La Cámara de Representantes aprobó hoy varias medidas relacionadas con la emergencia del coronavirus que ya pasaron el cedazo del Senado y van a la firma de la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

Una de las piezas legislativas, el Proyecto de Cámara 2428, aprobada por unanimidad, obliga a los patronos a conceder una licencia de cinco días con paga a aquellos empleados afectados por la emergencia que hayan agotado sus licencias de vacaciones y enfermedad.

También, va rumbo a Fortaleza, el proyecto del Senado 1241, de los trabajadores a distancia en el empleo público. Esta medida recibió el voto en contra del representante independentista Denis Márquez Lebrón porque dijo que “no reconoce los derechos de los convenios colectivos”.

Además, va al despacho de la gobernadora, la Resolución Conjunta del Senado 491, que autoriza la práctica de la telemedicina para que la ciudadanía tenga acceso a servicios médicos sin acudir a un consultorio médico o una sala de emergencia, en momentos en que hay un toque de queda para atajar el contagio de la pandemia.

La medida permite que un paciente, cuyo historial médico sea conocido por un profesional de la salud, tenga acceso a consultas y recetas de medicamentos por la vía electrónica. No prosperó una enmienda para que los sicólogos fueran incluidos en la medida legislativa.

La Resolución Conjunta del Senado 488, que aplaza la primaria presidencial demócrata en Puerto Rico del 29 de marzo al 26 de abril, igualmente será enviada para el trámite final a Fortaleza. La pieza legislativa también autoriza al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones a establecer una fecha alterna en caso de que el 26 de abril, Puerto Rico continúe bajo la emergencia sanitaria del coronavirus.

Las medidas legislativas fueron aprobadas por descargue y la mayoría parlamentaria no permitió debate.

Durante la sesión cameral se adoptaron medidas estrictas sanitarias. Todos los legisladores utilizaban mascarillas y guantes, al igual que los ujieres.

En la sesión, que se transmitió en línea, fue derrotado el Proyecto 1538, impulsado por el senador independiente José Vargas Vidot, que buscaba que durante la emergencia los patronos concedan licencias por enfermedad a empleados privados a tiempo parcial y que éstos les paguen el salario a los trabajadores aun cuando los negocios estén cerrados.

También se dejó sobre la mesa una moratoria al impuesto sobre el inventario a artículos de primera necesidad durante el período que dure la emergencia. La mayoría novoprogresista procurará reunirse con alcaldes azules y rojos, antes de llevar la medida a votación, pues los municipios se distribuyen anualmente unos $220 millones del recaudo de este impuesto.

La Cámara aprobó también otras medidas relacionadas con la emergencia del COVID-19, pero estas pasan ante la consideración del Senado.

Una de ellas, el Proyecto de la Cámara 2448, de educación a distancia y métodos de educación en línea, que obtuvo 14 votos en contra de las minorías. “Este proyecto provee para una llamada externalización que no es otra cosa que la privatización de la educación”, sentenció el representante Márquez Lebrón.

Pasa al Senado, el proyecto de la Cámara 2442, del presidente del cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez, que crea la Ley para combatir el CODVID-19, el cual incluye algunas de las propuestas de la medida de Vargas Vidot.

La Cámara avaló también, pero con enmiendas, el Proyecto del Senado 1539, que prohíbe desconectar los servicios de agua, luz y telecomunicaciones, sin consentimiento del cliente hasta pasados 30 días de una situación de emergencia como la declarada en el País, para evitar la propagación del COVID-19.

El proyecto de ley establece que cualquier persona que ordene o realice una desconexión, cese o cancelación del servicio incurre en un delito menos grave y la entidad pública o privada que incumpla con el estatuto estaría sujeta a una multa de hasta $100 mil.

De igual forma, fueron aprobadas otras medidas que prohíben las gestiones de cobro durante la emergencia, extender las fechas de radicación de planillas contributivas y de renovación de licencias de conducir -ya extendidas por órdenes administrativas- y otra, que prohíbe que los laboratorios de referencia impongan un costo o precio mayor a la tarifa que los laboratorios clínicos pueden facturar al plan médico por realizar las pruebas para la detección del coronavirus en Puerto Rico.