Aunque no cumplió con las exigencias de la Junta de Supervisión Fiscal por poco menos de $1,000 millones, el gobernador Ricardo Rosselló dijo hoy que espera que este organismo creado por ley federal para cuadrar las finanzas del gobierno avale su plan fiscal.

En entrevista con WKAQ, Rosselló dijo que sus medidas se quedaron cortas por  $800 millones de lo que pide la junta. Sin embargo, para el gobernador ese dinero se subsana precisamente en 800 millones si se hace un cambio en la proyección de crecimiento económico.

La junta, dijo el gobernador, estima un decrecimiento económico de 17%, algo que el primer mandatario entiendo es un error, en parte porque hay indicadores positivos de crecimiento en la isla como una baja en las quiebras y un aumento en las ventas de cemento, aparte de que el dramático estimado de la junta es imposible. “Eso no ha pasado en ningún lugar del mundo”, indicó en la entrevista radial.

El gobernador resumió los ahorros reclamados por la junta en $300 millones de la Universidad de Puerto Rico, $1,000 millones en el sistema de salud, otros $200 millones en pensiones, además de que la junta entiende que el país sufrirá un  decrecimiento económico de 17%.

Rosselló dijo que no cumplirá en casi $500 millones con la junta en el recorte de salud pero que combatirá el fraude y buscará bajar gasto en medicamentos. Adelantó también un nuevo modelo de reforma de salud que reducirá costos operacionales al aumentar el nivel de competencia y reevaluando partidas.

Tampoco cumplió con la directriz de la junta de reducir en $200 millones los gastos en pensiones. Dijo que cobrará impuestos al 16% de los pensionados, aquellos que cobran más de 2,000 mensuales, y que eso representará unos $60 millones, así que no se cumplen en $140 millones con la exigencia de la junta.

Asimismo, el gobernador defendió su propuesta de recortar en la mitad los días de vacaciones de los empleados públicos como una forma de aumentar la productividad, nivelar los beneficios de los que trabajan en el gobierno con los que trabajan en la empresa privada, e “implica que no tenemos que despedir empleados públicos”.

Dijo que espera aumentar los recaudos con medidas como un aumento en la captación del IVU. Rosselló explicó que en la actualidad se recauda el 55% y que ellos lo aumentarán a entre 80 a 85%.

Sobre la UPR, Rosselló dijo que debe ser la universidad la que haga sus ajustes pero que ve en los nuevos miembros de la junta de gobierno una disposición a trabajar con ese plan. Cuestionado sobre su parecer de que la UPR –se alega- paga por empleado $729 solamente en plan médico, insistió en que sobre los ajustes fiscales  “la responsabilidad recae sobre la Universidad de Puerto Rico”.

Cuestionado de qué pasa si la junta no acepta su propuesta fiscal, el primer mandatario respondió: “La junta tiene que explicar. Ellos han establecido que están ahí para establecer el tamaño del cuarto y nosotros para organizar los muebles. Ahí está cómo acomodamos los muebles”.

“Tendremos una conversación, tendremos una discusión por unos 10 a 15 días en lo que ellos certifican el plan, ahí ya nosotros cumplimos, aumentar ingresos y reducir gastos”, dijo Rosselló.