Han pasado 10 meses y la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) del Departamento de Justicia todavía investiga si el “acuerdo colaborativo” de dos empresas navieras que dan paso al Puerto Nuevo Terminal crearía un monopolio portuario en Puerto Rico, según dijo hoy en una audiencia cameral la secretaria de Justicia, Dennise Longo.

La titular de Justicia fue citada hoy a una vista pública de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y Estatus, presidida por el representante José Aponte Hernández, en torno a la Resolución de la Cámara 1371 a fin de investigar si los procesos llevados a cabo para aprobar la propuesta fusión de las empresas de carga marítima Luis A. Ayala Colón y Tote Maritime son legítimos y no ponen en riesgo los mejores intereses del pueblo puertorriqueño.

La resolución cameral -de la autoría de los representantes José Aponte Hernández y Víctor Parés-, fue aprobada con el apoyo de los legisladores de mayoría y minoría. En su exposición de motivos se explica que el acuerdo daría paso a que ambas empresas (Puerto Rico Terminals, PRT; y Luis Ayala Colón, LAC) operen el puerto marítimo, establezcan procedimientos operacionales para el terminal y fijen tarifas, cargos y prácticas competitivas.

De entrada, Longo leyó ante la comisión una ponencia de siete páginas en la que advertía que estaba limitada a dar información sobre la investigación -iniciada el 10 de abril de 2019- amparada en “la confidencialidad” que protege a los procesos investigativos de una entidad gubernamental. Así mismo citó como escollo para poder hablar sobre el tema la Regla 514 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico la cual “consagra el privilegio sobre información oficial con el propósito de evitar que se lesione el interés público por indebida divulgación”.

Lo poco que detalló Longo durante la audiencia fue que el análisis legal del asunto está a cargo de dos abogados, un fiscal especial y un agente investigador. Además, sostuvo, que la OAM trabaja en colaboración con otras agencias “con el propósito de realizar una investigación amplia, completa y diligente”. Aludió a que como parte de la pesquisa se ha recopilado una “amplia documentación” que está siendo analizada “minuciosamente”.

En cambio, a preguntas de Aponte la secretaria de Justicia no pudo precisar en qué etapa se encuentra la investigación.

Por su parte, el legislador popular Luis Vega Ramos le cuestionó si esta pesquisa tardaría “tres o cuatro años” como sugirió que pudiera conllevar la investigación de los almacenes de suministros de Ponce.

Longo no pudo determinar cuánto tiempo demorará la de la OAM, pero a cuestionamientos de Vega Ramos respondió que cualquier delito relacionado a asuntos monopolísticos -si alguno- prescribe en cuatro años.

Durante un receso, Vega Ramos criticó la actitud de la secretaria por su “total y absoluta falta de cooperación y claridad”.

“Básicamente, están levantando la defensa de la investigación de Ponce otra vez… esencialmente, aquí no hay prisa, aunque como ha dicho el presidente (Aponte) aquí se pueden aumentar las tarifas en cualquier momento”, dijo el legislador en referencia a que el acuerdo colaborativo hace una salvedad en que para el 2020 pudiera entrar en vigor cualquier aumento a las tarifas de productos que llegan a la isla por los muelles.

Mientras, Aponte advirtió que el próximo paso de la Comisión será citar a audiencia a los portavoces de las empresas navieras involucradas en el posible esquema monopolístico.