Legisladores de la minoría novoprogresista admitieron hoy en una vista publica en la Cámara, que el contrato entre Luma Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) mantiene a los empleados de la corporación pública en un limbo laboral y se expresaron a favor de que sea enmendado para garantizar los derechos adquiridos de los trabajadores.

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, mientras tanto, se reiteró en que el contrato por casi $2 mil millones a un término de 15 años, para la transmisión y distribución de energía eléctrica, sea anulado. Sin embargo, calificó como un paso de avance el que desde la Legislatura se reclame una renegociación.

“Hay que enmendar el contrato, hay incertidumbre en los empleados de la Autoridad”, reconoció el representante penepé, Víctor Parés Otero, quien el pasado cuatrienio presidía la Comisión de Energía de la Cámara y suscribió el informe de la ley 120 de 2018, de Transformación del Sistema Eléctrica, que dio paso al contrato de Luma Energy.

Otro representante de la Palma, Juan Oscar Morales dijo que la intención legislativa no se está cumpliendo.

“Creo que esta parte del contrato (Sección 15 de derechos laborales) no está conforme a la ley y a la intención legislativa que nosotros tuvimos el pasado cuatrienio, así que cumpliendo con mi deber y responsabilidad llevaría el mensaje al señor gobernador Pedro Pierluisi y a la AEE, de que esta parte de garantizarle los derechos y sus beneficios a sus empleados debe ser mirada más rigurosamente porque no se está cumpliendo con la intención que tuvimos que era de que los empleados no se iban a afectar”, dijo Morales.

Por su parte, Figueroa Jaramillo, en una extensa ponencia de cuatro horas ante la Comisión de Energía, ahora bajo la presidencia del representante popular, Luis Raúl Torres, sostuvo que el contrato, que se firmó en julio de 2020 no garantiza las licencias de enfermedad y vacaciones, así como las aportaciones al sistema de retiro.

Indico que el contrato “dice específicamente” que no asumirá los convenios colectivos y que la única obligación de Luma es la entrevistar a los candidatos.

“Cualquier empleado de la AEE que decida ir a trabajar con Luma Energy perderá su antigüedad y clasificación ocupacional, pues tendría que renunciar al empleo y el contrato no reconoce ninguno de estos derechos”, dijo para agregar que, la renuncia somete a los empleados a períodos probatorios de 9 a 12 meses bajo la Ley 4 de 2017, de reforma laboral.

El Presidente de la UTIER detalló que aunque la Ley 120 dice que ningún empleado que no se emplee con Luma Energy perderá su empleo, el gobierno tendrá que buscar las partidas presupuestarias para garantizarle todos los derechos adquiridos, lo que conllevaría un doble pago de la nómina.

“Por otro lado la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha congelado todas las plazas en el gobierno central. Por tanto no hay plazas disponibles ni capacidad financiera de asumir dos nóminas: la de Luma Energy y la de los empleados desplazados de la AEE”, sostuvo.

Destacó que hasta el momento de los 4,300 empleados de la Autoridad que trabajan en transmisión y distribución solo 1,100 han solicitado a Luma y dijo que “Luma no le ha ofrecido empleo a nadie “. Figueroa Jaramillo sostuvo además, que el proceso está retrasado y puso en duda que para el primero de junio se haya cumplido con la transición. Agregó que el contrato de Luma también “menoscaba” el sistema de pensiones de los unionados.

“Nosotros vamos a seguir trabajando para que el contrato se declare nulo, un contrato como se ha evidenciado hoy que es malo para el pueblo de Puerto Rico. Respetamos la posición de los diferentes representantes de promover una renegociación, pero de lo que se está hablando es de cambios extremadamente sustantivos al contrato y profundos, no es un mero cambio contrato”, dijo el líder sindical.

“La aceptación de los legisladores del Partido Nuevo Progresista de que el contrato es contrario a la ley, es una evidencia clara de que el contrato es nulo. No es cuestión de renegociarlo, pero es un paso grande. Vamos a seguir trabajando en esta discusión. Hace seis meses la posición de esos legisladores no se escuchaba de esa forma y esa es la evidencia más clara de que es un mal contrato para el pueblo de Puerto Rico, sostuvo para agregar que “le toca ahora al señor Gobernador reflexionar.”

“Esto no es cuestión de quien exponga mejor su posición es lo que le convenga al pueblo de Puerto Rico y el comité que nombró para fiscalizar definitivamente no va a hacer el trabajo que se necesita para hacerle cambios sustantivos a este contrato”, subrayó Figueroa Jaramillo.

“Es un contrato que no garantiza bajas tarifas, ni protecciones en caso de desastres atmosféricos y si Luma decida irse de Puerto Rico”, expresó por su parte, el representante Luis Raúl Torres. “No cabe duda de que el contrato no puede continuar como está. Creo que es un contrato que se debe anular, pero el paso que vamos a alentar a corto plazo es a que tome conciencia el gobernador es a enmendarlo para proteger el sistema eléctrico y a los trabajadores”, sostuvo Torres.

La representante Mariana Nogales, del Movimiento Victoria Ciudadana fue la única del equipo legislativo que expresó de forma abierta que el contrato debe ser anulado. “Lo que me preocupa es la privatización y yo pensaría que la dirección de estas vistas iría en la búsqueda de la cancelación de este contrato y del referido de las personas que por su negligencia y falta a sus deberes de fiducia estén sujetos a responder”, sostuvo la legisladora.

El abogado de la UTIER, Rolando Emmanuelli, quien acompañó a Figueroa Jaramillo, dijo que se trata de un contrato “leonino” porque no hay equivalencia de las prestaciones. “El hecho de el gobierno invierta toda esta cantidad de fondos públicos para que una compañía monte su negocio en Puerto Rico, no responde a ningún fin público”, indicó.

“Me tiene que dar coraje y me trato de tranquilizar porque estamos ante un contrato que realmente es un truco, es la estatua del siglo 21 lindamente escrita en 300 y pico de páginas. Aquí tiene que haber consecuencias”, reclamó por su parte, el representante Jorge Alfredo Rivera, de los pueblos de Adjuntas, Lares y Utuado. Indicó el legislador, que durante la reconstrucción del sistema eléctrico en los pueblos de la montaña tras el azote del huracán María “las compañías americanas buscaban como remendaban para llevarse el dinero”.

La Cámara aprobó en la sesión de hoy, un informe parcial de la Comisión de Energía que incluye un referido del presidente de la Comisión de Energía, Edison Avilés Deliz a la Oficina de Ética Gubernamental y al Tribunal Supremo por que participó del comité alianza que evaluó propuestas de privatización y después avaló el contrato de Luma Energy.