La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, rechazó de manera categórica las premisas de discrimen, violaciones de derechos, atropellos y otras irregularidades que denuncia un extenso reporte dado a conocer este jueves por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y sostuvo que, en cualquier caso, las alegaciones contenidas en el reporte corresponden a años pasados, y que desde entonces mucho ha cambiado en el DCR, como es el caso de la contratación de cientos de oficiales correccionales.

Criticó además que el informe presente una supuesta realidad de incumplimientos constantes en el sistema penal, basándose tan solo en unas 50 entrevistas a confinados y otra veintena a familiares, sin una metodología más científica y debidas corroboraciones. Condenó además que no se mencione nada sobre las muchas iniciativas que se han puesto en vigor en el DCR para beneficio de los confinados, como, por ejemplo, el programa que por primera ha permitido a un grupo de confinados estudiar y graduarse en la Universidad de Puerto Rico, el programa que tiene a artesanos trabajando fuera de las instituciones, o el programa que tiene confinados haciendo el recogido de basura en el municipio de Arecibo, con camiones guiados por oficiales correccionales.

Comoquiera, Escobar indicó que estarán revisando detenidamente el informe y que está abierta a adoptar cualquier recomendación que se considere pertinente.

Sostuvo que el informe cubre un periodo de tiempo de 2017 a 2018, y “reseña diferentes eventos, incluso desde el caso Morales Feliciano, años posteriores, y también algunas cosas que incluye del año 2021 más recientes”, pero que esas denuncias “no mencionan a nadie”.

“Levanto la preocupación y la inquietud de que se quiera hacer ver que esto es una situación que ocurre en todo momento, en todas las instituciones, donde se afecta a toda la población correccional. Y levanto esa inquietud, porque del mismo informe se desprende que solo entrevistaron a 50 confinados y 21 familiares. Y vamos a buscar si realmente nosotros podemos decir que, de una población de más de 7,000 confinados, si decir que 50 es una representación significativa de la población correccional, pues estaríamos diciendo que no es cierto”, sostuvo la secretaria.

“El panorama que presenta lo que se refleja en ese informe, en algunas ocasiones puede haber ocurrido en años anteriores. Pero si usted compara lo que era el sistema correccional en años desde que comienza el caso Morales Feliciano, a lo que es hoy día, es totalmente y diametralmente opuesto”, afirmó Escobar, resaltando que comenzó a laborar en el DCR en el 1986, “y les puedo decir todo lo que he vivido y he visto desde el 86 hasta el 2023, es diametralmente opuesto”.

Recordó que el caso Morales Feliciano “vino a regular la gran mayoría de las actividades operacionales, administrativas y de seguridad dentro de la agencia” y afirmó que “si la agencia no hubiese cumplido con demostrar que realmente había un cumplimiento total en cada una de las áreas, el caso no se hubiese cerrado en 2016. Estaríamos todavía en corte en este pleito”.

Fustigó la recomendación del informe de ACLU de que se reabra el caso Morales Feliciano y, aunque dijo respetar la opinión de las personas a cargo del informe, llamó a “corroborar la información que le llega”, pues una queja de un confinado no necesariamente significa que sea reflejo de las condiciones actuales.

Escobar insistió en que la situación en estos momentos es muy diferente. Describió que actualmente el sistema tiene 7,017 confinados, y el DCR cuenta con un presupuesto de $418 para atender la empleomanía, servicios a la población correccional, utilidades y demás. Agregó que también reciben otros $23 millones anuales que ingresan de contratos de renta de espacios con los U.S. Marshals, así como otros $55 millones destinados para el programa de servicios de salud correccional.

“O sea, yo no tengo en estos momentos una necesidad de asignación de fondos adicionales. Hemos reclutado 695 oficiales correccionales para atender la necesidad de seguridad en las instituciones en estos tres años que llevo aquí como secretaria, 40 técnicos de servicios sociopenales. Ya nosotros atendimos esa necesidad inmediata de compañeros para trabajar directamente en los servicios con la población correccional”, afirmó, agregando que continúan contratando y tienen convocatorias abiertas “para cubrir otras necesidades”, por ejemplo, la contratación de más personal de enfermería.

Insistió en que, bajo su liderato, “yo he sido de mucha apertura. Me inclino muchísimo por lo que son los procesos rehabilitativos, por la inclusión de la familia en los procesos de rehabilitación, por lo que son actividades y programas dirigidos a que la población participe de los mismos. También hemos trabajado por el mejoramiento continuo de las facilidades físicas, de las estructuras; las reparaciones por los daños ocurridos por los huracanes y terremotos; lo que son las orientaciones y la educación en salud, que tenemos varios programas de esa naturaleza”.

Resaltó que, durante la pandemia del Covid, “lo único que hemos tenido son 12 personas muertas por Covid entre oficiales y confinados. Y eso no es para celebrar, porque comoquiera son personas que fallecieron. Pero si compara eso con otras jurisdicciones que tengan más o menos la misma cantidad de población en ese estado o ese país, con nuestra población correccional, pues va a ver que hay áreas que fue un desastre total, y nosotros pudimos atajar y contener la situación de las muertes. Sí tuvimos varios episodios de contagio masivos. Pero, fuera de ahí, si no le hubiésemos brindado los tratamientos médicos, si no hubiésemos atendido las situaciones que necesitaban, con proveerles los equipos y materiales a empleados y confinados, estoy hubiese sido un caos, un desastre. Pero la realidad es que no fue así”.

Escobar insistió en que cumplen con hacer valer “las garantías mínimas constitucionales que tenemos que darle a cada uno de esos ciudadanos (confinados), como también los derechos civiles, humanos y constitucionales”. Repasó algunas de las denuncias y sostuvo, que, contrario al reporte, por ejemplo, sí se están ofreciendo las terapias hormonales para aquellos confinados de la comunidad LGBTTQIA+ que las recibían antes de entrar al sistema, y que, en el caso del único confinado transexual que ha llegado al sistema, “que ya no tiene su genitalia masculina con la que nació”, está ubicado en la institución de mujeres.

Por otro lado, sostuvo que ya han tenido “dos parejas de confinados que se han casado, hemos permitido los matrimonios del mismo sexo. Si en años anteriores no se hizo, le puedo decir que bajo mi administración, esto está haciendo”.

Aclaró que sí han tenido un caso, que no autorizaron, “de un hombre trans, quería vivir en la institución de mujeres. Luego del análisis y evaluaciones, no lo autorizamos, porque esta mujer estaba (confinada) por tentativa de violación contra su novia, cinco casos. Y no voy a poner en riesgo ni a este trans, ni a la población correccional femenina”.

Comoquiera, Escobar aseguró que “parte de las recomendaciones que están aquí (en el informe de ACLU), las voy a estar evaluando con profundidad, y aquellas que nosotros tengamos que llevar a cabo o realizar algún tipo de investigación, así lo solicitaré. Y en aquellas recomendaciones que entendamos que podamos acoger, así lo haré, no tengo ningún inconveniente con eso. Y alguna revisión adicional que tengamos que hacer a los protocolos, pues obviamente lo podríamos estar trabajando sin ningún inconveniente”.

“Pero el contraste de lo que yo tengo hoy, a lo que este informe refleja, pues obviamente es diametralmente opuesto en ciertos aspectos y ciertas áreas”, reiteró la secretaria en tono categórico. “Esto es un informe que recoge eventos previos, situaciones pasadas, que surge ahora su publicación, pero que de ninguna manera hace señalamientos a lo que nosotros estamos viviendo actualmente”.