A solo horas de que las niñas y los niños del sistema público de enseñanza regresen a los salones de clase, senadoras y senadores bombardearon hoy, en una vista pública, al secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés con reclamos de sus constituyentes por el mal estado en que se encuentran múltiples escuelas en distintos puntos del País.

Mientras, Ramos Parés vio con buenos ojos una propuesta que se trabajaría desde el Senado y que lanzó en la vista pública la presidenta de la Comisión de Salud del Senado, Ada García Montes, para que el mantenimiento de las escuelas regrese a manos de una sola agencia, incluso, que sea el propio Departamento de Educación el que asuma la responsabilidad.

El titular de Educación reconoció algunas de las deficiencias señaladas al reinicio escolar, pero dijo que el acondicionamiento de los planteles se lo dividen la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), con 384 escuelas y la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP) con 467, así como, la Autoridad para el Financiamiento para la Infraestructura (AFI), que desde el año pasado es la encargada de la reparación de las escuelas con el defecto de columna corta.

Ramos Parés hizo claro que ninguna de las 853 escuelas le pertenece al Departamento de Educación y sostuvo que la titularidad de los planteles se la reparten la AEP y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Dijo que Educación le paga unos $78 millones a la AEP por el alquiler de las escuelas y, a pesar de que la falta de mantenimiento de las aulas es un reclamo de años, reconoció también que su agencia no ha llevado ningún caso a los tribunales por incumplimiento.

“Creo que la discusión pública de delimitar de quién va a ser la responsabilidad del mantenimiento de las escuelas es buena. Sin duda alguna hoy tenemos tres entidades que corren por separado y cada una de ellas tiene su mecanismo para atender el tema de infraestructura de las escuelas. No quiero tampoco que eso se interprete como que quiero relegar la responsabilidad. Me toca darle cara a cada una de las comunidades escolares en Puerto Rico de la situación de cada uno de sus planteles”, dijo el secretario.

Reconoció que unas 246 escuelas se encuentran en estado crítico y que en muchas de ellas se harán reparaciones durante el tiempo lectivo que está por comenzar.

“Este año va a ser crucial para darle estabilidad a muchas de estas escuelas”, dijo y agregó que “hay escuelas que para finales de esta semana se empiezan a entregar”.

“No pretendo definir quién (podría ser el encargado del mantenimiento), tampoco quiero que se diga que el secretario quiere tener también el control de la construcción o el control fijo de subastas que van dirigidas al mejoramiento de planteles, pero sí, el ente que se vaya a crear o establecer, no puede ser cinco, no puede ser cuatro, tiene que ser uno solo para que le responda a Puerto Rico”, sostuvo. Aclaró, sin embargo, que no le está haciendo “una petición particular” a la Legislatura.

En torno a la situación de las escuelas afectadas por los terremotos en el suroeste del País, el secretario reconoció que “todavía queda mucho” por hacer. Estamos hablando de 26 estructuras que requieren de mucho más, estamos hablando de siete planteles escolares que ya se han identificado que requieren reconstruirse. Esto incluye los planteles de Guánica”, indicó Ramos Parés.

No pudo precisar, de momento, cuántos niños o niñas de las escuelas afectadas por la actividad sísmica continúan tomando clases de forma virtual.

“Es urgente que nos sentemos en una mesa redonda con AFI y Educación para establecer un plan de cómo vamos utilizar estos fondos para darle las herramientas a ustedes. Es una locura y parece intencional, que lleva tiempo y que alguien gana algo con esta madeja de contratistas. El País quiere soluciones”, sostuvo la senadora García Montes, quien condujo la vista pública.

La legisladora no descartó que la propuesta que impulsa para que sea una sola agencia la encargada del mantenimiento de los planteles escolares, conlleve enmiendas a varias leyes como la ley orgánica del Departamento y la ley de reforma educativa.

García Montes, del Partido Popular Democrático (PPD) denunció que en una escuela en Añasco se están ofreciendo las terapias de educación especial “en un container plástico, donde uno guarda las herramientas en su casa”.

