Ante la escasez de viviendas disponibles para los beneficiarios de programas federales que otorgan vales para renta a personas sin hogar, la Coordinadora Moriviví Inc. impulsó la creación de una plataforma en línea llamada Landlord Engagement, la cual permitirá a las organizaciones que prestan servicios a esta población tener un acceso directo a unidades de hogares asequibles en 54 municipios de la isla.

Sin embargo, aun cuando la plataforma está lista para operar -justo en momentos en el que más falta hace en la isla una red de viviendas disponibles para ser ocupadas por subsidios de renta- su lanzamiento se ha visto detenido, pues el Departamento de la Familia no ha desembolsado el dinero que fue aprobado para la propuesta a través de fondos federales Emergency Solution Grant (ESG), en su modalidad vinculada a la emergencia de COVID, identificados como ESG-CV

Así lo explicaron a Primera Hora portavoces de la Coordinadora Moriviví, al alertar que, además de la deuda que tienen por lo servicios profesionales en los que se incurrió para crear la plataforma y el manejo del programa de inventario, también está la preocupación de que el total del dinero asignado debe ser utilizado antes del 31 de agosto, fecha en que caducan los fondos.

En el caso de Moriviví, se les asignó $300,000 para el diseño y operación de la plataforma, de los cuales se les desembolsó en marzo $78,400.

“Después de marzo no hemos recibido nada más. Nos deben $208,301.62. De ese dinero tenemos que pagar $46,500 para la empresa que diseñó la herramienta y te puedo decir que hay un mínimo de otros $75,000 adicionales de servicios profesionales que ya se deben porque son de trabajos que ya fueron realizados”, sostuvo Teresa Carrero, coordinadora de Educación y Capacitación de Moriviví, representantes oficiales del Programa de Continuo de Cuidado CoC PR-503, los cuales ayudan a organizaciones que brindan servicios a personas sin hogar en 54 pueblos de la isla, incluidos Vieques y Culebra.

De los fondos retenidos, también hay un monto de $35,000 que sería utilizado para incentivar a propietarios a que incluyan sus unidades en función del proyecto.

“Los incentivos cubren hasta tres meses, según el “Fair Market Rent” del municipio en el que esté ubicada la unidad de vivienda, hasta un máximo de $1,500. Ese dinero en incentivo se le daría solo por firmar”, puntualizó Carrero.

Los 54 municipios incluidos en el CoC 503 son: Adjuntas, Aguada, Aguadilla, Aguas Buenas, Añasco, Arroyo, Cabo Rojo, Caguas, Canóvanas, Cayey, Ceiba, Cidra, Coamo, Culebra, Fajardo, Guánica, Guayama, Guayanilla, Gurabo, Hatillo, Hormigueros, Humacao, Isabela, Jayuya, Juana Díaz, Juncos, Lajas, Las Marías, Las Piedras, Loíza, Luquillo, Manatí, Maricao, Maunabo, Mayagüez, Moca, Naguabo, Patillas, Peñuelas, Ponce, Quebradillas, Rincón, Río Grande, Sabana Grande, Salinas, San Germán, San Lorenzo, San Sebastián, Santa Isabel, Trujillo Alto, Vieques, Villalba, Yabucoa y Yauco.

Destacó que para el desarrollo del programa se contrataron a tres “realtors” que se han encargado de levantar el inventario durante los pasados meses. Además, hay otro grupo de profesionales que ha visitado las comunidades buscando propiedades y entablando conversaciones con los alcaldes a fin de tratar de localizar a los dueños de instalaciones en abandono o desuso para ver si pudieran ser parte del proyecto.

“El proceso se ha trasladado también a redes sociales donde hemos dado orientaciones periódicas a propietarios para que conozcan el programa y los beneficios que tiene”, subrayó.

La herramienta funcionaría como un buscador a la que tendrán acceso las organizaciones pertenecientes a la CoC-503. Una vez en la aplicación, podrán buscar propiedades por pueblos y con especificaciones que van desde números de habitación y si está habilitada para personas discapacitadas hasta conocer si es un hogar “pet friendly”.

“Tenemos todo listo, pero no hemos podido lanzarlo porque no se ha desembolsado el dinero. Tuvimos conversaciones recientes con personal del Departamento de la Familia, esperanzados de que la problemática se resuelva pronto. Hemos entregado documentación casi semanal. Todo lo que han requerido se ha enviado... realmente, tenemos esperanza de que se desembolse el dinero”, expresó Carrero.

De otra parte, la coordinadora de Moriviví, Sandra Jiménez, explicó la importancia de la herramienta recordando que la disponibilidad de viviendas para personas sin hogar se ha visto afectada con el fenómeno de alquileres a corto plazo, lo que ha impactado negativamente los contratos que se hacían con los caseros ubicados en pueblos de la costa, donde han proliferado las rentas en plataformas como Airbnb.

Primera Hora solicitó una reacción al Departamento de la Familia desde la semana pasada a través de personal de prensa, pero nunca se recibió respuesta. Se le inquirió información, nuevamente, este miércoles, y tampoco hubo contestación. La persona encargada del manejo de fondos ESG en el Departamento de la Familia es Argie Díaz.

Entre los servicios que se proveen con fondos ESG se incluye: prevención, alcance, albergue de emergencia, asistencia de renta para reubicación rápido (RRH) y sistema computadorizado de manejo de data (HMIS).

El Departamento de la Familia recibe $3.5 millones en fondos ESG. Además de los fondos ordinarios para atender a la población sin hogar, Puerto Rico recibió a través de la Ley Cares Act $39.3 millones adicionales del ESG, pero como parte de la respuesta federal a la emergencia del COVID. De estos fondos, conocidos como ESG-CV, $27 millones fueron a través del Departamento de la Familia y el resto lo recibieron los cinco municipios (San Juan, Ponce, Arecibo, Caguas y Mayagüez) con mayor población de personas sin techo.

Otras organizaciones en apuros

Las portavoces de Moriviví alertaron que como organización sin fines de lucro ha sido difícil manejar el retraso de desembolso de fondos, pero que resulta mucho más complicado para otros grupos que proveen servicio directo a la población de personas sin hogar.

“Algunos optan por no utilizar los fondos por el asunto de los desembolsos y la burocracia, porque los desestabiliza. Este es un problema que lleva años ocurriendo y es uno de los principales talones de Aquiles del sistema en Puerto Rico”, dijo Beatriz Grau, coordinadora de planificación de Moriviví.

De hecho, la directora de la Corporación Milagros de Amor, Gladys Rodríguez, confirmó en entrevista con este diario que decidió no solicitar más fondos ESG a través del Departamento de la Familia, tras pasar un mal rato ante la falta de desembolso de casi $30,000.

“Cuando empezó la pandemia nos quedamos pinchados con $28,000 y eso para una organización pequeña es mortal. En la última monitoría con el Departamento de la Familia les expliqué a los monitores que no íbamos a solicitar más”, acotó.

Explicó que, eventualmente, y porque fue “bien vocal” le entregaron el dinero. Pero el retraso provocó un caos en las operaciones de la organización, incluyendo el pago de renta y otras gestiones administrativas.

“No quiero saber más de fondos ESG. Después de eso sí cogí fondos de ESG-CV, pero fueron otorgados a través del municipio de Caguas y todo funcionó bien. El problema es Familia. Y esos de Caguas cierran el 15 de este mes y no voy a renovarlo”, manifestó Rodríguez.

Primera Hora supo que hay un albergue en el área sur que lleva operando más de dos décadas y debido a problemas en el desembolso de fondos está en riesgo de cerrar operaciones o limitar los servicios dramáticamente.