qué es eso de que los escaños les pertenecen a los partidos? Eso es algo que hay que extirpar. Los escaños son de la gente. Cuando un funcionario electo renuncia, fallece o es sacado de su puesto debe hacerse una elección especial donde participen todos los candidatos de todos los partidos e ideologías. Y eso se debe legislar”.

Joanne Rodríguez Veve, senadora Proyecto Dignidad

“Ante la epidemia de la corrupción, la Asamblea Legislativa debe poner la acción donde pone la palabra, dándole paso a la evaluación de los proyectos anticorrupción que se han radicado. Proyecto Dignidad, hasta la fecha, ha presentado cinco proyectos para combatir la corrupción. Entre ellas, medidas para robustecer la prohibición del nepotismo, promover la transparencia de la información pública y eliminar esquemas legales para proteger bienes obtenidos ilegalmente”, manifestó la senadora por el Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve.

Senadora Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad.
Senadora Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad. (Vanessa Serra Diaz)

“Además de estos esfuerzos legislativos, Proyecto Dignidad está convencido que la corrupción se combate desde la familia, cultivando el carácter y los valores morales de sus integrantes. Combatir la corrupción no solo es un esfuerzo colectivo, sino también y principalmente individual. Nos corresponde a cada uno miráramos hacia adentro para actuar conforme a nuestros principios y convicciones. No existe sustituto para el carácter y la honestidad en nuestros líderes”, finalizó.