El Albergue de Protección a Víctimas y Testigos de Delito al fin será reconstruido luego de más de seis años de espera -a consecuencia de la devastación que provocaron los huracanes Irma y María (2017)- y tras fuertes señalamientos por las pésimas condiciones físicas y de seguridad de las instalaciones en las que se desarrollaron escándalos, como brotes de sarna y muertes ocurridas entre 2021 y 2022.

El gobernador Pedro Pierluisi, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, y el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación-Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Manuel Laboy, hicieron el anuncio este lunes al informar que la reconstrucción y rehabilitación del albergue se llevará a cabo con una inversión de $13.5 millones de fondos federales.

“En el día de hoy podemos anunciar el comienzo de la construcción de las mejoras estructurales al Albergue de Testigos, una facilidad de gran importancia para nuestra sociedad. Como pasado secretario de Justicia, reconozco el valor de tener un lugar seguro, digno y hábil para refugiar a víctimas y testigos de crímenes, que se encuentran cooperando con las autoridades para garantizar que se haga justicia”, acotó Pierluisi sobre las 20 estructuras que conforman el Albergue el cual tiene capacidad para hospedar a sobre 120 personas.

Explicó que esta es la primera remodelación que se hace a las facilidades desde la década del 80 y enumeró que los fondos provienen de diversas partidas, entre estas $9.6 millones del Plan de Rescate Americano (ARPA, en inglés). La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), había aprobado $3.9 millones, de los cuales la mitad son para obras de mitigación, pero no eran suficientes.

“Tener esta facilidad en buenas condiciones evita que tengamos que trasladar personas a hoteles o alojamientos alternos, lo que conlleva un gasto sustancial para el Departamento. Más aún, tenemos la responsabilidad de proveer un lugar seguro y adecuado para personas que han sido víctimas de un crimen o testigos que están dispuestos a cooperar con las autoridades de ley y orden”, agregó el primer ejecutivo. Se detalló que los costos en alojamientos y extradición -algunos de estos desde Estados Unidos o Europa- conllevaban un gasto al erario de $200,000 anuales.

Las proyecciones del gobierno son que los trabajos culminen para finales del 2024, y mientras tanto se garantizará la seguridad y refugio a los testigos, víctimas y sus familiares mediante otras alternativas que no fueron reveladas por un asunto de seguridad.

Las labores principales incluyen reemplazo de pisos, puertas y ventanas, y acondicionadores de aire, mejoras a luminarias y a las áreas recreativas, así como a los sistemas de seguridad y acceso. Las medidas de mitigación incluyen la instalación de cristales de mayor espesor en puertas y ventanas, anclajes al equipo de aire acondicionado, al igual que la eliminación de aperturas en los edificios y un mejor sistema de impermeabilización de techos resistente a vientos.

Además, se adquirirá un generador para garantizar la continuidad de servicios, en caso de que haya problemas de electricidad.

A ello se suma la remodelación de las áreas interiores, el mobiliario y otros equipos necesarios para proveer un albergue adecuado para las víctimas y testigos que requieren la protección del estado. A estos efectos ya se adquirieron “scanner” de maletas y de cuerpos para evitar la entrada de mercancía ilegal a los albergues.

El Departamento de Justicia también aumentará el personal adscrito al Albergue y comenzó a reclutar agentes de seguridad adicionales con una partida de $1.6 millones aprobada por el gobernador.

El secretario de Justicia, por su parte, aseguró que las remodelaciones a las instalaciones –también afectados por los sismos ocurridos en los últimos años- se han hecho considerando la seguridad y necesidades de las víctimas y testigos.

Estas facilidades han sido fuertemente criticadas durante más de una década, lo que ha provocado varias investigaciones desde la Legislatura. Una de estas se suscitó en 2014 cuando se detectaron brotes de sarna entre testigos y víctimas, ante la falta de higiene en el lugar.

Emanuelli resaltó que dirigir esfuerzos a mejorar las facilidades del albergue estaba contemplado en sus planes desde que comenzó funciones a inicio del cuatrienio, una gestión que cobró más fuerza luego que realizara una visita sorpresa en octubre de 2021. Para esa fecha, el funcionario había ordenado una investigación sobre la muerte de una persona que, aparentemente, sufrió una sobredosis. Una historia similar se repetiría en diciembre del 2022 cuando un testigo falleció en circunstancias que se investigarían.

Luego de ver el albergue, Emanuelli catalogó sus condiciones como “no aceptables” y enmendó los protocolos de seguridad en el lugar. Además, gestionó más presupuesto al gobierno para realizar proyectos de rehabilitación en parte de la infraestrucura, dormitorios y la restauración de cámaras de seguridad. De paso, encomendó atender de inmediato para ese entonces, aspectos como la pintura, limpieza y atención a áreas verdes del lugar.

Por último, la jefa de fiscales, Jessika Correa, resaltó que el Albergue “es sumamente importante para brindar protección y una vivienda segura a las víctimas y testigos de delito, así como a sus familiares, durante el procesamiento penal”.

“Mediante los servicios que ofrece el Albergue promovemos la participación y cooperación de los testigos para encausar a los criminales. Sin esa estructura, la única alternativa disponible es pagar alojamientos o traslados, lo que elevaría el gasto sustancialmente”, destacó Correa.

Anteriormente, en el 2021, el secretario de Justicia había mencionado la creación de un albergue transicional de protección para víctimas de delito y sus hijos menores de edad, en donde se les puedan brindar servicios de salud, psicología, entre otros. A esos fines, Emanuelli identificó e inició los trámites para utilizar una escuela en desuso en la zona metropolitana. Los gastos operacionales y de personal de dicho albergue serán cubiertos con fondos de una subvención federal.

Primera Hora solicitó a la portavoz de prensa de Justicia, Joan Hernández, una actualización de datos sobre esta gestión, pero al momento de la publicación de esta historia la petición de información no había sido completada.