La exjefa de la fiscalía federal interina en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, y el exjuez presidente de la corte federal José A. Fusté serán parte de los integrantes del Consejo Asesor para el Manejo de los Programas Federales Destinados a la Vivienda, que fue creado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced mediante la Orden Ejecutiva (2020-16).

Su grupo de asesores atenderá directamente el manejo de los fondos de los programas Community Development Block grant (CDBG) y Community Development Block Grant – Disaster Recovery (CDBG-DR) y se asegurará del manejo de adecuado y la sana administración de dichas asignaciones.

Este es uno de los esfuerzos del gobierno para restablecer la credibilidad del gobierno federal, luego de que el 9 de enero Vázquez Garced le solicitara la renuncia al exsecretario del Departamento de la Vivienda (DV), Fernando Gil Enseñat, luego de que presuntamente pusiera el riesgo el desembolso de los fondos CDBG, en medio del escándalo por el mal manejo de los suministros de un almacén en Ponce del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.

El consejo también estará integrado por el secretario interino del Departamento de la Vivienda, Luis Carlos Fernández Trinchet, el asesor de la gobernadora en Asuntos Municipales, Luis Roberto Rivera Cruz y como recurso externo la licenciada Nilsa Añeses Loperena, quien laboró durante 27 años para la Oficina del Contralor.

Al presente Puerto Rico ha recibido sobre $20,000 millones en fondos federales asignados a través del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) provenientes de los programas CDBG, que aplica a los habitantes de municipios de 50,000 habitantes o menos para la reparación de residencias, negocios y de la red eléctrica y CDBG-DR para la recuperación y mitigación de desastres, tras el paso de los huracanes Irma y María en septiembre del 2017.

“El propósito es adoptar un Plan Integral que agilice el proceso de distribución de estos fondos conforme a las regulaciones federales y maximice la utilidad de todos los programas de vivienda federales adscritos al Departamento de Vivienda de Puerto Rico”, indicó Vázquez Garced durante una rueda de prensa.

La Orden Ejecutiva no es un requisito del gobierno federal para el manejo de las asignaciones de fondos federales ni tampoco implicaría una duplicidad de labores, aclaró Vázquez Garced, quien reiteró su política de cero tolerancia contra la corrupción bajo su administración.

De su lado, el juez Fusté recordó que al igual que Rodríguez Vélez y Añeses Loperena han visto de manera directa la corrupción gubernamental durante varias décadas y por tal razón cuentan con la experiencia para detectar estas irregularidades para evitar que ocurran.

“Hemos vivido con el monstruo (de la corrupción), lo hemos visto, hemos participado de eso, lo hemos tocado. Conocemos eso desde sus entrañas, sabemos lo que hay porque hemos tenido amplia exposición a esos problemas y de qué pata cojean estas cosas y vamos a tratar de todos los medios de evitar que eso pase”, puntualizó Fusté.

El exjuez Fusté se acogió al retiro de la judicatura federal en junio de 2016, coincidiendo con la existencia de una queja en su contra, que versiones de prensa apuntaban a que era una de hostigamiento sexual.

Rodríguez Vélez, agregó que se contratarían auditores de ser necesario como parte del asesoramiento que recibirá la gobernadora.

“Estamos siendo proactivos por eso felicito a la gobernadora porque estamos haciendo la lucha contra la corrupción antes que ocurra y eso es muy importante. Como dijo el juez todos sabemos lo que hay en Puerto Rico el amiguismo, el panismo…esperamos que nuestro comité pueda evitar un sinnúmero de casos de corrupción y más aún que acelere el procedimiento y que estos fondos lleguen a las personas que lo necesitan”, apuntó Rodríguez Vélez.

Sobre la preocupación que existe de parte de la administración Donald Trump en el manejo de fondos federales por parte del gobierno de Puerto Rico que llevó ayer a la Casa Blanca a nombrar al contralmirante Peter J. Brown de la Guardia Costera como su enlace para acelerar los trabajos de recuperación en la isla, la gobernadora aseguró que fue una designación acertada.

“Él ha sido verdaderamente un aliado en la comunicación que hemos necesitado con Casa Blanca. Ha sido un canal de comunicación muy efectivo que hemos obtenido a través del almirante…Yo creo que es beneficioso mantener ese aliado, que podamos mantener esa comunicación así que de esa manera donde haya alguna tardanza o alguna situación particular que necesitamos resolver de manera expedida tenemos a alguien para poder llamar”, agregó Vázquez Garced.

La gobernadora envió un mensaje a todos los contratistas que quieran participar del proceso para someter propuestas para que confíen en que se hará sin favoritismos ni política.

Como parte de sus funciones el consejo asesor tendrá que delinear en unión al DV un plan de trabajo, tienen autoridad para solicitar de las agencias concernidas información relacionada al uso, manejo y distribución de los fondos, asegurar la implementación correcta del plan integral y rendirle cuentas a la ciudadanía, entre otras.

Los miembros del consejo, cuyos nombramientos son efectivos hasta el 31 de diciembre y no recibirán ninguna compensación económica.