La secretaria del Departamento de Justicia, Dennise Longo Quiñones, se amparó en la relación abogado/cliente que tiene la agencia con el Departamento de Seguridad Pública (DSP) para rechazar explicar los fundamentos que llevaron a aprobar por medio de una asesoría legal que se asignaran escoltas a Beatriz Rosselló, la esposa del gobernador renunciante Ricardo Rosselló.

¿Cuál fue el razonamiento legal para que le aprobaran la escolta a la familia Rosselló?, le cuestionó un miembro de la prensa a la Secretaria quien fue escueta en su respuesta.

“La relación abogado/cliente es confidencial”, respondió de inmediato al explicar que Justicia juega el papel de asesor legal con los jefes de agencia ante el gobierno de Puerto Rico.

Sin ofrecer muchos detalles confirmó que la determinación del DSP en ofrecer las escoltas a la familia Rosselló se basó  en la ley orgánica del departamento y la orden general 110 de enero de 2019 , la cual provee escoltas a los cónyuges, hijos de exgobernadores.

Se le cuestionó, entonces, si Ricardo Rosselló debe ser catalogado como un “ex gobernador” aun cuando la Ley 2 del 26 de marzo de 1965 define que este título “se debe utilizar cuando cualquier persona haya ocupado el cargo de gobernador bajo las disposiciones de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la elección popular, que no haya sido destituido, y que haya ocupado dicho cargo durante un término no menor de cuatro años o cesare en el mismo por razón de incapacidad mental o física antes de cumplirse dicho término”.

“Eso es una ley especial que solo aplica a las anualidades vitalicias”, dijo rechazando que aplique a las escoltas o a algún otro asunto de seguridad. Insistió en que la orden general 110 de 2019 sí habla de escoltas.

Longo Quiñones dijo desconocer si hay alguna investigación de amenazas de muerte a algún miembro de la familia Rosselló, tal como dijo hace algunos meses Elmer Román, secretario del DSP, cuando justificó las escoltas fuera de la isla al mandatario renunciante.

Además, rechazó  dar más explicaciones porque ahora mismo hay un caso ventilándose en el tribunal que “me impide hablar”.  

Hizo referencia al caso que lleva el abogado Orlando Aponte Rosario, junto a otros letrados, quienes presentaron un recurso ante el Tribunal Apelativo contra el comisionado de la Policía, Henry Escalera, para cuestionar la determinación del Tribunal de Primera Instancia de que la controversia en torno a la validez de la asignación de escoltas a Ricardo Rosselló y a su familia.

Aponte Rosario había presentado una demanda anteriormente, pero fue desestimada en septiembre por el juez Anthony Cuevas luego que la gobernadora Wanda Vázquez anunciara que había ordenado la suspensión de seguridad a la familia que, para entonces, se encontraba fuera del país.

El grupo de abogados entiende que Rosselló perdió el derecho a tener escoltas al no haber culminado su término y haber renunciado a su cargo. En cambio, la Policía insiste en que aun cuando dimitió es un “derecho adquirido” que se le debe garantizar, según explicó Escalera.