La Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) retiró esta tarde los cargos en alzada que le radicaron al senador por el distrito de Guayama, Albert Torres Berríos, porque el testigo principal acudió a la casa de los padres de la jueza asignada al proceso, Nerisvel Durán Guzmán, para “influenciar indebidamente en el caso”.

La fiscal Zulma Fuster Troche dijo que confrontó al testigo, John Torres Cintrón (Peseta), quien admitió haber visitado a los progenitores de la magistrada y al perder “total credibilidad”, le informó a la jueza Durán Guzmán, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que desistían de la Regla 6 (causa para arresto) en alzada.

La esposa de Torres Cintrón, Alba González Rivera, una empleada del Departamento de Agricultura que laboraba en destaque en la oficina del senador Torres Berríos en el Capitolio, dio paso -con una querella de acoso laboral en 2021-, a las investigaciones contra el legislador. La funcionaria alegó ante la Oficina de Recursos Humanos del Senado que Torres Berríos le había requerido a su esposo la entrega de dinero bajo amenaza de que podría perder el empleo y que el senador popular tomó represalias en su contra. Las alegaciones de la empleada dieron pie a las pesquisas de la Comisión de Ética del Senado, del Departamento de Justicia y del OPFEI.

“Hoy triunfó la justicia”, reclamó la abogada de Torres Berríos, Cándida Sellés Ríos, y elogió la acción de los fiscales de retirar el caso.

“Fue una situación muy dura, incómoda y desagradable para mí y para mis padres. Esta juez en ningún momento se sintió ni intimidada, ni bajo ninguna circunstancia iba a sucumbir en el deber que tenemos como juez, porque respetamos la toga, los procedimientos judiciales, los abogados y fiscales”, expresó la jueza al acoger la solicitud de la fiscal de retirar los cargos contra el senador Torres Berríos, quien no estuvo presente en la sala judicial.

La jueza indicó que la controversia en torno a la comparecencia del senador se tornaba académica.

Torres Berríos no se presentó a la vista en alzada, pues sus abogados informaron que convalece de Covid-19 y, además, alegaron que no fue debidamente citado a la vista.

“En ningún momento dudamos de la integridad de la juez, ni de su imparcialidad. Esto no es en realidad lo que nos lleva a desistir del caso, lo que nos lleva a desistir son las actuaciones de este testigo”, dijo por su parte al fiscal Fuster Troche al explicar por qué no pidieron mover el caso a otra sala.

La fiscal sostuvo que Torres Cintrón era el testigo principal del Ministerio Público “en el caso de soborno, de nuestra prueba, compareció a la casa de los padres de la juez tratando de influenciar dentro de este proceso”. Agregó que, inmediatamente “tuvimos conocimiento de esta información, que la juez muy íntegra y verticalmente nos informó esta mañana, procedimos a confrontar esta persona y él nos admitió que había sido así. Eso ocurrió el sábado (3 de junio)”.

Torres Cintrón y González Rivera también residen en Villalba. Primera Hora supo que “Peseta” está jubilado, pero labora como director del Departamento de Obras Públicas Municipal del mencionado ayuntamiento.

“Incurrir en esa conducta, macular el proceso y dentro de la credibilidad que tiene que tener el tribunal y la imparcialidad, y sabiendo nosotros que esta persona había incurrido en una conducta como esa, perdió toda la credibilidad para nosotros. No podemos insistir en un proceso con una persona que sabemos que, éticamente, para nosotros, eso no es viable. Ya el caso terminó”, sostuvo.

Al ser preguntada por qué no continuaron el caso con otros testimonios, Fuster Troche indicó que no lo hicieron por entender que el comportamiento de Torres Cintrón “afecta otros aspectos de la prueba que son insalvables en este momento”.

La fiscal rechazó que el retiro del caso empañe la credibilidad del OPFEI.

“Nosotros tomamos la determinación que teníamos que tomar como funcionarios del tribunal y como es nuestro deber ético. Obviamente, no podemos continuar con un caso y, al contrario, en lugar de afectar la credibilidad del OPFEI, nosotros lo que hemos hecho en este caso es lo que hay que hacer”, sostuvo Fuster Troche.

Dijo que evaluarán el comportamiento del testigo, pero no adelantó si le radicarán cargos.

El también fiscal Ramón Mendoza Rosario indicó, a su vez, que “cuando nosotros entendamos que hay situación que tenemos que atender, que tenemos que realmente imponer la ley, no nos van a temblar las rodillas”.

“No nos sorprendió (el retiro del caso) porque la realidad es que desde el principio sabíamos que este matrimonio compuesto por John Torres Cintrón, conocido por ‘Peseta’, y doña Alba González Rivera son personas que lo que han hecho es abusar del sistema judicial”, dijo, por su parte, la abogada Sellés Ríos.

Sostuvo que como “no obtuvieron el resultado querido en la Legislatura, a través de la Comisión de Ética, donde negaron hechos imputados en las denuncias; después fueron al Departamento de Justicia, donde prestaron otras declaraciones; después fueron al OPFEI, prestaron otras declaraciones, pues claramente con lo acontecido hoy al escuchar a la juez, todo lo que ella relató, no solamente aquí está el delito de perjurio, sino que también se atrevieron a tratar de influenciar a una juez”.

“El propio OPFEI informó en sala que esta persona admitió haber cometido este acto y ellos, como propulsores de la ley justicia, deben no solo evaluar sino encaminar una acción, porque hay una admisión y quieren mancillar el sistema judicial”, dijo el abogado Enrico Rodríguez González, quien también fue parte de la defensa.

A Torres Berríos el OPFEI le imputaba un cargo de soborno (artículo 259 del Código Penal), uno por represalias en el entorno laboral, del Código Anticorrupción otros dos, por interferencia con testigos, artículo 281 del Código Penal.

El pasado 18 de abril, otra jueza, Alfrida Tomey Impert, desestimó los cuatro cargos graves por lo que el OPFEI acudió en alzada.

La investigación contra Torres Berríos comenzó en 2021 con la querella levantada ante la Oficina de Recursos Humanos del Senado por la empleada González Rivera, quien alegaba que el legislador había solicitado dinero a su esposo, que había utilizado recursos públicos y empleados para asuntos político partidistas, y que solicitó dinero a sus empleados para atender asuntos personales, entre otros planteamientos.

En diciembre de 2021, la Comisión de Ética del Senado recomendó en un informe castigar con un voto de censura y reprimenda pública al senador de Guayama. También, un informe de minoría propuso castigar al legislador con una multa de $5 mil, pero ninguno de los dos informes fue acogido por el pleno del Senado. Posteriormente, el Departamento de Justicia investigó las alegaciones contra el legislador y en agosto de 2022 refirió el caso al OPFEI.