La Contraloría de Puerto Rico refirió al Municipio de Hormigueros al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental por supuestas irregularidades en el pago por servicios de arquitectura para un proyecto en ese municipio.

Según el informe, que fue revelado la semana pasada, la oficina que dirige Yasmín Valdivieso emitió una opinión cualificada sobre el acuerdo del municipio y una firma de arquitectos para realizar el proyecto del Centro de Usos Múltiples de la Comunidad Hoya Grande.

Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados, según se explicó en el informe. 

Sin embargo, el alcalde Pedro García aseguró que no se cometió ninguna ilegalidad en la contratación a la que hace referencia el informe y subrayó que el trabajo y todas las transacciones se realizaron con la aprobación de la llamada Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM). 

El informe de la Contraloría detalla que el municipio pagó $28,885, adicionales a los $23,000 que ya había desembolsado por un contrato de servicios profesionales a la Corporación de Servicios Profesionales de Arquitectura, la cual fue seleccionada mediante subasta para construir el Centro de Usos Múltiples.

“El Municipio de Hormigueros interpretó que la cláusula cuarta del contrato por los servicios de arquitectura permitía que la Corporación facturara y cobrara honorarios adicionales sólo por el hecho de que los proyectos de construcción aumenten de costo y sin necesidad de haber realizado cambios adicionales, alteraciones o enmiendas a los planos originales del diseño”, dice el documento de la Oficina de la Contraloría.

El estimado del costo original del proyecto de construcción era de $200,000 y finalmente se adjudicó por $549,028. 

“El aumento en el costo del proyecto llevó al Municipio a realizar dos enmiendas para activar retroactivamente la cuarta cláusula: una por $20,286 a un contrato vencido y otra por $8,599 a un contrato vigente”, apuntó el referido.

Sin embargo, el primer ejecutivo de Hormigueros, Pedro García, desmintió que su municipio haya incurrido en alguna ilegalidad.

“Los $28,885 pagados al contratista en cumplimiento con la cláusula cuarta del contrato se realizaron sin apartarse de la ley y con la aprobación de la entidad custodia y fiscalizadora de los fondos federales CDBG, la antes Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM). Los primeros $20,286 pagados por la revisión de honorarios estaban dentro de los costos iniciales de la fase de diseño, y los $8,599 fueron producto de una reprogramación de fondos solicitada el 2 de abril de 2012 y aprobada el 18 de abril de 2012 por la OCAM”, apuntó el alcalde. 

“Establecer que dicha cláusula va en contra del estado de derecho aplicable, cuando es permitida por ley y tres (3) de las cinco (5) propuestas recibidas por la junta para los servicios establecían la misma condición, es una conclusión errada y se aparta de una evaluación objetiva de los procesos llevados a cabo por nuestra administración”, enfatizó García.