El alcalde de Arecibo, Carlos “Tato” Ramírez Irizarry, fue referido a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para un análisis ético y administrativo de su conducta, luego de que empleados transitorios lo acusaran de presionarlos para apoyarlo políticamente durante una reunión de campaña en los pasados comicios electorales.

Aunque el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) archivó la querella penal por no hallarse intención criminal, consideró que los hechos ameritan un examen más profundo desde la perspectiva ética.

La querella surgió a raíz de una reunión celebrada el 20 de agosto de 2024, en la que, según empleados transitorios, el alcalde habría solicitado apoyo político para su reelección, generando “un ambiente de presión e incertidumbre sobre la continuidad de sus empleos”. Uno de los asistentes incluso grabó parte del encuentro, en el que se alega que el alcalde hizo expresiones sobre el “compromiso” con su candidatura.

El Departamento de Justicia, tras asignar la investigación a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC), concluyó que no hubo uso de recursos públicos ni presión directa atribuible al alcalde en su carácter oficial. También se determinó que la reunión fue convocada por su comité político, fuera de horas laborables y en una propiedad privada, debilitando así el elemento penal relacionado con el uso de fondos públicos.

Sin embargo, el PFEI reconoció que “la prueba recopilada sostiene plenamente la alegación de los querellantes relativa a la celebración de la reunión política”, aunque también resaltó que hubo contradicciones en los testimonios sobre si la asistencia de los empleados fue obligatoria o voluntaria.

“Aunque no podemos perder de vista los hechos, no se acreditó coacción directa sobre los empleados ni abuso de autoridad”, indicó el Panel en su resolución.

Con el referido a la OEG, ahora le corresponde a esa agencia evaluar si la conducta del alcalde incumple o no con los principios éticos del servicio público.