La frustración que existe entre los oficiales correccionales a causa de la negativa de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Legislatura de aprobar una partida que les garantice “justicia salarial” pudiera desencadenar en un “Flu Correccional” que provoque ausencias de empleados en las cárceles del País.

Durante los pasados días, ha recorrido en las redes sociales la posibilidad de que surja un patrón de ausencias por parte de oficiales correccionales, como símbolo del malestar que les ha provocado conocer que la promesa de un mejor salario -equiparado al que reciben, por ejemplo, los policías de Puerto Rico- se ha hecho agua y sal luego que la JSF y la Legislatura no avalaran para el próximo presupuesto del año fiscal 2021-2022 una partida de $15 millones solicitada por el gobernador Pedro Pierluisi para poder dar luz verde a un aumento para algunos empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

“No te puedo negar que hay un reclamo de justicia salarial y, ante la información surgida de que no se aprobarán los $15 millones para hacer realidad la promesa del gobernador, se ha creado un malestar entre los compañeros. Estamos hablando de que muchos de ellos están haciendo doble jornada y trabajando hace mucho tiempo con poco equipo. Esto está provocando un ambiente hostil y de tensión”, expresó a Primera Hora la líder sindical Jessica Martínez de la Alianza Corrección Unida.

Martínez explicó que por concepto de la Ley 45 de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico, los empleados del DCR -por ser oficiales de ley y orden- están limitados de realizar protestas que conlleven “brazos caídos” por parte de la fuerza trabajadora y así se ha orientado a la matrícula. En cambio, dijo que la frustración entre los oficiales ha incrementado en los últimos días y no duda que se registre próximamente un patrón de ausencias en señal de molestia, tal como ha ocurrido en otras instancias en la Policía de Puerto Rico con el famoso Blue Flu.

“Hay mucho coraje, pero también miedo a represalias contra los que protestan. Pero lo cierto es que hay mucho personal agotado”, manifestó Martínez al indicar que se están buscando vías legales de poder expresar sus inquietudes.

“A los oficiales correccionales no se les provee aumento desde 2008. Eso es injusto”, expresó.

Actualmente, el salario base de una persona que ingresa a trabajar como oficial correccional es de $1,600. El reclamo de los empleados es que se equipare ese salario a los $2,300 o $2,500 que recibe un policía que ingresa a la Uniformada.

“Nosotros somos primeros respondedores y, a diferencia de otros empleados, trabajamos huracanes, pandemias, terremotos 24 horas al día, los siete días de la semana. Muchas veces cuando surgen emergencias nos quedamos en las cárceles durmiendo en el piso o en sillas. Nosotros no somos como los policías o los bomberos, que les proveen catres y tienen, incluso, un lugar donde bañarse. Nada de eso existe para nosotros, pero siempre estamos ahí, presente, cubriendo en las emergencias”, detalló Martínez.

El DCR invierte $115 por confinado, lo que es equivalente a casi $42,000 anuales. En términos generales el total de 7,398 reos que hay actualmente en las cárceles requieren una inversión anual de $310 millones.

El año pasado, durante las vistas de transición, el exsecretario de la agencia Eduardo Rivera Juanatey dijo que “sin duda alguna” consideraba que los oficiales de corrección estaban “extremadamente mal pagos para todo el trabajo que realizan”.

“Son horas fuertes de turnos, a veces de 16 horas, sin hablar de los estresores que sienten”, agregó al mencionar que hubo un intento de aumentar $300 por cada empleado, para una inversión anual de $12.5 millones de impacto presupuestario, pero los fondos identificados no son recurrentes por lo que no se pudo viabilizar.

Con este escenario, el gobernador Pierluisi prometió aumentar el salario de los oficiales correccionales para llevarlo al nivel de la Policía de Puerto Rico.

En cambio, sus planes se derrumban pues el presupuesto recomendado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para el DCR, en lo que corresponden a nómina, asciende a $219 millones, mientras que la JSF propone $203.9 millones para ese mismo reglón. El gasto en nómina actual del DCR alcanza $222.4 millones.

Esa asignación tampoco permitiría el reclutamiento del personal que brinda servicios directos a la población correccional, tales como los técnicos de servicios sociopenales, técnicos de récords, evaluadores de remedios administrativos, líderes recreativos, entre otros.

Este tipo de reclutamiento es una necesidad imperante en la agencia reconoce la secretaria del DCR, Ana Escobar.

En entrevista con Primera Hora, la funcionaria recordó que el Primer Ejecutivo asignó $15 millones para cubrir el alza salarial propuesta en el borrador del Plan Fiscal, pero lamentó que dicha partida no fue incluida en el documento final que sometió la OGP para la aprobación de la JSF.

“Para nosotros es importante que esa justicia salarial llegue a los compañeros de trabajo porque hay unas realidades que ellos están viviendo y sufriendo hace muchos años. Desde el 2008 no se les concede un aumento salarial... es momento ya de que ocurra y así lo hemos hecho constar el gobernador y esta servidora”, expresó quien confía en que el llamado “Flu Correccional” no se lleve a cabo pues “nuestros compañeros son personas responsables y saben que estamos custodiando transgresores de la ley y no se puede suspender esa seguridad”.

“Reconozco la frustración, pero sé que tienen un compromiso por encima de ese malestar”, agregó.

Aseguró que seguirá dando “la batalla” por el aumento y que la agencia se propone a identificar unos fondos para cumplir la promesa de justicia salarial que beneficie a los empleados en el año fiscal que comienza en junio.

“Los ajustes los llevaremos a cabo. La identificación de fondos dentro del gobierno lo estamos evaluando para lograr ese aumento”, acotó.

“Daremos la pelea, daremos la batalla... no vamos a claudicar hasta lograr que ese aumento anhelado se dé”, puntualizó.

Manifestó que la agencia ha elaborado un plan de ahorros en cumplimiento con lo solicitado por la JSF, incluido la optimización de recursos en el DCR, lo que daría paso a identificar fondos.

Además, garantizó que aun con el recorte presupuestario que enfrenta la agencia no avalará el despido de ningún empleado. “Haremos los ajustes necesarios, entre eso el plan de optimización y de manera responsable estaremos cumpliendo con esos compromisos contraídos con los compañeros y con la población correccional. Esos reclamos serán atendidos”, expresó esperanzada.

Actualmente, el DCR tiene cerca de 4,500 oficiales de custodia, incluyendo oficiales correccionales y sus respectivos niveles en sistema de rangos (sargentos, tenientes, capitanes), así como oficiales de servicios juveniles, agentes de investigaciones y arresto y personal de seguridad y protección.

De otra parte, la funcionaria dijo que espera por las guías establecidas por el Departamento de Hacienda y otras entidades gubernamentales para saber cuántos empleados se beneficiarán con el incentivo de más de $2,000 anunciado esta semana por el gobernador, los cuales son provenientes de la Ley ARPA.

“Estoy esperando la documentación en cualquier momento para aplicar las guías y traducirlo en beneficios para los compañeros”, precisó.