Portavoces de organizaciones religiosas objetaron hoy, viernes, las enmiendas que discute la Legislatura para ampliar a las parejas del mismo sexo la protección de la Ley 54 contra la violencia doméstica, pero un grupo de estos propuso, como alternativa, un nuevo lenguaje que extiende dichas protecciones a todos los miembros de una familia, a los residentes bajo un mismo techo y a las parejas, sin que se precise un sector en particular.

En ponencia conjunta presentada por representantes de Puerto Rico por la Familia y la Fraternidad Pentecostal (Frape) se reconoce que la violencia es el componente de nuestra realidad social que más desasosiego e incertidumbre provoca en nuestra ciudadanía, y que cuando la violencia proviene de aquellos con quienes tenemos un lazo afectivo, se añade un elemento de vulnerabilidad e indefensión.

Plantearon que su preferencia es que la Ley 54 se mantenga inalterada, pero que si se le van a introducir cambios, sean para ampliar su cubierta a todos los sectores.

“Nosotros, en el ánimo de ser justos y de que podamos proteger al mayor grupo de personas posible, recomendamos que las medidas de la Ley 54 sean extensivas a las relaciones domésticas, entendiéndose como todas las relaciones que se dan entre aquellos que conviven o han convivido en un mismo hogar”, sostiene la ponencia de las agrupaciones, leída ante la comisión de lo jurídico de la Cámara de Representantes por César Vázquez.

“Esto, agregaron, protegería a padres e hijos, a hermanos y a todos aquellos que por haber estado bajo un mismo techo han desarrollado una relación emocional significativa sin que tenga que haber intimidad sexual”.

Esta definición, aclararon, incluiría las convivencias y debería incluir además “las relaciones intrafamiliares ya sea por consanguinidad o afinidad, por lo menos hasta el tercer grado y de manera importante, debemos proteger de violencia a aquellos que se están relacionando afectivamente, ya sea a nivel de una mera cita para empezar a conocerse, una relación de amistad sin que necesariamente haya el elemento sexual, o una relación de mayor duración y profundidad, como lo es el noviazgo o el compromiso”.

Vázquez criticó la propuesta que discute la Cámara, a la que calificó de superficial a la luz de la complejidad de las leyes federales que tratan este tema. “Hacer una mera alusión a un detalle de esta vasta legislación para justificar un cambio por razones ideológicas”, declaró, “es irresponsable”.

“La implementación de las enmiendas propuestas van a proteger a personas involucradas en relaciones para las cuales tenemos objeciones morales. Que sean protegidas las personas por otras razones, no implica que se legitimen esas razones”, abundó Vázquez.

“Si queremos proteger, protejamos a todos”, recalcó.

El portavoz de Frape, Alberto Rodríguez, apoyó la posición expresada por Vázquez e indicó que la propuesta es “ampliarla para que todos estemos protegidos o dejarla igual (la Ley 54)”.

Mientras tanto, el presidente de la Comisión Pastoral Familiar de la Diócesis de Arecibo, Víctor Rojas, afirmó que “el objetivo de la Ley 54 fue trabajar situaciones de violencia dentro de la familia y las relaciones domésticas. Para tratar todas las demás situaciones de violencia está el Código Penal como ley general”.

Argumentó, por otra parte, que la aprobación de esta medida podría llevar eventualmente a la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. “Si se aprobara eso, cabe preguntar hasta que punto podría sostenerse ante un tribunal el por qué el estado ofrece un trato de relación conyugal a las parejas del mismo sexo para efectos de la legislación familiar de violencia doméstica, pero no para efectos del resto de las leyes, lo que podría ocasionar que se ordene el matrimonio entre personas del mismo sexo por vía judicial”.

 Señaló además Rojas que, tal y como está redactada la medida la protección de la Ley 54 se extendería también a las relaciones adulterinas y advirtió que para solicitar protección bajo esta ley “la víctima se ve forzosamente obligada a revelar que ha cometido el adulterio. Esto, en la inmensa mayoría de los casos, expone a la víctima a un peligro mayor, por la reacción –en ocasiones impredecible – del otro conyugue ofendido”.

Expresó preocupación también por el hecho de que los que sufran violencia en una relación de parejas del mismo sexo, “la víctima tendría que hacer entonces pública su relación homosexual, para poder quedar cobijado por la ley”.

Concluyó que “ciertamente la violencia dentro de este tipo de relación, homosexual o adulterina, entre cualquier ser humano deber ser atendida por el Estado y penalizada, pero el vehículo correcto no es bajo la Ley 54”.