El informe de la querella ética contra el senador popular por el distrito de Guayama, Albert Torres Berríos, a quien empleados le atribuyeron un patrón de maltrato verbal y solicitudes dinero, quedó como un caso cerrado para el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, mientras senadores de minoría reclamaron que la controversia quedaba en un limbo legislativo.

El Senado no dio paso hoy a una moción de la senadora independentista María de Lourdes Santiago para que se llevara a votación el informe de la Comisión de Ética sobre la querella contra Torres Berríos.

El pasado 24 de enero, el informe fue llevado al pleno, pero no fue acogido por mayoría de votos. La senadora Santiago pidió hoy que se reconsiderara la votación y que se votara a favor o en contra del informe, pero la moción fue rechazada con 18 votos en contra y seis a favor.

Hasta del propio senador imputado, Torres Berríos se levantó para votar en contra de que el documento se llevara a votación, pero obviamente no fue contado.

Además, de Santiago, votaron a favor los senadores del Movimiento de Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe; el senador novoprogresista Henry Neumann, el senador independiente, José Vargas Vidot y la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve.

La senadora Santiago argumentó que en la sesión del pasado 24 de enero no se votó por el informe, por lo que el asunto había quedado en una especie de limbo parlamentario. “Me parece que el resultado es insatisfactorio y que lo aconsejable es que cada cual asuma su responsabilidad política votando a favor o en contra de ese informe”, sostuvo la legisladora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Se había pedido que se recibiera el informe, no se recibió, nunca se votó sobre el contenido del informe y hoy pido la reconsideración de esa votación que se había hecho a petición del senador (Thomas) Rivera Schatz y piso que se acepte el informe para poder votar sobre su contenido”, indicó Santiago.

Al pedido de la legisladora, el Presidente del Senado le indicó que que el informe de mayoría había sido derrotado, que no se podía considerar el informe de minoría “y que todo se tenía que hacer el mismo día (pasado el 24 de enero).

“Mi posición es que el informe había que recibirlo y después de que se recibe se vota. No se recibió y ahora, los mismos que querían que se recibiera en la sesión pasada votaron en contra. El hecho de que ahora se opongan a que se reciba es una muestra de que sabían el efecto real de no recibirlo. Es que se quieren esconder y no se atreven a votar. En el fondo hay un temor de asumir la responsabilidad política”, sostuvo la senadora Santiago.

Indicó la legisladora que ahora lo que queda pendiente es la investigación que lleva a cabo la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, organismo que pidió a la Comisión de Ética el expediente completo de la investigación de la querella contra Torres Berríos.

Más temprano, en declaraciones a periodistas, el Presidente del Senado había dicho que la controversia era un “caso cerrado” de acuerdo al reglamento el Senado

“Para mí, para el reglamento del Senado y para las reglas del Código de Ética, que dicen que si se derrota el informe de mayoría se tiene que sugerir una recomendación y ese día nadie recomendó nada, simplemente lo derrotaron, se acabó el asunto”, indicó el líder senatorial.

Preguntado si para él era un caso cerrado, Dalmau Santiago respondió en la afirmativa.

El informe de mayoría de 24 páginas concluyó que “el senador no solicitó dinero a sus empleados “ni de manera directa ni indirecta”, que no hubo un patrón constitutivo de acoso laboral y recomendó amonestarlo con un voto de censura y reprimenda pública. Pero, cuatro de los senadores de minoría que integran la comisión, rindieron un informe separado, que recomendó castigar a Torres Berríos, con una multa de $5 mil, que se le separe de forma permanente de la presidencia de comisiones legislativas, se ordene a la oficina de Recursos Humanos que continúe la investigación y que el expediente fuera referido al Departamento de Justicia.