A juicio de los defensores de la Reforma Universitaria, la propuesta legislativa no se convertiría en una amenaza para la acreditación de la Universidad de Puerto Rico (UPR), sino que fortalecería la institución al permitir procesos democráticos y despolitizados, atemperados a la visión de futuro y a la realidad puertorriqueña.

De hecho, uno de los autores del proyecto del Senado 172, el senador independientes José Vargas Vidot, afirmó que la finalidad de esta propuesta es “todo lo contrario” a lo expresado por rectores y administrativos de la UPR en una mesa informativa.

“Ahora mismo, en la forma en que está constituida la gobernanza ha impedido que se nutra del personal que ha sido exigido por la Middle States (Commission on Higher Education) y agencias acreditadoras”, justificó el legislador, al indicar que los cambios impulsados proveerían mayor participación de la comunidad universitaria.

Tanto Vargas Vidot como el colaborador en asuntos legislativos de la Comisión Multisectorial de la Reforma Universitaria, Ricardo Raola Don, expusieron que la medida busca aumentar la autonomía de la UPR al evitar que sea el gobernante de turno quien escoja a los miembros de la Junta de Gobierno, a la que se le conocería como Consejo Universitario, y que estos sean cambiados en medio de cada transición gubernamental. Además, transfiere mayores decisiones a la Junta Universitaria, en la que los estudiantes, profesores y rectores tienen mayor participación.

“La UPR responde a una estructura que es política y está ajena a la institución. Obviamente, algunas personas van a protestar, porque se despolitiza la UPR y deja de ser un zafacón para políticos perdidos y fracasados”, afirmó el senador.

Raola Don, por su parte, expuso que los argumentos que utilizan los directivos de la UPR para oponerse a la Reforma Universitaria no son nuevos. Aludió en que estuvieron cobijados en un memorial explicativo que realizó el presidente de la UPR, Jorge Haddock, a finales del pasado año.

La respuesta de la Comisión Multisectorial se dio en un documento de 17 páginas en el que se indica que el Consejo Universitario mantendría su composición, aunque habría cambios en la forma en la que el gobernante escoja a sus miembros.

Se explicó que la Reforma Universitaria propuesta “tiene un mecanismo para la selección de los miembros del cuerpo rector que le quita al gobernante la potestad de nombrar al cuerpo máximo de gobernanza a su voluntad, si no que tendrá que nombrar a personas que estén en una lista de nominados provista por la Junta Universitaria, luego de un proceso para recibir nominaciones de la misma comunidad universitaria a través de sus Senados Académicos. Esto es algo similar a lo que ocurre con algunos puestos dentro de la Junta de Directores de otras corporaciones públicas tales como la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados”.

Mientras, se rechaza que le Junta Universitaria vaya a tener más control que el Consejo Universitario, como alegaron los administradores de la UPR a Primera Hora.

“El Consejo Universitario es el ‘custodio del interés público’, la instancia más alta de gobernanza, responsable por la autonomía de la UPR y de que la Institución responda a las necesidades del país y a tales fines se dota al Consejo Universitario de las herramientas necesarias para llevar a la UPR a responder con eficacia a las necesidades del país. En el ejercicio de sus funciones, le corresponde, entre otras: realizar auditorías periódicas, ratificar el plan de desarrollo sistémico, así como también el presupuesto anual”, se indica en la respuesta de la Comisión a las inquietudes presentadas por la administración.

La Comisión rechazó, además, que la Junta Universitaria vaya a limitar los poderes del Consejo Universitario. Se alude a que las decisiones de la Junta tendrían que ser ratificadas por el Consejo.

“El cuerpo máximo de gobernanza, el Consejo Universitario, será el ente rector que brinde dirección a la UPR, ‘será responsable de ratificar los planes de desarrollo sistémico, establecer los principios que rigen los reglamentos universitarios’, autorizar la creación, modificación y reorganización de unidades institucionales, centros colegios, escuelas, facultades, departamentos, y otras unidades institucionales universitarias o dependencias de la Universidad, a propuesta de la Junta Universitaria’, establecer política universitaria y velar por el buen funcionamiento del Sistema como fiduciario y garante del buen uso de los fondos públicos asignados a la universidad del estado”, se planteó.

Raola Dos especificó que la propuesta actual lo que busca es que el Consejo Universitario no esté a cargo del micromanejo y se permita a los recintos formular sus propias políticas.

Dijo que la legislación cumple con el estándar VII del Middle States, porque hay una “autoridad denominadora clara y segundo, deja a la Universidad fuera de influencia política y partidista”.

A modo de ejemplo, los entrevistados expusieron que los cambios curriculares para ser aprobados por la Junta de Gobierno tardan años, cuando esas determinaciones podrían estar en manos de cada recinto. Además, se informó que las agencias acreditadoras trazan unas exigencias por recinto, que en muchas ocasiones la Junta de Gobierno no aprueba.

Vargas Vidot dio a conocer, por ejemplo, que hay un requerimiento de un ente acreditador para la Escuela de Derecho de llenar tres plazas de docentes y la Junta solo aprobó una.

Otro dato que Raola Don destacó es que, con los cambios propuestos, los puestos importantes en la UPR, como el de rector, ya no serían “de confianza”, sino ganados por “méritos”.

“A nosotros nos parece que es la preocupación que ellos tienen”, comentó.

Dejó claro que, luego de seleccionado, “el rector no responde a la Junta Universitaria, responde a su recinto”.

“El que sí responde a la Junta Universitaria es el presidente. Eso sí los estamos cambiando. El presidente responde actualmente a la Junta de Gobierno y el presidente realmente preside la Junta Universitaria y los rectores son parte de la Junta Universitaria”, explicó.

La propuesta legislativa establece, además, que el rector sería elegido por un término de cinco años y los miembros del Consejo Universitario entre cinco a siete años. Los únicos miembros de la Junta Universitaria que solo estarían por un año son los estudiantes y profesores.

“Lo más que estamos insistiendo es que los términos fijos no cuadren con términos electorales”, expuso Raola Don.

Entretanto, Vargas Vidot informó que existe voluntad legislativa para atender la propuesta. Indicó que se percibe cuando 10 de los 14 miembros de la Comisión de Educación del Senado figuran como autores de la medida.

Sobre las posibilidades de que la propuesta logre la firma del gobernador Pedro Pierluisi, el senador comentó que “tengo entendido que no lo ve con malos ojos. Hay que ver hasta donde sus rodillas se mantienen firmes”.