Decenas de jubilados de cabellera blanca de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), algunos apoyados por bastones y andadores, protestaron hoy frente al Capitolio en reclamo de que la corporación pública pague la deuda de más de $900 millones a su sistema de retiro, que a partir del entrante mes de abril, entraría en insolvencia.

“Defendiendo mi retiro, a la calle yo me tiro”; “queremos legislación, que proteja la pensión”, coreaban los manifestantes que se congregaron en la Plaza de la Democracia, en el ala norte de la Casa de las Leyes.

Ángel Archilla Santos, un sobreviviente de dos cantazos eléctricos en la Planta de San Juan, relató que depende de la pensión para costear el tratamiento de una fibrosis pulmonar que desarrolló a consecuencia de su trabajo de soldador, del que se retiró con 30 años de servicio.

“Esta condición es terminal solamente me pueden operar y la operación vale un millón de dólares. Según los médicos no me pueden operar porque no me puedo quedar dormido. Esto no tiene cura”, expresó Archilla Santos, quien estaba conectado a un respirador portátil.

El jubilado, de 69 años y residente de Bayamón dijo que desarrolló la enfermedad “por motivo del humo de la soldadura porque trabajábamos en áreas confinadas en las calderas”. Contó que con las descargas eléctricas que recibió en 1984 y 1987, llegó a estar hospitalizado en cuidados intensivos.

“Antes estaba felizmente jubilado, ahora estoy triste porque me quieren quitar mi pensión y el sustento de mi familia, al igual que muchos compañeros que están aquí y otros que no pueden venir que van a perder su pensión y no tienen otro sustento. Estamos también aquí por las viudas que lo que reciben es solo un 30%, ya tienen sobre 70 años y se van a quedar sin sustento”, afirmó.

Dijo que de la pensión que recibe depende “todo” su tratamiento, para la compra de equipo y medicinas, incluyendo, condiciones de alta presión y diabetes. “También, padezco de los nervios, voy al siquiatra y ahora la condición esta de quedarnos sin retiro, esto nos afecta a todos porque somos todos los que vamos a quedarnos sin retiro”, sostuvo Archilla Santos.

Indicó que “según las estadísticas hay 1,200 pensionados” que no tienen Seguro Social y su único sustento es la pensión de la AEE. “Ya nosotros no podemos trabajar y aparte de mis condiciones, hay otros que están encamados que no pueden venir (a la protesta)”, agregó.

Doña Carmen Lydia Meléndez, de 84 años y quien laboró por 30 años como oficinista en Palo Seco, Santurce y Vega Baja, se mostró esperanzada y se aferró a su fe religiosa. “Yo tengo confianza de que algo tiene que suceder porque hay demasiada de mucha gente mayores que yo, que dependen de esa pensión para su diario vivir. Yo tengo confianza de que Dios hace milagros cuando la gente no lo cree, yo espero que un milagro suceda”, sostuvo la mujer.

Según los datos del presidente de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de la AEE, José Rivera Rivera, actualmente, el sistema tiene unos 10 mil jubilados y otros 2,400 beneficiarios. Y mientras se advierte a los jubilados mediante cartas que el sistema se quedará sin fondos, las solicitudes de retiro aumentan. Al 31 de diciembre de 2022 había 589 solicitudes de jubilación y al 20 de marzo de 2023, eran 789.

Solo un puñado de legisladores, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), así como, los representantes independientes, Luis Raúl Torres Cruz y José Vargas Vidot bajaron de sus oficinas legislativas para solidarizarse con los manifestantes.

La protesta, bajo un sol candente, hizo que se cerrara el tráfico vehicular en la Avenida Luis Muñoz Rivera, que discurre por la parte norte del Capitolio.

“Escogimos el Capitolio porque hemos encontrado que ambos sectores de los poderes, Ejecutivo y Legislativo, tanto el gobernante como los legisladores, están confabulados para acabar con nuestro sistema de retiro”, denunció por su parte, el presidente de la Asociación de Jubilados de la AEE, Johnny Rodríguez Ortiz.

Dijo que “ante la inminencia de que se nos agote el fondo el mes que viene”, se radicó en la Cámara la resolución 448 y adelantó que en los próximos días, llevarán la protesta a La Fortaleza en reclamo de una solución.

En medio de la controversia, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero indicó que la AEE identificó unos $150 millones de fondos reembolsados de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) y que pidió que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) los apruebe antes de abril.

Rodríguez dijo sin embargo, que estos fondos “no son suficientes”.

A los extremos de la Plaza de la Democracia colgaban dos enormes pancartas con fotos del gobernador Pedro Pierluisi y de los presidentes del Senado, José Luis Dalmau Santiago y de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez. “Dalmau, Pierluisi y Tatito, traidores del pueblo de Puerto Rico”, leían los cartelones.

El representante independentista, Denis Márquez Lebrón dijo que “hay una resolución multipartidista” que busca un remedio legislativo a la controversia.

“Esto es un asunto de vida, un asunto inhumano. Es un asunto de que hay un reconocimiento del gobierno de que le deben millones de dólares al sistema de retiro, lo que había advertido la Junta de Síndicos. Es realmente atacar una vez más a los más vulnerables de este país que son las personas de mayor edad, después de trabajar décadas”, sostuvo Márquez Lebrón.

Por su parte, el representante Torres Cruz indicó que la Resolución Conjunta 448 ordena a la AEE y a las agencias públicas en las laboran empleados transferidos de la corporación pública a que hagan un plan de pagos para que el sistema no se quede insolvente a partir de abril.

“Si eso se aprueba, las agencias tendrían 20 días para comenzar a pagar y por lo tanto, el sistema tendría dinero para seguir pagando las pensiones sin necesidad de quedarse en la quiebra, insolvente y no pagar”, indicó el legislador independiente.

“Es un recamo bien justo. Esto es lo que por muchos años se estuvo diciendo de cómo estaban dejando caer no solo a la Autoridad, sino, haciendo una deuda más grande a lo que es el retiro para ahora venir a tratar de negarles el retiro a las personas que tienen el derecho”, expresó por su parte, la senadora del MVC, Ana Irma Rivera Lassén.

“La Legislatura actuó a favor de los pensionados de la AEE, aprobamos el Proyecto del Senado 906 (en la pasada sesión de noviembre) y el 13 de enero de este año, el gobernador lo vetó”, dijo por su parte, el Presidente del Senado.

Mientras, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, quien se encuentra de viaje en Washington, dijo vía telefónica que la próxima semana recibirá al liderato de las organizaciones que representan a los jubilados de la AEE.

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Josué Mitjá González detalló que unos 3,000 empleados de la AEE fueron movilizados a distintas agencias del gobierno como parte de la privatización del sistema eléctrico.

Mitjá González denunció que “todas agencias públicas a donde ellos fueron, no cumplieron tampoco con la responsabilidad de depositar el dinero que tenían que depositar al sistema de retiro”.