A pesar de que cuando era candidato a la gobernación se opuso a la aprobación de la Ley Promesa, y que desde asumir el cargo las diferencias públicas han marcado su relación con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Ricardo Rosselló Nevares admitió hoy ante el Comité del Recursos Naturales del Congreso federal que la implementación de un mecanismo que permitiera reestructurar la deuda pública de Puerto Rico era “importante”.

Sin Promesa, estatuto que instituyó un mecanismo de quiebra dirigido por el tribunal federal través de su Título III, “no tendríamos una vía de escape, así que esto era necesario. (De no existir la ley) habríamos podido sentarnos a negociar con los acreedores de buena fe, pero no tendríamos ningún recurso legal” para enfrentar demandas por impago, reconoció Rosselló Nevares a preguntas del congresista demócrata Rubén Gallego, como parte las vistas que celebra el comité congresional para examinar el funcionamiento de la ley federal a casi tres años de su entrada en vigor.

Estas expresiones del primer ejecutivo se produjeron tras la reanudación de la audiencia que comenzó desde las 10:00 a.m.

En su primer turno, el gobernador criticó la “intervención” de la JSF en lo que considera son asuntos de política pública, señalamiento en el cual ha insistido prácticamente desde que se instaló en La Fortaleza en enero de 2017.

Gallego también preguntó por las cuentas bancarias del gobierno, cuyo balance, según el informe más reciente de la Autoridad para la Agencia Fiscal y Asesoría Financiera (Aafaf), superaba los $12,000 millones.

Rosselló Nevares indicó que la cifra se debe principalmente a que el gobierno todavía no se encuentra pagando varias de las principales fuentes de deudas, tales como las del gobierno central y corporaciones públicas, por ejemplo la Autoridad de Energía Eléctrica y la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante (Cofina). El futuro de todas estas obligaciones se encuentra bajo la supervisión de la jueza Laura Taylor Swain.

El republicano Douglas Lamborn, por su parte, cuestionó por qué el gobierno, contra las directrices de la JSF, optó por pagar el bono de navidad a los empleados del gobierno central y aumentar a $15 el salario mínimo para los trabajadores empleados en proyectos que sean reconstruidos a consecuencia del huracán María.

“A la luz del déficit fiscal creo que tomó una mala decisión”, sentenció Lamborn, luego que Rosselló Nevares planteara que el bono es una medida de “igualdad” a empleados públicos que en Puerto Rico tienen ingresos muy inferiores a los de Estados Unidos, y que el aumento a empleados de la construcción responde a la necesidad de mano de obra que será necesaria contratar para completar los trabajos.

El gobernador, por otro lado, fue evasivo cuando la comisionada residente Jenniffer González le preguntó si considera a la JSF un ente territorial o federal. El cuerpo es financiado con dinero del fondo general, pero el Primer Circuito de Apelaciones federal determinó que sus miembros son ejecutivos federales de primer nivel.

Sin responder directamente la pregunta, Rosselló Nevares sostuvo que la Junta no pasa por procesos de “rendición de cuentas. Los funcionarios electos tenemos que mostrar los resultados de nuestra gestión. La misma vara debe aplicarse a la JSF y que se vea de qué manera gastan el dinero del gobierno”.

Tal como hizo en la mañana, el mandatario objetó las trabas que el organismo fiscal ha impuesto en materias de política pública.

“Un ejemplo son las pensiones. Los pensionados ya han sufrido recortes y la Junta pide más. Lo que quiero proveer es un presupuesto ‘policy based’ para que la gente vea las prioridades. Si tenemos un límite (presupuestario) al menos déjennos expresar nuestras prioridades. Los recortes a pensiones no deberían ser un asunto ideológico. (La JSF) quiere intervenir en asuntos, me parece a mí, por razones más ideológicas que pragmáticas. Si hay que achicar el gobierno para pagar las pensiones lo haré. Déjenme tomar las decisiones”, imploró Rosselló Nevares.