El secretario designado del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, reveló hoy que la pasada secretaria de la agencia, Inés Carrau, recomendó cerrar el caso de un estudiante del colegio San Ignacio de Loyola que fue señalado por supuesto fraude al Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA).

Así lo indicó el funcionario a medios de la prensa que le cuestionaron el estatus de los casos de fraude por PUA, incluyendo el de menores vinculados a la posible comisión de delitos.

“La información que yo tengo, que yo vi, es que hay una recomendación de que ese caso se diera por cerrado”, dijo Emanuelli.

Indicó que la recomendación se dio bajo el mandato de la secretaria Carrau, quien el pasado 1 de diciembre rechazó a Primera Hora que haya dado autorización para archivar este y otros casos vinculados a defraudar el programa de incentivo federal que se otorga a través del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

“Yo lo voy a reinvestigar. Pero quiero que la gente sepa, y ese caso es famoso porque es el hijo de una persona conocida, pero quiero que sepan lo siguiente: si ese joven no tiene responsabilidad no voy a dar instrucciones y no voy a permitir que se le acuse, sea el hijo de quien sea. Si tiene responsabilidad voy a dar instrucciones de que se reabra el caso y se le acuse. Pero el Departamento de Justicia, para que se gane el respeto, tiene que acusar cuando tenga que acusar y tiene que determinar que no procede un caso, cuando no proceda”, estipuló.

Dijo que se dispone a evaluar el referido del caso con el jefe de Fiscalía y con el fiscal a cargo de delitos económicos.

Rechazó, además que se trate de un caso de preferencia a una clase social en particular.

“El Departamento de Justicia que yo represento, y se lo digo a todos ustedes, va tras cualquier persona que haya cometido delitos, independiente de la clase social a la que pertenezca. Ahora bien, Justicia de Puerto Rico jamás ni nunca le va a imponer responsabilidad criminal a una persona si no tiene pruebas y si la persona es inocente”, acotó al aclarar que el caso nunca fue sometido y que nunca se trató de un grupo de alumnos, sino de un solo estudiante.

Se le cuestionó porqué la información trasciende ahora si la recomendación se hizo hace un par de meses.

“Entre la fiscal Carrau y yo va a haber diferencias. Ella es excelente y yo estoy comenzando pero hay diferencias entre secretarios de Justicia”, dijo.

A finales de julio, los casos de los estudiantes fueron referidos por el DTRH luego de que un miembro del núcleo familiar de uno de los menores de la clase graduanda del 2020, devolvió un cheque que había recibido por correo a pesar de que no estaba desempleado ni cualificaba para ese tipo de beneficio.

Durante el mes de septiembre, el secretario del DTRH, Carlos Rivera, reveló que las dimensiones de estos casos eran mayores ya que habían detectado más de mil menores aparecían registrados como solicitantes de forma ilegal del beneficio para el cual no cualifican.

De otra parte, Emanuelli dijo que al momento Justicia investiga unos 500 casos por fraude al PUA que involucran a servidores públicos de agencias de gobierno y de municipios, así como empleados del sector privado.

En cambio, dijo que hay unos 368 expedientes que se le devolvieron al DTRH para que completaran unos documentos necesarios para poder someter los casos ante un tribunal.

“Recibimos entre 30 y 35 referidos de este tipo de casos diariamente”, reiteró.