Con el testimonio bajo juramento de la renunciante secretaria de Salud, Concepción Quiñones de Longo, una comisión de la Cámara de Representantes comenzó a investigar hoy el escándalo de los millonarios contratos en el Departamento de Salud relacionados con la compra de pruebas del COVID-19 y de ventiladores.

Quiñones de Longo comenzó a declarar esta mañana en una vista ejecutiva (a puertas cerradas), ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. El testimonio comenzó a las 10:00 de la mañana en el salón audiencias 1, en el sótano de la Casa de las Leyes y cerca de las 2:00 de la tarde no había concluido.

La exfuncionaria, a su llegada al Capitolio, se reafirmó en las denuncias que motivaron su renuncia como Secretaria de Salud el pasado 26 de marzo de que había recibido una orden de La Fortaleza para que la firmara en 20 minutos sobre un contrato de $14 millones para la compra de unos 713 respiradores que tardarían entre 14 a 16 meses en llegar.

La pesquisa legislativa también busca establecer quién en el Departamento de Salud fue el responsable de recomendar la compra de pruebas rápidas para el coronavirus a un costo de $40 millones a una empresa que no tenía experiencia en servicios médicos y que se alega está vínculada al Partido Nuevo Progresista (PNP).

Además de Quiñones de Longo, fue citada para hoy la exsecretaria auxiliar del Departamento de Salud Adil Rosa, pero invocó su derecho a estar asistida de un abogado y su comparecencia se postergó para el martes próximo.

Otros dos citados, el general José Burgos y Evelyn Cumba, del Negociado de Manejo de Emergencias y Desastres (NMEAD), aguardan en otro salón para también declarar hoy.

La vista, en la que los legisladores se protegen con mascarillas y guantes, es encabezada por el representante novoprogresista, Juan Oscar Morales, quien preside la Comisión de Salud de la Cámara. Dijeron presente otros siete representantes de la Palma, así como de las minorías políticas. De la delegación popular asisten, el portavoz, Rafael “Tatito” Hernández, Lydia Méndez y Jesús Manuel Ortiz y también participa, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón.

El Presidente de la Comisión de Salud ha dicho que las autoridades federales están investigando estas compras, así como, otros asuntos en el Departamento de Salud.

“Cómo es posible que la autoridad nominadora diga que los materiales se van a recibir en Salud y venga una empleada de Fortaleza y diga que es en el COE de Caguas. Nunca se le dijo a la doctora Quiñones de Longo que esas pruebas iban a ser entregadas. Esas pruebas tienen una codificación, me imagino que tienen un número que las identifica y eso es importante en una línea de custodia. Creo que eso no se hizo correctamente”, dijo el legislador novoprogresista.

Morales sostuvo que en el gobierno “se sabe que hay unos procesos de compra, que se emite una orden de compra y una de recibo y eso no se dio”. Indicó que según las declaraciones de Quiñones de Longo “la que recibió esa compra es la señora Mabel Cabeza (quien era la ayudante, del exsecretario de Salud, Rafael Rodríguez) y ella, no era empleada de Salud. La orden dice claramente que el sitio de entrega era el Departamento de Salud”.

En tanto, Cabeza, quien también se espera que sea citada a declarar en la pesquisa legislativa, reclama haber sido víctima de ataques “falsos y difamatorios” y alega que la controversia de las 500 pruebas es fabricada.

“Como madre soltera me veo en la obligación de defenderme públicamente y proteger a mi familia para de esta forma aliviar sus preocupaciones ante estos señalamientos infundados, medias verdades, mediáticos, coordinados y, sin dudas, con agendas políticas partidistas”, señaló en declaraciones escritas cuando explotó el escándalo.