El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, quien asumió hoy el cargo en propiedad, tiene hasta este miércoles para cumplir con un requerimiento de información que le hizo la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes sobre los contratos, cotizaciones, facturas y órdenes de compra relacionadas con la polémica compra de las pruebas del COVID-19 que nunca llegaron a la agencia, otras órdenes y sobre la alegada paralización del servicio “Renovaciones On Line”.

El presidente de la comisión legislativa, Juan Oscar Morales, dijo que le requirió a González Feliciano mediante carta enviada hoy, la entrega de unos 25 documentos.

“Además de los contratos, le hicimos un requerimiento aparte, en relación al servicio Renovaciones On Line, que administraba la compañía Tecsecure, que daba unos 800 servicios de renovación y licencias y el viernes apagaron el servicio”, denunció Morales.

El legislador indicó que la compañía mantiene un litigio contra el Departamento de Salud y que esta plataforma en línea ofrecía importantes servicios a la ciudadanía que en medio de la cuarentena por el coronavirus no pueden salir de sus casas. Mencionó por ejemplo, servicios como certificados de defunción, permisos de cremación, enterramiento, traslado de cenizas, certificados de nacimiento, de matrimonio y tarjetas de identificación sobre cannabis medicinal.

Morales dijo que la empresa daba servicios a varias dependencias, entre ellas, el Registro Demográfico y la Secretaría de Salud Mental.

Primera Hora solicitó al Departamento de Salud una entrevista en relación a este servicio y está en espera de la respuesta.

El legislador novoprogresista también dijo que le hizo un requerimiento de información a la renunciante secretaria de Salud, Concepción Quiñones de Longo, quien sacó a la luz pública la controversia con la compra de las pruebas del COVID-19. Según Quiñones de Longo, Mabel Cabeza, a quien había transferido de Salud y luego fue enviada en destaque a La Fortaleza, recibió unas 500 pruebas en el Negociado de Manejo de Emergencias y Desastres, pese a que los kits debían ser registrados en Salud como dispone el reglamento de la agencia.

En medio de la controversia, Cabeza, quien fue jefa Recursos Humanos de Salud y ayudante del exsecretario Rafael Rodríguez, fue despedida hoy por González Feliciano.

“A la señora Cabeza no le hemos hecho ninguna solicitud. Por el momento, entendemos que no es pertinente. Evaluaremos todos los documentos solicitados para determinar si fuera necesario”, sostuvo Morales, quien reiteró que Cabeza será citada a declarar, como parte de la investigación que ya inició la comisión cameral sobre el paradero de las pruebas del COVID-19.

“Mi única expresión es que ella (Cabeza) va a tener la oportunidad en nuestra comisión de exponer lo que ella sabe con relación a las denuncias de la doctora Quiñones de Longo. Allí va a tener la oportunidad. No va a tener límites de tiempo, pero va a tener que ir preparada para contestar muchas interrogantes que nosotros tenemos”, sostuvo al reaccionar a las expresiones escritas que envió la exfuncionaria anoche a los medios de comunicación.

En torno al contrato a una hermana de Cabeza, dijo que también es parte de los documentos “que le solicitamos al secretario de Salud”.

González Feliciano al anunciar hoy el despido de Mabel Cabeza indicó que se estarán revisando todos los contratos que mantiene la compañía Manpower con el Departamento de Salud.

“Durante las vistas de confirmación aseguré que estaría evaluando todo lo concerniente al Departamento y este es el primer paso que damos hoy”, sostuvo el funcionario, a quien la gobernadora Wanda Vázquez Garced nombró el pasado jueves, tras la renuncia de Quiñones de Longo.

González Feliciano dijo que impartió instrucciones para que se verifique el 100% de los contratos que mantiene la compañía Manpower con el Departamento, en términos de los empleados que han sido contratados por la agencia, lo que se hará bajo su supervisión. Añadió que esto incluye el salario adjudicado a cada empleado por contrato, para que sea conforme a las tareas que realiza y que estos cumplan con los requerimientos de la plaza.

“He visto los señalamientos que han salido en los medios de comunicación y, bajo mi administración, velaremos para que todos los procesos, pasados y futuros, se realicen conforme a las leyes y que sean consistentes con todo lo estipulado en la Ley de Ética Gubernamental. En mi administración, no habrá espacio para contrataciones que no se den dentro del marco de la ley”, aseguró el galeno.

En sus declaraciones públicas, Quiñones de Longo dijo que no confiaba en la labor que realizaba Cabeza por lo que cuando asumió el cargo de liderazgo en Salud la llamó a su oficina y le informó que no requeriría de sus servicios. Le comunicó que recomendaría su traslado a la Administración de Seguros de Salud para que desde esas oficinas laborara con el task force médico que atiende la emergencia del COVID-19 en Puerto Rico. En cambio, según Quiñones De Longo, recibió una llamada de La Fortaleza en la que se le indicó que Cabeza era “indispensable” para la operación de Salud.

La exsecretaria interina denunció que Cabeza quiso contratar a su hermana en la agencia, a amigos cercanos y a una exasesora de contabilidad del BDO que fue reclutada, posteriormente, en Salud por un salario que inicialmente era de $200 mil y luego fue reajustado a $100 mil.

Luego, relató la doctora, le hicieron firmar una carta para que Cabeza fuera a trabajar por destaque en Fortaleza, donde laboraba actualmente como “ayudante especial”. Quiñones De Longo expresó que sintió que “ellos se la llevaron pa’ Fortaleza… lo que hicieron fue ascenderla porque, entonces, de Fortaleza me está mandando”.

El presidente de la Comisión de Salud también dijo que investigan la compra de unos ventiladores en medio de la emergencia por el coronavirus que Quiñones Longo no quiso firmar por el costo de $18 mil. La orden establecía que el periodo de entrega era de 16 a 20 meses.