La Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE) reiteró su oposición a los proyectos legislativos de reforma energética porque entienden que ninguno de los proyectos garantiza una reducción en la factura de la luz y son una excusa para privatizar esta corporación pública.

De la misma forma, el grupo que reúne a los trabajadores de la Unión de Trabajadores de la Industria de Energía y Riego (Utier), la Asociación de Empleados Gerenciales de la AEE, la Unión de Empleados Profesionales de la AEE, la Unión de Empleados Profesionales de la AEE (UEPI) y la Asociación de Jubilados de la AEE, señaló que los proyectos tienen visos de inconstitucionalidad.

En particular, el grupo sostuvo este miércoles en conferencia de prensa que el proyecto sustitutivo de la Cámara de Representantes a los proyectos P de la C 1457 y P de la C 1618, aprobado la semana pasada, no bajará la factura de la luz. Añadió que la reforma que impulsa el presidente del Senado Eduardo Bhatia, que se espera baje a votación en el Alto Cuerpo el jueves, no resultará en reducciones en el costo de la energía para los consumidores.

Al contrario, y según explicó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Utier, ambas medidas promueven la desregulación del mercado energético y viabilizan la privatización.

"Yo sé que se habla de la privatización de la Autoridad y para algunas personas dentro de la crisis que vive el país podrían verlo como una alternativa. No es una alternativa porque la privatización o la libre competencia que se está promoviendo son con contratos garantizados de compra de energía. Eso no es libre competencia... Estos proyectos de Bhatia promueven que compañías privadas que lleguen se les garantice la compra de energía por lo menos un 75%. ¿Esto es libre competencia o un contrato de compra de energía?", expresó Figueroa Jaramillo.

El sindicalista añadió que los contratos garantizados provocarán que el Gobierno tenga que comprar la energía pactada se use o no.

Jaramillo y el asesor legal de la Utier, el licenciado Daniel Garabito Medina, insistieron en que el artículo 3.115 del proyecto sustitutivo tiene visos de inconstitucionalidad porque altera el contrato que tiene la AEE con los bonistas al quitarle a la corporación pública el poder de fijar tarifas para pasárselo a la comisión reguladora que propone.

"De conformidad con el artículo 3.115 del proyecto sustitutivo, una lectura refleja que es inconstitucional de su faz porque va a menoscabar el acuerdo del fideicomiso de 1974 que estableció la AEE con sus bonistas cada vez que emite bonos. Específicamente en lo que se conoce como la capacidad de la Autoridad de fijar tarifas. El acuerdo del fideicomiso establece que la única persona que tiene la capacidad de fijar tarifas es la AEE", dijo Garabito Medina.

El líder sindical trajo a colación que las comisiones reguladoras que proponen ambos proyectos no representarán el interés público y no podrán resolver controversias a favor de los consumidores. Añadió que la Comisión propuesta en el proyecto de Bhatia le costará al Fondo General $5 millones anuales.

El grupo propuso la instauración de una junta de directores con representación de los consumidores y siete miembros, nombrados por el gobernador, que representen los sectores cooperativista, industrial, sindical, de los pequeños comerciantes, gremios de economistas y del sector gubernamental.

Asimismo, recordaron que han presentado alternativas de ahorro y eficiencia que ascienden a $843 millones y que representan una reducción en la factura del abonado de un 20%, para un ahorro mensual de $43 o $499 anuales por cliente.