El presidente del partido Puertorriqueños por Puerto Rico (PPR), Rogelio Figueroa, finalmente se presentará este jueves ante el Comité Evaluador de Querellas de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), que investiga endosos de personas muertas sometidos como parte del proceso de inscripción de dicha colectividad.

Este cambio de postura surgió luego que el juez Isidro García Pesquera, del Tribunal de San Juan, ordenó a Figueroa y a otros tres miembros del PPR -William Lourido, Armando González y Abraham García- acudir a la cita que se celebrará a las 2:00 de la tarde en el piso 10 de la CEE.

"¿Saben la dirección? ¿No es necesario que la informe?", preguntó el juez García Pesquera durante una vista en la Figueroa debía mostrar causa por la cual no debía ser encontrado en desacato por no acatar una orden del tribunal y presentarse ante el Comité Evaluador de Querellas.

Pese a que el Comité Evaluador de Querellas ha solicitado la comparecencia de los cuatro miembros del PPR, el cuarteto se ha negado a participar en la investigación porque argumenta que se está violando el debido proceso de ley al convocarlos a una reunión sin informarle la naturaleza y el alcance de la pesquisa, que podría desembocar en un proceso criminal en su contra.

Durante la vista de hoy, que se extendió unos 40 minutos, las tres abogadas de los miembros del partido del coquí, Brenda Berríos, Rosa Nellie Plaza y Mireya Placer, pidieron al juez García Pesquera que ordenara a la CEE, representada en sala por el abogado Ramón Walker Merino, que les entregue en la tarde de hoy copia de una carta de la citación con anejos que solo se envió a Figueroa.

Aunque se envió a una sola persona, el contenido de la misiva aplica a los cuatro miembros emplazados como parte de la investigación, según explicó Walker Merino al togado.

Antes de concluir la vista, el juez García Pesquera fijó para el próximo 11 de julio el seguimiento a la vista de mostrar causa contra los cuatro miembros del PPR, de continuar la controversia.

A su salida de la sala 806, Figueroa reiteró que esta situación forma parte de una estrategia de los tres partidos tradicionales para difamarlo y no dejarlo participar en el proceso eleccionario.

“Nosotros hemos hecho las cosas bien. Quien no ha hecho las cosas bien es la CEE, y hoy se demostró. El juez los obligó a que tienen que dar la información, los documentos, y hoy se descubrió que no hay querellas contra Puertorriqueños por Puerto Rico”, afirmó el presidente del PPR

Figueroa aseguró también que se presentará a la vista a ofrecer una declaración.

“Nosotros nunca hemos tenido miedo en declarar. Lo que no vamos a permitir es que se nos atropelle”, apuntó.

Además, realizó una advertencia a los miembros de la CEE.

“Cuidado ellos con lo que están haciendo, cuidado con la fabricación de evidencia falsa, cuidado con la violación de derechos civiles, cuidado con la obstrucción del debido proceso de ley y de mentirle a los tribunales. Si algo se ha visto aquí es que quienes han estado violando (procesos) es el Comité de Querellas de la CEE”, ripostó.

Abundando sobre la argumentación en sala, la abogada Berríos, quien representa a Lourido, explicó que cualquier trámite que el Estado inicie contra ciudadano debe seguir unas garantías mínimas.

“Una de esas garantías es que usted esté notificado sobre qué asunto se le cita y si usted tiene derecho a estar representando por abogado o no. En este caso, la CEE a través del Comité Evaluador de Querellas se ha limitado a citar ciudadanos. Nunca se les ha dicho en calidad de qué están citados. Hoy es que nos enteramos que nuestro representando no es un querellado. Eso es importante, porque si uno está en calidad de querellado hay unos derechos que hay que garantizar y si uno está en calidad de testigo, son otros los procedimientos que aplican”, subrayó la letrada.

El abogado de la CEE, por su parte, negó que como parte de esta investigación se esté violando el debido proceso de ley de los miembros del PPR y aclaró que estos son testigos y no “querellados”.

“Estas personas no están siendo investigadas por la comisión de delitos, esto es del proceso electoral... No son acusados de nada en este momento”, afirmó Walker Merino.

“En el momento en que puedan ser acusados de algo, las advertencias legales se hacen”, agregó sobre uno de los temas debatidos fogosamente en la audiencia ante el juez García Pesquera.

A preguntas de la prensa, también respondió que los cuatro citados pueden acudir a la cita con un abogado y pueden acogerse a la Quinta Enmienda, que garantiza el derecho a guardar silencio.

Y aunque insistió en que a esta altura del proceso no era necesario realizar las advertencias de ley a los citados, reconoció que la investigación podría desembocar en una sanción criminal y que la información vertida ante el Comité Evaluador de Querellas podría ser usada en contra de los cuatro miembros del PPR.