La magistrada Judith Gail Dein se reservó ayer el fallo sobre si ordena una pesquisa independiente de las causas que provocaron la deuda del gobierno.

En una vista argumentativa celebrada en Boston Massachusetts y retransmitida por circuito cerrado en el tribunal federal en la Isla, la magistrada escuchó argumentos a favor del comité de Acreedores no Asegurados del Gobierno (UCC, por sus siglas en inglés) quienes solicitaron la pesquisa independiente.

Luego ordenó al abogado de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Mark Bienenstock, que entregue una propuesta de posible acuerdo con el comité de Acreedores no Asegurados del Gobierno (UCC, por sus siglas en inglés) sobre cómo se debe investigar el nivel de endeudamiento del país.

Dein también dejó en suspenso si luego de esa propuesta las partes deben expresarse. Lo que sí dijo fue que para el 12 de septiembre si no hay un acuerdo logrado sobre el tema, ella tomará la decisión final.

El abogado de la Junta se opuso a que se realice esa investigación independiente por entender que se trata de una duplicidad de esfuerzos y de un gasto adicional de dinero.

Según el representante legal, ya la Junta ha dado los primeros pasos para iniciar su propia investigación y tan pronto como la semana próxima esperan contratar a la persona que dirigirá los trabajos.

Pero el comité UCC ripostó diciendo que se pueden hacer procesos paralelos y que iniciar la semana próxima no es haber iniciado.

Por su parte, el comité de retirados prefiere que sea la Junta y no el UCC quien haga las averiguaciones.

El UCC busca conocer cómo fue que el gobierno acumuló deudas estimadas en $72,000 millones, lo que a su vez ha provocado la radicación de quiebra bajo el Título III de la Ley federal Promesa.

En su moción, el comité UCC establece que es importante saber si las instituciones financieras como Grupo Santander y Popular Inc. tuvieron algo que ver en la emisión de préstamos que no se po-dían pagar o en acciones similares relacionadas a las deudas del país.

“(Santander y Popular) jugaron todo rol posible en la creación y venta de la deuda del gobierno, ganando en el transcurso comisiones sustanciales”, reza la moción del UCC.

Ambas instituciones financieras contestaron en sendas mociones negando cualquier acción indebida y oponiéndose al pedido de investigación.