Se escenifica la ola de despidos más grande en la historia del Gobierno de Puerto Rico: Fortuño saca la friolera de 16,970 empleados y no sólo eso, se anticipa que más gente se quedará en la calle en lo que resta del cuatrienio, porque la intención es achicar el aparato gubernamental en un 30%.

Ayer, tampoco se descartaron nuevas cesantías en las corporaciones públicas, según el presidente de la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal (JREF), Carlos García, “para evitar subir tarifas en servicios públicos”.

Con la barrida de ayer, el gobernador Luis Fortuño logró reducir sobre 21 mil plazas de trabajo en el sector público, incluidas las de los que optaron por el programa de renuncias voluntarias.

Del total de 16,970 trabajadores que recibirán cartas de despido, existe un grupo de 500 que se salvará porque va a ser reclutado para laborar en el Departamento de Hacienda en labores de fiscalización contributiva, lo que dejaría el neto de los despidos en 16,470.

Esa contratación se llevará a cabo inmediatamente y los trabajadores fungirán como empleados regulares.

La segunda ronda de cesantías que se consumó ayer dejó sin empleo incluso a trabajadores con más de 13 años de experiencia y la misma se produjo al estilo de las masacres, ultimando a todo el mundo a la vez, esto dado que se descartó escalonar los despidos .

Los únicos que tendrán la oportunidad de permanecer en sus plazas - por el momento- son 2,196 conserjes del Departamento de Educación, que continuarán laborando en esa agencia hasta que culmine el presente curso escolar.

En conferencia de prensa, el presidente de la JREF reveló que parte del servicio de los conserjes será privatizado y “se estima” que el 60% de los que fueron desplazados logrará un contrato de los licitadores del Departamento.

Hacienda también colocará en manos privadas el recobro de cuentas morosas, y en este caso, se exigirá de las compañías que recluten por lo menos a otros 500 de los despedidos.

LO PEOR EN EDUCACIÓN

Tal y como se anticipaba, ayer Educación recibió el golpe más fuerte. Perdió 7,249 trabajadores, o el 10% de su plantilla.

La segunda agencia con la mayor cantidad de despidos es la sombrilla de la Familia, con 1,642. Les siguen el Departamento de Transportación y Obras Públicas, con 1,522; Corrección con 545; el Departamento de Justicia con 369 y la Policía con 326.

Aunque algunos jefes de agencia se creyeron que por utilizar fondos federales, muchos de sus empleados quedarían protegidos, no fue así.

En procuradurías como las de la Personas de Edad Avanzada y el Paciente, la tijera se utilizó inmisericordemente, a pesar de que los sueldos de los trabajadores se pagaban con dinero del Gobierno de EE.UU. La directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, María Sánchez Bras, justificó el corte señalando que “lo importante es que los servicios se ofrezcan”.

“Si los empleados son cesanteados, el servicio se puede dar en la otra agencia”, dijo cuando se le confrontó con la situación que enfrenta la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada.

Rossana López, procuradora de la dependencia que auxilia a los ancianos, ya había dicho que ni firmaría ni entregaría las cartas de cesantías.

“El que no siga las instrucciones, que asuma las consecuencias”, le ripostó García.

Los nuevos despidos, aunque considerables, tampoco logran que el Gobierno cumpla la meta de ahorro de $2,000 millones.

Las economías, hasta la fecha, alcanzan $1,200 millones, aun con los $386 millones que se reservó el Gobierno a costa de los nuevos desplazados.

El presidente de la JREF anticipó que el dinero que falta vendrá de la reorganización del Gobierno, del ahorro de $200 millones en la Tarjeta de Salud, de reducciones adicionales en los contratos y de la fiscalización de Hacienda.

A los que botaron, se les está ofreciendo una serie de incentivos, pero estos atribulados compatriotas no se librarán de pagar buena parte de sus contribuciones sobre ingresos.

El secretario de Hacienda, Juan Carlos Puig, dijo que los despidos apenas afectarán los recaudos de este año, aunque el año que viene se perderían entre $15 y $20 millones, si estas personas no consiguen reemplearse.

“Es un día extremadamente difícil. Somos una familia y el dolor de unos nos afecta a todos. Cuando esta mañana besé a mis hijos, sabía que iba a ser bien difícil la función que me tocaría realizar hoy”, dijo Carlos García minutos antes de justificar -“con el pecho apretado”- la acción de los despidos masivos que dirigió.

Según dijo, Puerto Rico y su economía han perdido una década y ellos en la Junta de Reestructuración actuaron “para no perder otra”.

Las cesantías de ayer, combinadas con el resto de los desplazamientos habidos en el Gobierno, colocan la tasa de desempleo en un 17.1 %.

Esta barrida de empleados del sector público se considera la mayor que se ha dado en el país durante un mismo evento.

El adiós a la Sección 936 dejó unos 40 mil despedidos, pero en diez años.