Una medida radicada en la Cámara de Representantes busca que toda institución hipotecaria que adquieran involuntariamente una propiedad, por medio de su ejecución, tenga la obligación de mantenerla en buen estado —incluyendo si existiera una piscina— a fin de evitar que el abandono se convierta en un problema inminente a la salud pública.

El autor del Proyecto de la Cámara 538 es el representante del Partido Nuevo Progresista Yazzer Morales Diaz.

“Los datos provistos denotan la existencia de una gran cantidad de propiedades, residenciales y comerciales, que se encuentran virtualmente abandonadas. Ello, tiene el serio problema de crear inestabilidad en la valorización de las propiedades adyacentes. Pero, peor aún, tiende a convertirse en un grave problema de salud pública, dada la amenaza de estas propiedades convertirse en criaderos de sabandijas y su posible utilización para fines ilícitos”, reza la Exposición de Motivos de la legislación.

El Proyecto de la Cámara 538 busca enmendar la Ley para Regular el Negocio de Préstamos Hipotecarios de Puerto Rico, a los fines de imponer a las instituciones hipotecarias que adquieran involuntariamente una propiedad inmueble, por medio de su ejecución hipotecaria, la responsabilidad de mantener en buen estado la misma, y también ordenar a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras a establecer aquellos procedimientos conducentes a la cabal fiscalización, supervisión y reglamentación de lo perseguido mediante esta Ley.

“No hay duda de que una piscina abandonada o que no obtenga el mantenimiento requerido para su buen uso y disfrute, puede representar un problema inminente a la salud pública. Si bien es cierto que hay distintas alternativas para tratar la propagación desmedida de la enfermedad del dengue, es imposible pretender que el Gobierno lo erradique completamente si los tenedores de estas propiedades abandonadas no cumplen con su responsabilidad de eliminar los criaderos de mosquito y de darle buen mantenimiento a las mismas”, sentenció el representante por el Distrito 9 de Toa Alta y Bayamón en declaraciones escritas a la prensa.

Estadísticas de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) revelaron que los casos en proceso de ejecución hipotecaria —hasta agosto 31 de 2020— alcanzaron las 11,890 versus un total de 14,126 para agosto 2019, equivalente a una caída de 19 por ciento. La merma responde a las moratorias por el COVID-19 y a los casos detenidos en los tribunales, ya que las ejecuciones de productos hipotecarios garantizados por el gobierno federal están detenidas hasta el 31 de diciembre de 2020.

Según el reporte de la OCIF, para finales de agosto de 2020 había 353,976 casos activos de ejecuciones hipotecarias y una delincuencia de 20.15 por ciento, mientras que en el 2019 había 365,177 casos activos y 12.06 por ciento de delincuencia. Cabe indicar que acorde con las estadísticas de la OCIF, en el 2016 se ejecutaron 5,554 propiedades, en el 2017 se registró una merma situándose en 4,639, tendencia a la baja que siguió en el 2018 con un total de 3,135. Luego de que se experimentara una disminución en los casos, en el 2019 se reportó un alza de 4,117.

“Es sabido que la principal herramienta para combatir, por ejemplo, el dengue, es evitar la reproducción del mosquito que lo transmite. El agua acumulada en tiestos, gomas, bebedores de pájaros y otros artefactos comúnmente encontrados en patios, fincas, etc., se convierte en criaderos de mosquitos y, por tanto, en verdaderas amenazas a la salud pública. Lamentablemente, aunque indeterminado el número, debemos presumir que existe una gran cantidad de piscinas abandonadas en propiedades reposeídas que son producto del descuido del poseedor legal del inmueble”, agregó el novoprogresista.