La senadora Rossana López León reaccionó a la insólita admisión de la Secretaria de Justicia, Denisse Longo, quien en la mañana de hoy declaró que luego de 10 meses, aún la la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) de su Departamento todavía investiga si el llamado acuerdo colaborativo de dos empresas navieras que dan paso al Puerto Nuevo Terminal crearía un monopolio portuario en Puerto Rico. “Es una vergüenza que no exista capacidad alguna en esa oficina para realizar la labor y peor aún, que la Secretaria no tenga control de los procesos en su Departamento”, declaró la senadora, quien la pasada semana solicitó el cese del Secretario de Salud, Dr. Rafael Rodríguez Mercado, por el desastre en su gestión.

Con relación al caso de Justicia, la senadora denunció, al igual que grupos empresariales como MIDA, que una de las empresas implicadas en el monopolio en las navieras de San Juan, Crowley Maritime, ya resultó convicta a nivel federal por el delito de ‘price fixing’, donde se realizó un acuerdo con otras empresas para subir los precios de manera arbitraria para obligar al consumidor puertorriqueño a pagar más.

La Secretaria de Justicia debería saber que Crowley, junto a la recientemente incorporada Puerto Rico Terminals (unión de Tote Maritime y Luis Ayala Colón), representan el 80% del negocio del muelle de San Juan y esa es una amenaza monumental para toda la economía de Puerto Rico. “Eso es un claro monopolio y ahora resulta que la División Antimonopolios está inoperante. Teniendo Denisse Longo experiencia a nivel federal, debió haber tomado acción inmediata y no esperar 10 meses”, añadió la senadora.

“El pueblo tiene que estar claro de esta realidad: estamos bajo asedio de esos grandes intereses, con el auspicio de la actual administración del gobierno, porque cuando la administración Ricardo Rosselló-Wanda Vázquez debieron oponerse monopolio ante la Comisión Marítima Federal, guardaron silencio cómplice”. Ante la ineficacia de las agencias locales, la senadora hizo una denuncia formal ante la Comisión Marítima Federal.

Según la también candidata a la alcaldía de San Juan, para agosto del 2012, la corporación Crowley Maritime, al ser descubierta en sus actos criminales, no tuvo más remedio que cooperar con las autoridades federales, proveyendo acceso a empleados y documentos confidenciales como parte de un extenso y complicado caso federal sobre su participación activa en la conspiración con otras navieras para fijar ilegalmente las tarifas de carga marítima en la Isla.

Luego de la denuncia original de la senadora López León, el representante José Aponte Hernández radicó la Resolución de la Cámara 1371 “a fin de investigar si los procesos llevados a cabo para aprobar la propuesta fusión de las empresas de carga marítima Luis A. Ayala Colón y Tote Maritime son legítimos y no ponen en riesgo los mejores intereses del pueblo puertorriqueño”. Hoy se realizó una vista pública donde Longo hizo las declaraciones que generaron la reacción de López León.