Durante la audiencia pública leyó un mensaje de texto de una madre de un niño con autismo tipo 2 de una escuela en Aguada que todavía no tiene asignado el salón de clases.

“Aquí todo el mundo ve al Departamento como la piñata porque nadie paga consecuencias. Mientras no paguen consecuencias nadie va a hacer nada, hay que empezar a repartir culpas, no es que se retracten es que hay que repartir culpas porque esto va a continuar, expresó por su parte, la senadora independentista María de Lourdes Santiago Negrón luego que el Secretario reconoció que la agencia “no llevado un solo caso” a los tribunales por incumplimiento en el mantenimiento de los planteles de enseñanza.

La legisladora preguntó al Secretario por la falta de maestros en la escuela especializada en arte dramático José Julián Acosta, en el Viejo San Juan. “Asigné los maestros el pasado viernes”, le respondió Ramos Parés.

Santiago Negrón sostuvo que las escuelas públicas estuvieron sin mantenimiento por dos años a raíz de la pandemia. “Yo estuve en una escuela donde Comedores Escolares no había ido a recoger la comida en esos dos años. Vi paquetes de comida que se movían”, sostuvo.

La senadora de Humacao, Rosamar Trujillo Plumey reclamó al Secretario que desde enero pasado “le hemos estado sometiendo personalmente la problemática” de las escuelas del distrito, pero “allí no se movido nada”.

Dijo que en la Escuela Petra Mercado en Humacao, el personal ha tenido que improvisar una escalera con bloques, mientras que en la escuela Carlos Rivera Ufred, la cancha está inservible porque “esta tepe a tepe” de material que debe ser decomisado. “Allí los niños piden a gritos la cancha”, sostuvo la legisladora del PPD.

“Desde el 21 de abril dijimos que, mínimo, vamos a pasar una máquina de (lavado a) presión, no se ha pasado esa máquina ni nadie por allí.

La senadora novoprogresista Wanda Soto Tolentino, también de Humacao, preguntó al Secretario por una escuela en Las Piedras en la que todavía hoy se trabajaba en una verja. Soto Tolentino pidió un reporte de OMEP y AEP sobre las 10 escuelas del distrito de Humacao.

El senador popular por el distrito de Ponce, Ramón Ruiz Nieves, dijo que la escuela Juan Cuevas Aboy ubicada en la urbanización Villa Grillasca en la Ciudad Señorial “todavía tiene el toldo”, pero el Secretario le ripostó: “ya la escuela tiene contratista”.

Ruiz Nieves dijo que este año el Departamento recibiría unos $2,300 millones en fondos federales para el mantenimiento de las escuelas. “La pregunta es quién va a administrar esos fondos”, sostuvo.

En torno al personal docente para el nuevo semestre escolar, Ramos Parés dijo que quedan por llenar unas 290 plazas de maestros y consejeros escolares “en su gran mayoría, por denuncias y jubilaciones última hora”. Añadió también que hay otras 70 plazas de directores escolares.

Precisó que la matrícula de estudiantes será de unos 238 mil, 11 mil menos que el año pasado. La matrícula del Programa de Educación Especial dijo que es de 80 mil alumnos.

Ramos Parés también indicó que continuarán con el protocolo del COVID-19, el que también utilizarán para los casos de viruela del mono.

Sostuvo que se continuarán realizando pruebas virales diagnósticas (antígeno) a los estudiantes, con previa autorización de sus padres o encargados, para identificar casos de COVID-19.

“Esto nos permitirá identificar a personas infectadas con o sin síntomas y activar el protocolo (aislamiento, investigación y rastreo”, indicó el funcionario.

También dijo que “se continuará con el cernimiento de entrada, higiene, lavado de manos constante, mayor distanciamiento a la hora de consumir alimentos y guardar cuarentenas en casos sospechosos”.

Agregó que el período de aislamiento será de cinco días en los casos en que la persona no presente síntomas y tenga la vacunación al día; de siete días en los casos en que la persona presente síntomas y tenga su vacunación al día; y de 10 días en los casos en que la persona presente síntomas y no esté vacunado.