El controvertible proyecto 950, de la senadora Nayda Venegas Brown, que busca imponer restricciones al aborto, erá llevado a votación en el Senado la próxima semana con nuevas enmiendas, dijo hoy el presidente de ese cuerpo legislativo, Thomas Rivera Schatz. 

La medida se considerará en conjunto con el proyecto tripartita del Senado 1000, que prohíbe las terapias de conversión, un proceso supuestamente aplicado en consultorios médicos e iglesias dirigido a modificar la orientación sexual de un menor a través de la oración, el consejo religioso, la terapia de aversión, la terapia de modificación de comportamiento y el psicoanálisis.

Rivera Schatz dijo que ambas medidas “se están puliendo y se está haciendo un trabajo para que puedan discutirse ampliamente”. Las piezas legislativas están en la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas, que preside Rivera Schatz.

“Mi intención también es publicar el informe (del proyecto 950) para ponerlo en la página por si alguien lo quiere examinar, lo pueda hacer”, dijo Rivera Schatz, en declaraciones a periodistas esta tarde en el Capitolio. No soltó prenda sobre las nuevas enmiendas que ha sufrido 

En noviembre pasado, la senadora Venegas Brown pidió que el proyecto fuera devuelto a comisión porque dijo que no estaba de acuerdo con las enmiendas introducidas a la medida el último día de la pasada sesión ordinaria porque no se cumplía su intención legislativa.

La pieza legislativa obligaba a los médicos a ofrecerle a la paciente la opción de realizarse una ecografía 48 horas antes del procedimiento para que observe los órganos externos e internos y escuche el latido del corazón del feto y con las enmiendas la determinación sería a discreción del pacientes.

Otra enmienda buscaba que los abortos sean practicados por obstetras y en Puerto Rico, de las seis clínicas de terminación de embarazos, solo una cuenta un médico obstetra.

Esta mañana Integrantes de la Mesa de Trabajo sobre el Aborto denunciaron en conferencia de prensa en las escalinatas del Capitolio que organizaciones de mujeres habían sido excluidas del proceso de discusión de la propuesta legislativa.

“El aborto ya está reglamentado en Puerto Rico por el Departamento de Salud desde 2008 y las clínicas cumplen cabalmente con lo dispuesto en este reglamento”, dijo la profesora de obstetricia y ginecología del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Yarí Vale Moreno.

La profesora indicó que la versión más reciente del proyecto de ley “incluye aspectos que hacen de esta medida una insalvable”.

Por su parte, la abogada Mayte Bayolo Alonso, de la American Civil Liberties Union (ACLU), dijo que a pesar de que septiembre de 2018 la medida fue a vistas públicas en el Senado, organizaciones que trabajan con mujeres fueron excluidas del proceso aunque habían solicitado turnos a la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas.

Bayolo Alonso también dijo que se removieron del portal de Internet de la comisión senatorial “todos los documentos, ponencias y cartas de entidades internacionales que repudiaron el proyecto 950”.

En horas de la tarte, Bayolo Alonso denunció que no se le permitió junto a otras abogadas acceder a las gradas del hemiciclo cuando se llevaba a cabo la sesión.

El portavoz de la minoría popular, Eduardo Bhatia, asumió un turno de privilegio personal, al cierre de la sesión senatorial en el que censuró el incidente. “En el día de hoy se violó la Constitución de Puerto Rico y eso no puede volver a ocurrir”, expresó el expresidente del Senado. 

En Puerto Rico el aborto es legal en el primer trimestre de gestación al amparo de la jurisprudencia federal, establecida en el caso Roe versus Wade y del caso resuelto en el Tribunal Supremo Pueblo versus Duarte.