Recortes en Servicios Legales afectan a los pobres
Servicios Legales se fundó para ofrecer servicios de asesoramiento y representación legal a personas de bajos recursos económicos, pero ha sufrido recortes, durante los últimos dos años, que ascienden a $3.4 millones.

Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 13 años.
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Dos sindicatos que agrupan a empleados de Servicios Legales advirtieron que un recorte en el presupuesto de la corporación sin fines de lucro podría limitar seriamente el acceso de la población marginada a una representación adecuada en los tribunales del país.
Servicios Legales se fundó para ofrecer servicios de asesoramiento y representación legal a personas de bajos recursos económicos, pero ha sufrido recortes, durante los últimos dos años, que ascienden a $3.4 millones. La corporación podría sufrir otra reducción de unos $5 millones el año que viene, o se podría prorratear durante los próximos dos años.
El 88 por ciento de los ingresos de Servicios Legales proviene de fondos asignados por el Gobierno federal, que a su vez son distribuidos por otra corporación pública, Legal Service Corporation (SLC).
El Congreso de EE.UU. ha ido reduciendo las partidas destinadas para los servicios legales de los pobres en todas las jurisdicciones, pero el nuevo recorte presupuestario que enfrentaría la corporación en Puerto Rico lo realizaría SLC basándose en información del Censo de Estados Unidos de 2010.
SLC proyecta el recorte fundamentándose en la reducción poblacional en Puerto Rico y una baja significativa en la población sin recursos económicos. Según el Censo, la reducción en el nivel de pobreza en Puerto Rico se registró durante los últimos 10 años.
Uno de los sindicatos de Servicios Legales, compuesto por 96 abogados, se encuentra inmerso en negociaciones para su próximo convenio colectivo. “Exigimos (al patrono) que nos entregue información de gastos operacionales, salario y beneficios de gerenciales y otros que nos coloquen en posición de la búsqueda de ahorros que mitiguen la disminución de ingresos”, dijo la presidenta de la Unión de Abogados y Abogadas de Servicios Legales, Nydia González Reyes, quien aseguró que, de haber despidos dentro de su matrícula, se podría afectar aún más la representación de la población sin recursos económicos.
Actualmente, la Legislatura les asigna $3 millones a Servicios Legales, pero la corporación comenzó una campaña de cabildeo para solicitar $3.5 millones adicionales para el próximo año.