El nuevo representante popular Orlando José Aponte Rosario anunció hoy, miércoles, que radicará un proyecto de ley para prohibir que las tres ramas del gobierno otorguen contratos o empleo a convictos por corrupción, apropiación o malversación de fondos públicos.

Las expresiones del legislador por el Distrito 26 de Orocovis, Villalba, Barranquitas y Coamo se dan luego que el exrepresentante y exconvicto por corrupción Fernando Tonos desistiera de asesorar al senador popular Javier Aponte por $6,000 mensuales.

“Una de las promesas de campaña, donde comprometí mi palabra con la gente de mi distrito, es promover la transparencia en el gobierno. No hay tiempo que perder y la ciudadanía solicita celeridad en la labor legislativa. El proyecto que voy a radicar incluirá además la prohibición para que el gobierno contrate corporaciones que tengan entre sus accionistas, miembros o empleados, o subcontraten a personas que hayan resultado convictos de corrupción gubernamental. De igual manera, ampliaremos la prohibición para que el gobierno contrate corporaciones con menos de 5 años desde su creación”, detalló Aponte Rosario en declaraciones escritas a la prensa.

El legislador, quien presidirá la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, dijo que prohibirían las bonificaciones, probatorias, sentencias suspendidas o libertad a prueba a los funcionarios públicos que resulten convictos por corrupción.

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“Además, a las personas convictas por apropiación o malversación de fondos públicos se les obligará a restituir tres veces la cantidad imputada en la acusación”, añadió.

Actualmente, el artículo 3.4 del Código Anticorrupción establece una limitación para contratar a convictos hasta 10 años y Aponte Rosario promueve que esa prohibición sea total.

“La práctica de contratar convictos por mal uso de fondos públicos es algo que se ha visto tanto en gobiernos del Partido Nuevo Progresista (PNP) como del Partido Popular Democrático (PPD). Mi posición es que ante esa realidad hay que cambiarla, en honor a los miles de servidores públicos que son honestos y hacen su trabajo dignamente”, sostuvo.

“Como abogado, yo creo firmemente en la rehabilitación y en las segundas oportunidades. Pero cuando hablamos de fondos públicos, hay que ser absolutamente claros y transparentes. La rehabilitación y las segundas oportunidades para estos convictos de malversar fondos públicos se pueden dar desde la empresa privada. Esa siempre ha sido mi posición y para eso aspiré a la Legislatura”, finalizó.