Ante la preocupación de que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) enfrenta un tercer brote de COVID-19 en diversas instituciones carcelarias del país, la secretaria de la agencia urge al Departamento de Salud evaluar la posibilidad de vacunar a los reos que tienen 65 años o más y a los que cumplen sentencia en las facilidades en las que se registró la última epidemia.

Así lo destacó a Primera hora, la secretaria del DCR, Ana Escobar, al indicar que se la ha solicitado al secretario de Salud, Carlos Mellado, una excepción a las normas impuestas por el gobierno para que se vacune a los reos que conviven en la Institución Ponce Principal, donde se detectaron 70 casos positivos al virus. Se sospecha que el brote inició a través de un oficial penal que está contagiado –y no presenta síntomas-, quien a su vez contrajo la enfermedad de su esposa, también asintomática.

Aseguró que la agencia tomó control de la situación poniendo en cuarentena a los confinados de los tres módulos en Ponce Principal donde se detectaron casos, según recomendaron especialistas de Physician Correctional.

“Estamos solicitando a Salud, vía excepción que se vacune a esta población que no ha sido vacunada porque están en la fase 1c que está pautada para marzo”, puntualizó Escobar al indicar que en Ponce Principal hay 454 reos cumpliendo sentencia.

Además, hay otros 11 casos confirmados a COVID-19 en Ponce mínima y dos reos pertenecientes a la institución 501 de Bayamón.

“Los dos hospitalizados son de la tercera edad. Uno está en franca recuperación y el tiene una prognosis reservada por las condiciones de salud que presenta”, sostuvo Escobar.

De otra parte, la secretaria señaló que también hizo un acercamiento a Mellado para que se incluya en la actual fase 1b –dirigida a personas de 65 años o más- a los presos que cumplen con esa especificación.

“Sobre ese particular estamos en espera para que nos contesten a ver si podemos adelantar la vacuna a esa población que está encarcelada. Tenemos la situación del retraso por las tormentas invernales y sé que hay prioridad para los ciudadanos de la tercera edad”, expresó.

Actualmente, en las cárceles del país hay unas 300 personas ingresadas que tienen 65 años o más, según datos oficiales del DCR.

“No pretendemos que se nos adelante en ningún proceso ni que violentemos la orden administrativa, pero sí que se nos permita vacunar a esta población (de 65 años o más) y a la población correccional de la institución donde tuvimos el tercer brote. Estamos en espera de instrucciones”, subrayó.

El primer brote carcelario de COVID-19 se identificó en enero en la institución 501 de Bayamón donde se detectaron 149 casos. La situación provocó la muerte de un reo de 74 años.

Menos de dos semanas después se detectó un segundo brote del coronavirus en la institución 676 de Ponce. Allí, se registró un total de 78 reos contagiados. Un guardia correccional murió a causa de la enfermedad. Fue el primer oficial penal en fallecer a causa del virus.

Ante lo grave del escenario el Departamento de Salud ordenó la vacunación de los confinados de estas instituciones y la de Guayama.

Al momento, el 17% de la población de 7,169 confinados que hay a nivel isla está vacunado. En cambio, Mellado paralizó la iniciativa para dar prioridad a la población de 65 años o más. En el plan no se consideró a las personas de la tercera edad que cumplen sentencia en las cárceles. Según la secretaria del DCR, al menos 50 miembros de la población envejeciente se vacunó en la institución 501 de Bayamón, donde ocurrió el primer brote.

De otra parte, el 72% de los 6,125 funcionarios registrados para vacunación fueron inoculados, incluyendo a contratistas que laboran en la confección de alimentos para las cárceles a través de la compañía Trinity. “En cambio a raíz de la orden administrativa (de Mellado) el proceso se paralizó y faltan los de Aguadilla, Mayagüez y Arecibo”, dijo Escobar.

En términos generales, desde que comenzó la pandemia el DCR ha identificado 601 casos positivos a COVID, de los cuales 491 se han recuperado. “Tenemos 17 personas excarceladas que en algún momento tuvieron COVID-19. Nos restan 93 que son la cantidad de positivos al día de hoy. Esa cantidad no llega ni al .05% de la población correccional”, especificó.

En cuanto a empleados, se han registrado 36 casos confirmados. De estos 11 continúan activos.

Confrontado con la situación el secretario de Salud negó que se haya paralizado la vacunación de confinados.

“Se detuvo pero continuamos con el esfuerzo a todos los reos. Todos tienen que estar vacunados”, dijo de manera confusa.