El gobernador Ricardo Rosselló dijo que el ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes, tiene todo su apoyo tras anunciar ayer que ordenó la separación administrativa del ex alcalde de San Juan, Jorge Santini, de su puesto de abogado de la Guardia Estatal.

La orden la impartió tras una consulta legal por la investigación administrativa que sigue la Oficina de Ética Gubernamental y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) por el alegado mal uso de fondos de nómina.

“Yo hablé con el ayudante general. Él tiene todo mi apoyo para llevar a cabo las iniciativas que él entienda”, dijo el gobernador.

Al recordar que la investigación incluye a varias personas, dijo que Reyes decidió separar “a las personas que están envueltas en todo ese proceso… Yo apoyo que se pueda llevar a cabo ese proceso, máxime cuando estamos tratando de diligenciar y hacer un cambio de cultura en la Guardia Nacional…”, sostuvo.

Rosselló agregó que su administración trabaja con el gobierno federal una serie de iniciativas para mejorar la Guardia Nacional en la Isla.

Reyes ordenó la separación de Santini “hasta tanto Ética Gubernamental y el FBI concluya sus investigaciones y nos den un resultado…”.

Señaló que la investigación reflejó que el exalcalde “estaba cobrando tanto en su activación estatal como el contrato que tenía en el Senado” durante su activación tras el paso de los huracanes Irma y María.

Habla de Promesa

De otro lado, el gobernador insistió que hay una serie de asuntos que se pueden trabajar respecto a la Ley Promesa (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act de 2016), y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), creada bajo esta.

Recordó que, actualmente, el Congreso de Estados Unidos evalúa si se tienen que hacer cambios al proyecto de Promesa, ya que una cosa es lo que dice esa ley (o la intención legislativa) “y otra es lo que los miembros de la JSF hagan con lo que dice Promesa”.

Reiteró que hay que establecer que la Junta “no se debe meter en la operación diaria del Gobierno” local y que ese cuerpo rinda cuentas de sus gastos, ya que están consumiendo “el doble en cabilderos de lo que estaba gastando el Gobierno de Puerto Rico. ¿Para qué?”, cuestionó.

Rosselló también mencionó el posible conflicto de interés ya que la Junta “determina el plan fiscal y renegocian algunos términos de la deuda”. Por eso, mencionó, fue la solicitud para que el Gobierno local sea el representante del Título 3 de la ley federal.

Además de la evaluación de asuntos a nivel procesal, el Gobernador indicó que también se está evaluando a los siete miembros de la Junta.

“Ahora le compete al Congreso evaluar… si estas personas merecen o no estar en esa Junta”, sostuvo al argumentar que también se podrían presentar nuevos candidatos.

Sin embargo, insistió, que más allá de esas nominaciones o reevaluaciones, urge clarificar la intención legislativa de Promesa y estar seguros de que los que lideran la Junta entienden y se comprometen a llevar a cabo lo que dice el proyecto.

 “Una vez tengamos eso podemos operar de manera más efectiva sin tener retrasos innecesarios”, agregó.

Por otra parte, y en cuanto al llamado al gobierno, municipios y corporaciones públicas de la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, para que lleguen a un acuerdo sobre la aportación a las pensiones, Rosselló reconoció que hubo situaciones con el pago de algunos municipios debido a que se transicionó a un nuevo modelo de ‘Pay Go’.

“Esas situaciones se están atendiendo y nuestro compromiso es pagar esas pensiones y tener esos dólares atribuidos ahí”, mencionó Rosselló.

Jaresko llamó ayer la atención sobre la situación de que hay corporaciones y municipios que no están cumpliendo con su responsabilidad de aportación al nuevo sistema de pensiones, a pesar de que están reteniendo dinero para tales fines a sus empleados.

El primer ejecutivo recordó que ahora habrá un modelo de presupuesto por prioridad y una de esas es “garantizarle el pago de las pensiones a nuestros pensionados”.

Aprovechó y le hizo un llamado a la Junta a que “desista de procurar recortarle a los pensionados, que son los más vulnerables en Puerto Rico”.

Rosselló hizo las expresiones al anunciar el inicio de la tercera fase del proyecto de construcción de los carriles de manejo de congestión vehicular —conocidos como carriles de peaje variable (Dynamic Toll Lanes o DTL) o carriles reversibles— que conectarán desde la carretera PR 30, jurisdicción de Gurabo, hasta la PR 18 a la altura del Centro Médico en Río Piedras.

Las cuatro fases que componen el proyecto tendrán un costo de unos $40.2 millones y se crearían alrededor de 1,000 empleos directos, indirectos e inducidos.