Al cierre esta noche de la sesión extraordinaria en la Legislatura, el proyecto que impone penalidades a las personas que no utilicen mascarilla como requieren las órdenes ejecutivas por el COVID-19 se quedó atascado en la Cámara de Representantes porque no tenía los votos para pasar.

La medida del representante Jorge Navarro Suárez propone añadir un nuevo inciso (f) en el Artículo 6.14 de la Ley Núm. 20 de 10 de abril de 2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los fines de establecer como conducta delictiva el incumplir en el uso de mascarillas, cubre bocas o bufandas en caso de una pandemia o epidemia decretada por Orden Ejecutiva.

“El proyecto de la Cámara 2581, el de la mascarilla, está aprobado a viva voz, pero no va a ir a votación final. Hay algunas preocupaciones, no tiene los votos”, dijo el portavoz de la delegación novoprogresista en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló.

El legislador añadió que hay enmiendas por someterse por La Fortaleza, que no se van a considerar. “Hay varios compañeros que tienen preocupaciones con la medida”, sostuvo.

Otra medida que se queda sobre el tintero lo es el proyecto 2564 que establece la política pública en cuanto a la reglamentación de la seguridad marítima, las prácticas recreativas acuáticas y deportes relacionados.

Rodríguez Aguiló dijo que la pieza legislativa “impacta todo lo que tiene que ver con la navegación”, no pudo ser evaluada en vistas públicas. Sostuvo que se trata de legislación que conlleva un aumento en multas, marbetes y un seguro compulsorio a las embarcaciones, entre otras cosas.

También se quedarían el proyecto que propone fusionar a la Administración de Seguros de Salud (ASES) al Departamento de Salud y el que crea por ley la Oficina Central de Recuperación y Resiliencia de Puerto Rico (COR3) a fin de que supervise el cumplimiento de las subvenciones federales por desastre.

“Estarían amarrando o comprometiendo proyectos de cara al futuro de una futura administración, limitaría a los municipios en la toma de decisiones y en los proyectos de reconstrucción, se limitaría la participación de los municipios en la toma de decisiones”, indicó Rodríguez Aguiló.

El portavoz novoprogresista atribuyó el que aprobaran algunas medidas y otras no, del total de 26 medidas que la gobernadora Wanda Vázquez Garced incluyó en la convocatoria de la sesión extraordinaria a la falta de tiempo.

“El momento en que la gobernadora convoca es un momento en el que pasamos por la pandemia del COVID-19 lo que limita la acción legislativa. Es bien difícil hacer vistas públicas, tenemos el tiempo limitado de 20 días y a eso hay que sumarle que estamos en el preámbulo de un evento electoral. Eso limita el curso de acción”, indicó.

Rodríguez Aguiló también dijo que el Proyecto del Senado 1640, que transfiere los activos de WIPR a una institución sin fines de lucro, “está en reglas y calendario del Senado, nunca llegó a la Cámara, pero anyway nosotros no lo vamos a aprobar. No tiene los votos en la Cámara”. Esta medida fue solicitada por la Junta de Supervisión Fiscal.

El proyecto que buscaba cambiar los requisitos para el ejercicio de la quiropráctica en Puerto Rico se aprobó en el Senado, pero se colgó en la Cámara.

Pasadas las 7:00 de la noche se esperaba el cruce de medidas en ambos cuerpos. Rodríguez Aguiló dijo que esperaban por varias medidas que el Senado aprobó “con enmiendas con las que nosotros tendríamos que concurrir”.

El Proyecto del Senado 1503, que elimina al Secretario de Recursos Naturales de los miembros del Comité de Cambio Climático sería aprobado con enmiendas en la Cámara por lo que volvería al Senado.

Otro proyecto de enmiendas a la Ley de Armas (Proyecto de la Cámara 2392) se aprobó con enmiendas en ambos cuerpos y se buscaba un acuerdo antes de que expirara la sesión a la medianoche.

También se esperaba aprobar esta noche en ambas cámaras un proyecto que busca establecer parámetros uniformes en los procesos de contratación en el gobierno.