El tema del sueldo de los alcaldes, sobre cuánto deben ganar y bajo qué condiciones deben incrementarse su salario, es uno en el que no deben inmiscuirse los miembros de la Legislatura.

Al menos así opinaron algunos alcaldes consultados ayer por Primera Hora al sostener que el asunto debe quedar en manos de los dos organismos que agrupan a los 78 alcaldes populares y penepés.

En general, todos ven meritorio que se establezcan unos parámetros específicos, pero los mismos deben ser establecidos en consulta con los propios ejecutivos municipales y no por las Legislaturas Municipales.

Los alcaldes penepés de Canóvanas y Loíza, José “Chemo” Soto y Eddie Manso, respectivamente, fueron mas allá al criticar fuertemente un proyecto de ley presentado ayer por el representante popular Luis Vega Ramos, que busca que las alzas salariales se hagan de forma organizada y en las que el ciudadano tenga voz para juzgar la iniciativa.

“¿Él no sabe que depende de nosotros, los alcaldes, para ser electo? Él no se debe meter en la autonomía de los municipios ni implantar unas leyes arcaicas”, sostuvo Soto.

La medida, que enmendaría el Artículo 3.012 de la Ley de Municipios Autónomos, busca darle herramientas a las Legislaturas Municipales para que evalúen y legislen sobre el aumento salarial de los alcaldes. Además, permite que la ciudadanía esté inmersa en el proceso de evaluación.

“Ante la difícil situación fiscal que enfrenta nuestro país y el estado de sus dependencias gubernamentales, es prioridad y obligación de esta Asamblea Legislativa fijar controles efectivos en cuanto a los salarios y compensaciones de funcionarios públicos electos y los procesos para el aumento del mismo”, dijo Vega Ramos en comunicado de prensa.

“Debemos entender la correlación real y el modelaje que pesan en el hecho de un aumento de sueldo de cualquier funcionario público en una situación fiscal como la actual”, planteó el legislador.

Soto es el alcalde que más recientemente se incrementó su salario. En su caso el alza fue de $8,000 a $9,000 mensuales como método de protesta contra la actual administración popular y haciendo referencia a un supuesto superávit de $200,000 en su municipio. No obstante, la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales tiene a este pueblo ubicado en la lista de los que tienen déficits presupuestarios.

“Dile a Vega Ramos que, cuando se siente en la silla a legislar, entreviste a jefes de agencia y le pregunte cuánto ganan y por qué ganan tanto”, señaló Soto.

Uno de los principales cambios propuestos por Ramos es el que establece que la Legislatura Municipal no podrá evaluar o aprobar legislación concerniente al aumento de sueldo del alcalde hasta el tercer año del cuatrienio en el que sea aprobado el aumento, y la misma solo podrá ser de aplicación al próximo cuatrienio.

La segunda enmienda establecerá la exigencia de la celebración de, al menos, una vista pública de la comisión de la Legislatura Municipal con autoridad sobre el tema, la cual tendrá que haber sido ampliamente anunciada en al menos un medio de comunicación masiva, escrita o radial. En dicha vista, se hará disponible a la ciudadanía toda la información fiscal requerida por ley para la consideración de un aumento salarial.

El propósito de la vista es que el ciudadano conozca la situación fiscal de su municipio y tenga la oportunidad de opinar sobre el mérito que tiene su alcalde para recibir mayor paga por su trabajo.

Una de las principales objeciones del alcalde de Loíza es precisamente la celebración de vistas públicas, las cuales, a su juicio, podrían convertirse en foros de revanchismo político. “En el caso de un alcalde penepé, puedes estar seguro que la oposición se prestaría para hablar en contra del ejecutivo municipal. No sería algo objetivo y se opondrían a algo que quizás me merezco”, argumentó.

Manso dijo comprender la difícil situación económica que atraviesan la mayoría de los ayuntamientos y, por ello, avala ciertos controles, pero los mismos deben establecerse por consenso y a través de la Federación y la Asociación de Alcaldes. “Yo veo la intervención como un revanchismo por la situación de las dietas de ellos (los legisladores estatales) y por la reforma legislativa que se avecina”, expresó Manso, quien tiene un sueldo de $4,500 mensuales desde que comenzó hace nueve años.

Por otra parte, su homólogo en San Sebastián, Javier Jiménez, sugirió que se debe hacer un análisis para determinar los factores que se deben tomar en consideración a la hora de aprobar o denegar un alza salarial, como lo puede ser: si el municipio está en déficit, si se trata del primer cuatrienio del alcalde, y la población y la extensión territorial del pueblo, entre otros aspectos.

“Tienes alcaldes con un déficit violento ganándose un salario excesivo, y no debe ser así”, destacó Jiménez.

Su homólogo en Juana Díaz, Ramón Hernández, indicó no tener problemas con que se uniformen los salarios de los alcaldes, pero criticó que sigan surgiendo propuestas de un lado y otro cuando hay temas más prioritarios en el país a los cuales se les debe prestar atención, como lo son la situación del Sistema de Retiro y la degradación de los bonos.