Alegando que el lenguaje de la medida fue sacado de contexto, el representante Ángel Morey retiró el Proyecto de la Cámara 644, que buscaba obligar a los ciudadanos a pagar a la hora de presentar una querella ante una agencia de gobierno, lo que la propia medida describía como un “sistema uniforme de aranceles en procedimientos adjudicativos”.

“Este proyecto nunca tuvo la intención de limitar el acceso a la justicia ni de imponer cargos a ciudadanos por querellas contra el gobierno. El lenguaje legal fue interpretado fuera del contexto original y, ante la preocupación pública, decidí retirar la medida para evitar más confusión”, manifestó el legislador en declaraciones escritas.

Relacionadas

  1. Legislador niega pretenda ampliar facultades de policías municipales para funciones migratorias

  2. ACLU advierte sobre proyecto que faculta a policías municipales a intervenir con migrantes

De acuerdo con el comunicado, la medida proponía que en procedimientos entre partes privadas en agencias como el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP), el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) o el Departamento de Salud, se estableciera un arancel inicial al presentar una querella. “En caso de que el querellante prevaleciera, el querellado debía reembolsar el costo del arancel. Si no prevalecía, la agencia retendría el pago”, lee el parte.

“Este proyecto no estaba dirigido a personas que quieren presentar una queja contra el gobierno ni establecía pagos por cada alegación. De hecho, incluía una exención provisional para personas sin recursos. Pero si la conversación pública gira en torno a premisas incorrectas, prefiero dar un paso atrás, escuchar y repensar la propuesta,” añadió el legislador.

Sostuvo además que el lenguaje de la pieza legislativa, que utilizaba términos como “aranceles” o “derechos arancelarios”, estaba en línea con el lenguaje legal ya establecido por la Rama Judicial en la Ley 47-2009 y decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

El legislador afirmó que su intención era “promover procesos administrativos más eficientes y sostenibles sin imponer cargas injustas a los ciudadanos”. Morey Noble finalizó reiterando que continuará trabajando por medidas que balanceen el acceso a los servicios con la responsabilidad fiscal.