El representante Víctor Torres González aseguró hoy que "son totalmente falsas" las alegaciones en su contra de un aspirante a su escaño legislativo por el Partido Popular Democrático (PPD), quien radicó el pasado viernes 12 de abril una querella ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes 

Mediante declaraciones escritas, el representante dijo que no dejará de hacer su trabajo ante "acusaciones frívolas de índole partidista".

“En varios medios noticiosos publicó hoy una noticia de la radicación de una querella contra este servidor en la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes relacionado a una contratación que hicimos para ayudar a la gente del Distrito #23. Dejo claro para todos que esas alegaciones son totalmente falsas y estoy más que confiando que así quedará demostrado al culminar el proceso. Debido a que esto está bajo investigación, no emitiré ningún otro comentario sobre el asunto”, expresó el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Pero quiero que todos los constituyentes de los municipios que me honro representar, Yauco, Guayanilla, Peñuelas y Ponce, sepan que nada detendrá mi trabajo a favor de todos los constituyentes del Distrito #23. Ni acusaciones frívolas de índole político-partidista, ni piedras que la oposición quiera colocar en el camino. Mi norte es el mismo, un Distrito #23 de avanzada, con nuevas fuentes de empleo, nuevos comercios, más oportunidades educativas, y mejor seguridad”, añadió.

Representante Víctor Torres. (www.tuCámara.org)

En la querella número 2019-002 radicada por José “Cheito” Rivera Madera se alega que el representante Torres supuestamente mantiene a un abogado desaforado brindando servicios legales a su oficina.

“El Representante Víctor Torres recomendó el 13 de Julio de 2018 el contrato número 2019-000142 a favor de Díaz Vanga Consulting Group por la cantidad de $21,000 el cual ha sido enmendado dos veces hasta aumentar la cantidad a $47,999.70”, alega Rivera Madera en la queja ética.

El querellante sostiene que Díaz Vanga fue notificado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico el 14 de diciembre de 2018 que había sido suspendido de ejercer la profesión de abogado y que tenía 30 días a partir de esa notificación para informar a todos sus clientes que estaba impedido de ejercer. Dice que entre sus clientes se encuentra el representante Víctor Torres y al día de hoy el contrato “sigue activo con todas sus cláusulas y deberes iniciales”.

Rivera Madera alega que el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, tenía otro contrato similar, pero lo enmendó. “El 20 de marzo me percato por la prensa de que la situación continuaba activa y comienzo a buscar información. Entonces es que entro en conocimiento de que el Presidente de la Cámara había extendido el mismo 13 de Julio de 2018 el contrato número 2018-000134 también a la compañía del Sr. Díaz Vanga para las mismas funciones de asesoría legal según se desprende de la página del Contralor”, indicó el querellante, quien aspira al escaño que ocupa actualmente Torres en la Cámara por el distrito 23, que comprende los municipios de Ponce, Peñuelas y Guayanilla.

Añadió que en ambos contratos estaba señalado en el punto número dos de los deberes y cito: realizar análisis jurídico y jurisprudencial sobre legislación. “Este es un deber totalmente legal y no legislativo según es definido por la profesión. El 5 de marzo, el mismo día en que sale todo esto a la luz pública, el contrato 2018-000134 entre el Presidente de la Cámara y el Sr. Díaz Vanga fue enmendado para identificarse como asesoría legislativa y modificar las funciones que desempeñaba la consultora. El segundo deber se enmendó para y cito: realizar análisis para redactar medidas y reglamentos”, sostuvo.

No obstante, dijo que al día de hoy el representante Torres “continúa recibiendo asesoría legal de un abogado desaforado bajo contrato”.

“Espero que la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes sea diligente en este asunto y aplique el debido proceso reglamentario al representante. Víctor Torres ha actuado de manera irresponsable y temeraria afectando la imagen de ese cuerpo legislativo. Los asuntos de sus contratistas no son personales, son administrativos y en este caso no se han protegido los mejores intereses de la Cámara, del presupuesto de la oficina que representa a nuestro Distrito y mucho menos el buen uso de fondo del pueblo de Puerto Rico. Espero se haga justicia”, indicó el querellante.