La Cámara de Representantes aprobó en votación partidista esta noche el proyecto de ley que revisa la mayoría de las disposiciones del Código Penal, pero incluyó enmiendas que revierten algunas de las propuestas originales, como la reincorporación de los delitos de adulterio y bestialismo, así como la eliminación de la orientación sexual y la identidad de género de la lista de modalidades que configuraría el delito de discriminaciones ilegales.

Los cambios incluidos por el comité de conferencia en la última etapa de análisis responden al llamado que hicieron diversos grupos religiosos, que el lunes llegaron hasta el Capitolio con reparos sobre algunas de las enmiendas que habían sido discutidas por la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión Continua del Código Penal durante el proceso de vistas públicas.

Al menos, el representante popular Luis Vega Ramos, copresidente de la comisión conjunta, y el presidente cameral, Jaime Perelló, se expresaron con algo de “insatisfacción” y resignación respecto a la versión final aprobada.

“No tengo duda alguna que, a pesar de algunas insatisfacciones que pueda tener con algunas partes del texto que se está informando -y puedo tener varias insatisfacciones con varias partes del texto que se está informando- lo que hoy esta cámara debe aprobar es, por mucho, superior, por mucho mejor para Puerto Rico, mejor para las víctimas, mejor para los que no han sido víctimas y quieren vivir en paz, y mejor para los que aun cometiendo delito tienen la posibilidad de rehabilitación, que el código que nos dejaron en el 2012”, manifestó Vega Ramos al defender la pieza.

“No puedo detener el proceso porque hayan algunas diferencias que todavía no hayamos adjudicado porque cada día que el Código Penal de 2012 está en vigencia es un día más que se pueden cometer injusticias en Puerto Rico... Hoy tenemos la oportunidad de ponernos de acuerdo y reducir el número de injusticias que se cometen en Puerto Rico”, añadió el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).

Una de las principales objeciones se relacionaba con el delito de incesto, pues según los activistas religiosos, la versión aprobada la semana pasada por ambas cámaras legalizaba el incesto consentido, cuando los involucrados eran mayores de edad.

El texto final del proyecto eliminó el lenguaje que hacía alusión al consentimiento, y estableció que serán sancionadas por esa conducta con una pena de 50 años las personas que tengan una “relación de parentesco, por consanguinidad, adopción o afinidad, o colateral por consanguinidad o adopción, hasta el tercer grado, o por compartir o poseer la custodia física o patria potestad y que, a propósito, con conocimiento o temerariamente” lleven a cabo un acto sexual.

Pero, aunque previo al debate legislativo ya se había acogido la enmienda, la mayoría de los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) dedicaron sus turnos a censurar el lenguaje eliminado del delito de incesto, y a criticar enérgicamente las frustradas intenciones de eliminar los crímenes de adulterio y bestialismo.

Perelló insistió en que lo importante del proyecto aprobado es que restituye el carácter rehabilitador que, según la Constitución del Estado Libre Asociado, debe tener el sistema penal, pero lamentó que se hubiera alterado el lenguaje del Artículo 180 para eliminar la identidad de género y la orientación sexual como modalidades de discriminación ilegal.

“El discrimen hay que aborrecerlo en cualquiera de sus modalidades, y me parece que si bien es cierto que hemos dado un salto importantísimo con los adelantos que se han conseguido con esas enmiendas, en el futuro todavía nos queda trabajo por hacer”, subrayó el líder cameral.

El representante novoprogresista José Enrique “Quiquito” Meléndez denunció que la mayoría del PPD excluyó a la minoría parlamentaria durante casi todo el análisis de la legislación, y dijo que algunas de la disposiciones que se habían considerado, especialmente aquellas sobre violencia sexual, contradicen los principios éticos y morales de los ciudadanos en Puerto Rico.

“No se ha seguido el proceso legislativo adecuado. ¿Cuántas veces nos reunimos? Nunca. ¿Dónde está mi firma aquí (en el informe de comité de conferencia) o la de algún miembro del PNP? Donde sí fuimos porque no había posibilidad de que nos sacaran fue a las vistas públicas”, sostuvo Meléndez.

"Uno no puede cambiar la fibra moral de un pueblo de un plumazo. Los cambios sociales se dan poco a poco",  aseveró poco después.

El proyecto mantuvo la pena de asesinato en primer grado en 99 años, la de asesinato en segundo grado en 50 años, aunque al principio el objetivo era bajarla a 25 años.

La sanción por el delito de agresión sexual permaneció inalterada en 50 años, aunque se dispuso que la pena de reclusión sería de 25 años cuando, al cometerse el delito, la víctima no tuviera conciencia de su naturaleza y esa circunstancia fuera conocida por el acusado, y si la víctima se somete al acto mediante engaño, treta, simulación u ocultación con relación a la identidad del acusado. El castigo mínimo también aplicaría cuando la persona acusada se aprovecha de la confianza que le expresa la víctima mayor de 16 años, si existe una relación de superioridad por parte de agresor.

El escalamiento, en tanto, se reclasificó como delito menos grave, y en su modalidad agravada conllevaría una pena de ocho años de reclusión.