Una telecomunicadora se desahogó ayer y dijo que el Sistema de Emergencias 9-1-1 “es la gallina de los huevos de oro” del Departamento de Seguridad Pública (DSP), pero no tiene recursos ni puede ofrecer buenos servicios porque los fondos que deben ser utilizados en la respuesta a las emergencias son desviados al gobierno central.

“Por eso el ciudadano común sufre las carencias porque el dinero está siendo utilizado para otras cosas. Pero eso no es de ahora, para la época de Alejandro García Padilla se pasaron $23 millones al Fondo General. De esta administración todavía no sabemos y se debe hacer una auditoría”, reclamó Ingrid Pérez Oliveras, quien labora hace cuatro años en la agencia.

“Estoy cansada de todo lo que está pasando en la agencia. En el huracán María se perdió el techo del centro de Guaynabo y aquí nadie sabe que todos estuvimos trabajando hacinados como por una semana en Hato Rey. Siempre la agencia ha sido como un juguete, traen comisionados con sueldos exorbitantes y nadie se atreve a decir nada porque tienen miedo de perder el empleo”, indicó.

“Entré con muchas ganas de hacer un buen trabajo, pero en el camino uno pierde el empuje porque la misma administración te lo quita, se encarga de que se quiten las ganas”, sostuvo Pérez Oliveras, quien es madre soltera, tiene dos hijos de 11 y 16 años y para sostener el hogar, también es maestra en un colegio privado.

Sostuvo que hasta hace uno o dos meses los telecomunicadores del 9-1-1 cobraban $8.50 la hora y les hicieron un ajuste supuestamente según lo que cobran sus pares en los Estados Unidos. “Posiblemente ahora estamos entre $11.00 y $12.00 la hora, pero en condados pequeños en Estados Unidos empiezan en $23.00 la hora”, lamentó la telecomunicadora, que labora en el 9-1-1 en el turno de 5:00 de la tarde a 2:00 de la madrugada. Algunos días sólo puede dormir entre tres a cuatro horas para cumplir con ambos trabajos y las tareas del hogar.

“Soy unionada y tengo ciertos beneficios, igual pueden montármela pero estoy tan harta, tan aborrecida de sus mentiras, como si nosotros fuéramos fichas en un tablero de ajedrez.”, sostuvo.

Sobre los contagios del COVID-19 dijo que desde el sábado pasado un empleado, que tenía un familiar contagiado, había notificado que se sentía mal. Indicó que el centro de Guaynabo cerró el martes a las 5:00 de la tarde y dijo que esa tarde recibió una llamada de un supervisor para que no se presentara al taller de trabajo.

“Mientras los supervisores estaban llamando para que no se presentaran a los turnos posteriores al centro de Guaynabo, otros compañeros estaban ajenos a lo que estaba pasando y seguían brindando servicios”, relató.

“Hato Rey cerró ayer y no cerró porque hubieran dado la orden, sino porque los compañeros se levantaron y se fueron al lobby. Unos poncharon otros no se atrevieron, pero se fueron al aire libre al estacionamiento. No querían que se viera como que estaban abandonando sus servicios, pero no se sentían seguros. Esperaban instrucciones y como no bajaba la instrucción se fueron. Después que se fueron fue que el secretario del DSP, Pedro Janer envió el comunicado a los medios de prensa”, narró Pérez Oliveras.

Dijo que tampoco hubo un plan de contingencia cuando salió el primer positivo en la agencia en el centro de Guaynabo a principios de la pandemia. “Muchos de nosotros hablábamos de que esto iba a ocurrir, de que iban a tener que cerrar y pasó. ¿Dónde está el equipo remoto que necesita el 911?, ¿Cómo como es posible que las compañías de telecomunicaciones de medicina, banca y medios de comunicaciones trabajen remoto y nosotros no?”, cuestionó la empleada.

“Es un mal manejo de cómo se hacen las cosas y OSHA Puerto Rico (Oficina de Seguridad Ocupacional en el Empleo) brilla por su ausencia”, agregó.

Añadió que para la admistración de García Padilla se dijo que estaban invirtiendo dinero para desarrollar una aplicación digital, “pero eso nunca se vio”.