La deuda de Cofina "se ha ido concentrando en las manos de unas 17 compañías de fondos de cobertura que son dueños de casi la mitad (47%) de la totalidad de la deuda de cofina". 

Esto se traduce en $8,333 mil millones. 

Este es uno de los hallazgos recogidos en el informe "COFINA: Deuda ilegal e ilegítima" presentado hoy en conferencia de prensa por la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral de Crédito Público, que  impugna la constitucionalidad de Cofina y la legitimidad del uso de esta deuda. 

Roberto Pagán, presidente de la Comisión Ciudadana, dijo que el propósito del informe es "que el país conozca con más detalles los problemas de legalidad y legitimidad que tiene la deuda de Cofina, que la Junta de Control Fiscal pretende obligarnos a pagar". 

Para preparar este informe el grupo de trabajo, compuesto por expertos en diversas áreas como el licenciado José Torres Ascencio, profesor de Derecho Constitucional y el economista José Alameda, se solicitó información sobre las emisiones de Cofina. 

Aunque dijeron que no se proveyó toda la información requerida, Pagán dijo que con el análisis de lo que había se hizo este primer informe. 

Otro hallazgo es que "la deuda de Cofina es inconstitucional, tanto o más que los $8 billones de bonos de Obligación General que esta semana la Junta de Control Fiscal informó y va a impugnar y solicitar que se declare nula y no pagadera", dijo, por su parte, la licenciada Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda.

Esta indicó en la conferencia de prensa frente al Tribunal Federal en Hato Rey que los problemas de Cofina "no sólo estriban en la legalidad de sus emisiones sino en la legitimidad del uso de esos fondos que no representaron beneficios para el pueblo de Puerto Rico. Aunque Cofina fue creada para pagar la deuda vieja, lejos de saldar esa deuda hoy debemos casi tres veces lo que se debía cuando se creó", advirtió.

Ejemplificó que el gobierno emitió bonos de Cofina "para sufragar gastos operacionales que incluyen, incluso, el financiamiento de los despidos masivos de la Ley 7 del 2009. 

Este informe está disponible en la página: http://www.auditoriaya.org/.