Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico rechazó la nominación del actual secretario del Departamento de Corrección, Lcdo. Eduardo J. Rivera Juanatey para ocupar una posición de Juez Superior por entender que carece de las cualidades necesarias para ejercer un puesto en la Judicatura toda vez que ha violentado el derecho a la libre expresión y ha intervenido con los derechos sindicales de sus empleados.

“El licenciado Rivera Juanatey carece del temperamento judicial para ejercer un cargo como juez. Nuestra Unión ha sido testigo de que el licenciado Rivera no tiene reparos en intervenir con el derecho a la libertad de expresión y los derechos sindicales de los empleados cuando estos reclaman que las acciones del patrono los ponen en riesgo, particularmente en circunstancias en que el mismo Rivera ha actuado como patrono”, señaló Benjamín Borges, síndico y portavoz de SPUPR, unión matriz de la Alianza Correccional Unida, sindicato que representa a los oficiales correccionales de la Administración de Corrección.

Borges explicó que el pasado 17 de septiembre, el Departamento de Corrección le notificó a la Oficial Jessica Martínez, presidenta de Alianza Correccional Unida – SPUPR/AFSCME, unión que representa a los oficiales correccionales del Departamento de Corrección, su intención de suspenderla de empleo y sueldo por denunciar ante los medios noticiosos del país, las determinaciones del patrono que estaban exponiendo a los oficiales a mayores riesgos.

“A pesar de que le hicimos varios acercamientos al Secretario y le explicamos que no debía proceder disciplinariamente contra la presidenta de la Unión local que representa a los Oficiales Correccionales cuando sus expresiones las hace en calidad de representante de la Unión y con el propósito de denunciar públicamente situaciones que aumentan los riesgos a que se exponen los miembros de la unión, éste optó por continuar con el proceso” indicó el sindicalista.

En la carta de intención de suspensión de empleo y sueldo firmada por el Lcdo. Rivera Juanatey, éste señala como los motivos para tomar la acción disciplinaria contra Martínez, que la presidenta de la unión, el 23 de enero, en referencia a la resistencia que presentó un grupo de confinados a un operativo de seguridad,"ofreció al periodista Alex Figueroa Cancel, información relacionada a aspectos operacionales y de seguridad institucional al indicarle a éste que: Fue necesario que se moviera a la Unidad de Operaciones Tácticas ( UOT). Esto demuestra la necesidad de tener una UOT que ha sido desintegrada en los complejos. Según el secretario, dichas expresiones que fueron publicadas en El Nuevo Día comprometen la seguridad institucional."

La unión expresó que estas declaraciones de la presidenta de la Unión fueron en referencia a que tuvieron que trasladar un grupo de oficiales con equipo antimotines, de un punto distante, para garantizar el control de la situación, lo que mantuvo en mayor riesgo al escaso grupo de oficiales que tuvo que responder inicialmente.

Adicional a este suceso, el secretario hace referencia a otra entrevista realizada el 22 de abril a la oficial Martínez en la cual el señala que ésta “realizó expresiones desleales a la agencia y brindó información incorrecta al periodista David Cordero Mercado sobre la manera en que se está trabajando la emergencia ante la contingencia por la amenaza del COVID19. Estas expresiones fueron publicadas en el periódico de circulación general El Nuevo Dia, sin estar autorizadas por la Oficina de Prensa a Nivel Central ni por el secretario.”

“Obviamente el Secretario Rivera Juanatey ha tenido la intención de controlar las expresiones de la presidenta de los oficiales correccionales en lo que respecta a como perciben sus condiciones de trabajo, incluyendo de salud y seguridad y que de no permitírselo, quien ocupe esta posición se enfrentará a su castigo. Por esto, le pedimos al Senado de Puerto Rico que no permitan que quienes pretenden suprimir los derechos sindicales y de libertad de expresión y de prensa, se sienten a juzgar e impartir justicia”, finalizó.

SPU puso por escrito esta postura al Presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado, Héctor Martínez.