El representante Jorge Navarro anunció el sábado la radicación de una resolución que obligaría a los patronos privados que brinden servicios al público, a pagar a razón de tiempo y medio a los empleados que están laborando en sus establecimientos.

Esta medida legislativa solo aplicaría a negocios que tengan más de 50 empleados y que generen un ingreso bruto anual mayor de diez millones de dólares.

“Me mueve a radicar esta resolución el hecho de que como consecuencia de esta pandemia que estamos sufriendo con el coronavirus, nuestro Puerto Rico no solamente enfrenta dificultades en el área de la salud, sino que también enfrenta una crisis económica y en el mercado laboral. El cierre total de las operaciones gubernamentales y privadas, solo ha permitido únicamente a ciertos establecimientos comerciales a permanecer operando, según lo establecen las dos Órdenes Ejecutivas firmadas por nuestra gobernadora”, detalló el representante Navarro Suarez, quien representa a San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas.

“En esta caso me refiero a los comercios detallados y mencionados en la sección quinta de la segunda Orden Ejecutiva de la Gobernadora, y excluyendo a los que están en la sección sexta de dicha Orden. Algunos de éstos comercios son: supermercados, farmacias, establecimientos de comida rápida a través del servicio de entrega o recogido (“delivery” o “carry out”) y farmacéuticas, entre otros”, detalló el representante Navarro Suarez.

"Sin duda, las labores realizadas por muchos de estos trabajadores, en cualquier otro momento de la vida cotidiana, no necesariamente presentaban riesgos peligrosos que atentaran contra su salud. Sin embargo, ante la pandemia a la que nos enfrentamos, ese marco cambió drásticamente. Por tal razón, entendemos que, además de la responsabilidad que tiene todo patrono de tomar medidas para proteger a sus empleados en el lugar de trabajo, es prudente y necesario compensar a estos trabajadores que arriesgan su salud, y hasta su vida, con un salario igual a tiempo y medio durante la vigencia de las órdenes ejecutivas establecidas por la Gobernadora”, explicó el representante.

En contra

No obstante, líderes de la Coalición del Sector Privado de hospitales, manufactura, comercio al detal, restaurantes, telecomunicaciones, turismo y organizaciones profesionales reaccionaron indignados y expresaron su reclamo para que esta medida no sea aprobada en la legislatura.

“El sector privado del país está en jaque mate debido al cierre causado por el Coronavirus, miles de empleados están en las filas del desempleo, porque empresa que no opera, no genera ingresos y no puede mantener sus empleados. Las pocas empresas que sí pueden operar, lo están haciendo con costos de sanitización aún mayores, y con una fracción del ingreso que normalmente generan. La medida propuesta terminará con los pocos negocios que están sirviendo al país” expresó Liliana Cubano, presidenta de Hecho en Puerto Rico.

Por su parte, Felipe Hernández, presidente de la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones, que agrupa a proveedores de internet, cable y telefonía, señaló que su industria se ha mantenido invirtiendo en infraestructura y activando al personal clave para poder proveer los servicios que tanto necesita la población en esta emergencia que les permiten mantenerse comunicados e informados, trabajando y estudiando. “Es por lo que nos parece irrazonable que las empresas que estamos cargando la economia seamos penalizadas por ofrecer un servicio vital a la ciudadanía”.