La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) pidieron ayer a la Cámara de Representantes que dejen a las corporaciones que dan los servicios de agua y luz determinar por reglamento cuál será la tarifa fija en los residenciales públicos.

José Ortiz Vázquez, presidente de la AAA, favorece el principio de la tarifa básica, pero objetó el proyecto de la Cámara 2498 que define un tope de 20 metros cúbicos de agua y 500 kilovatios/hora de electricidad.

“Es necesario establecer un tope de consumo a la tarifa establecida por la AAA a los residentes, con el objeto de hacer uso adecuado del servicio de agua potable y ayudar a promover la preservación de los recursos que no son ilimitados en nuestra isla. El tope de consumo debe estar establecido en el reglamento aprobado por la AAA”, planteó a la Comisión de Asuntos del Consumidor.

Ortiz Vázquez respaldó el proyecto de la Cámara 2389, que enmienda la Ley Especial de Justicia Tarifaria de Utilidades para Residenciales Públicos, para definir un límite máximo a la tarifa fija de estos servicios básicos. De excederse, aplicarían otros cargos al cliente.

La AAA, como entidad responsable en el suministro de los servicios de agua y alcantarillado, argumentó el funcionario, “posee conocimiento especializado para establecer cuál es el máximo mensual de consumo de acuerdo a la composición familiar o unidad de vivienda”.

“No debemos perder de vista que en los residenciales públicos existe una variedad de unidades de vivienda y mientras una unidad podría ser de un solo cuarto, con un baño, otra unidad podría ser de cinco cuartos con dos baños, dependiendo de la composición familiar que resida en la misma. En vista de ello, inevitablemente variará, así como el máximo de consumo que se establezca”, agregó el presidente ejecutivo de la AAA.

La asesora legal de DACO, Lersy Boria, opinó que la enmienda planteada por el proyecto 2398 “crea una ley más balanceada, toda vez que presenta un alivio a los consumidores de bajos recursos” y previene el abuso en el consumo.

Boria favoreció que la AAA y la Autoridad de Energía Eléctrica sean las que determinen cuál será la tarifa fija mensual para los residenciales públicos. La opinión fue compartida por el asesor legal de la Oficina de la Procuradora del Ciudadano, Rolando Meléndez.

“Los límites establecidos en los proyectos son razonables”, manifestó en vista pública.