Algo inusual ocurrió este miércoles en el hemiciclo de la Cámara de Representantes cuando los legisladores de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) llenaron de elogios al secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, y al al gobernador Alejandro García Padilla, también presidente del Partido Popular Democrático.

Lo normal es que estén en desacuerdo o, al menos, así se proyectan públicamente, quizás solamente por pertenecer a colectividades distintas.

Sin embargo, la oposición a que se deroguen tres leyes del Código Penal que califican como delito la paralización de obras de construcción, la obstrucción de labores en instituciones educativas y de salud, y en la Legislatura, fue lo que dio paso a la extraña concurrencia de criterio con el líder del PPD.

Los representantes Jennifer González, Luis León, Luis Pérez Ortiz, Johnny Méndez y José Enrique Meléndez consumieron el turno del PNP en la discusión del proyecto sustitutivo a los proyectos 230, 658 y 659, que este miércoles por la tarde fue aprobado con el voto de la mayoría popular, 26 a 22. Ahora pasará a la consideración del Senado.

El grupo basó su rechazo a la medida en la postura asumida por Sánchez Betances de enmendar el Artículo 200 del Código Penal, conocido como la ley Tito Kayak, en vez de suprimirlo. Como García Padilla cambió de parecer -aunque prometió derogar esa ley ahora dice que debe enmendarse-, los novoprogresistas se valieron de ello para intentar reforzar sus argumentos.

González, que presidió la Cámara el pasado cuatrienio, dijo sobre Sánchez Betances que “hoy tengo que felicitar al secretario de Justicia porque reconoce que el texto de la ley es correcto, no tiene vaguedad ni amplitud excesiva” y “alguien tiene sentido común en este gobierno”.

Fue más allá al censurar a los pasados secretarios, nombrados por su colectividad, por su supuesta falta de competencia. Durante el gobierno de Luis Fortuño ocuparon esa silla Antonio Sagardía y Guillermo Somoza.

“Tengo que decir que hace tiempo que Justicia no presentaba buenas ponencias y eso incluye a las personas nombradas por nuestra administración. Cosas veredes”, atisbó González al referirse al escrito de Sánchez Betances presentado en las vistas públicas realizadas durante la consideración del proyecto.

Por su parte, León, luego de repetir una y otra vez que los derechos de una persona terminan donde comienzan los del prójimo, sostuvo “yo le doy la razón al Secretario de Justicia: los derechos no son ilimitados”.

Luis Pérez Ortiz fue quien le echó más flores a García Padilla.

“El Gobernador va cuesta arriba y ustedes van cuesta abajo”, manifestó a gritos y en tono airado.

Su discurso se centró en comparar este proyecto sustitutivo con la resolución de rechazo a la privatización del aeropuerto Luis Muñoz Marín aprobada por la Cámara el pasado enero, antes de que se formalizara el contrato.

“Esto es otro proyecto tipo aeropuerto, un proyecto muerto. El Gobernador va por una ruta, y dos o tres legisladores por otra ruta incorrecta”, expresó. Luego agregó: “el gobernador estaba buscando los chavos para el aeropuerto” mientras la delegación popular aprobó la referida resolución. Entonces, dijo, “vino el 'cano' de Coamo y firmó el contrato”.

 El mismo fin le auguraron a esta derogación de leyes.

“El Gobernador, por consejo del Secretario de Justicia, no va a firmar esto”, opinó José Enrique Meléndez.