La secretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz, se opuso este jueves a que el gobierno prohíba que los menores de edad puedan someterse a tratamientos de hormonales o a cirugías para construir la identidad de género no congruentes a la genética sexual, ya que representaría violentar sus derechos y su dignidad como ser humano.

La controvertible posición se emitió en una ponencia presentada ante la Comisión cameral de Bienestar Social, la cual evalúa un proyecto de la representante y presidenta de dicho ente, Lisie Burgos Muñiz, para prohibir que los menores de 18 años puedan someterse a tratamientos para cambiar de sexo. Este es el proyecto de la Cámara 768.

En una ponencia de cinco páginas, González Magaz defendió la patria potestad y estipuló que la agencia no promoverá legislación que violente los derechos de la niñez.

Según estipuló, la medida legislativa busca catalogar como maltrato el someter a un menor, o al tener su custodia física permitir que este sea sometido, a tratamientos hormonales y/o cirugías para construir la identidad de genera no congruente a la genética sexual”.

Planteó que “los psicólogos no consideran la orientación sexual una elección consciente que pueda cambiarse voluntariamente”.

Por tales razones, la funcionaria a cargo de proteger el bienestar de los menores de edad en la Isla manifestó que “el Departamento de la Familia no puede fomentar legislación que vulnere derechos y/o constituyan una intromisión en el derecho a la patria potestad de los padres. El asunto sobre la identidad de género debe verse caso a caso y no como un asunto punitivo. Dar paso a que se prohíba que un ser humano escoja ver y sentirse de acuerdo con su identidad so pena de que ello constituye maltrato o negligencia, vulnera unos de los derechos más fundamentales de nuestra Constitución en cuanto a que la dignidad del ser humano es inviolable y todos somos iguales ante la ley”.

González Magaz explicó que en ninguna parte de la definición federal de abuso o negligencia infantil trae a consideración asuntos de identidad sexual, como la que se discute en el proyecto cameral.

Detalló que la Ley FederaI de Prevención y Tratamiento del Abuso lnfantil define estos términos como “cualquier acto reciente o falta de acción por parte de un padre o cuidador, que resulta en la muerte, daño físico o emocional grave, abuso o explotación sexual o un acto o falta de acción que presenta un riesgo inminente de daño grave”.

A juicio de la secretaria “esta definición no incluye la selección que un menor haga respecto a su identidad de género y cómo sus padres o cuidadores contribuyan o no a que estos puedan sentirse plenamente realizados de acuerdo con su elección”.

El análisis que estableció concluyó con la afirmación de que “el estado está llamado a hacer un balance de derechos en la promoción de los valores que permitan una convivencia fundamentada en el respeto a la dignidad humana. La protección contra el maltrato y negligencia no puede ir atada de violar la dignidad de un ser humano de acuerdo con su identidad de género. No existe fundamento psicológico que establezca que fomentar la identidad de género en un menor de edad sea elemento constitutivo de maltrato”.

Aunque no representó una reacción a tal postura del Departamento de la Familia, la representante Burgos Muñiz defendió su acción de regular que las terapias hormonales no puedan estar accesibles a menores de edad.

“Quién hubiera dicho hace algunos 20 años atrás que íbamos a estar aquí en la Cámara de Representantes tratando estos temas. Pues, entendemos que un mayor de edad, una persona adulta, tiene todo el derecho y la capacidad para tomar decisiones y es responsable de sus actos. Pero, cuando se tratan de menores, hay que protegerlos, porque no tienen la capacidad legal y porque son el futuro para nuestra tierra”, indicó la legisladora.

Por su parte, el activista de los derechos homosexuales, Pedro Julio Serrano, reaccionó agradecido a la postura asumida por González Magaz.

“Agradecemos a la secretaria de la Familia por su postura inequívoca a favor de la dignidad de las personas trans al oponerse al transfóbico, cruel e inhumano proyecto de la representante Lisie Burgos. Ya basta de querer demonizar y deshumanizar a la gente trans”, puntualizó.

Salud y Assmca apoya la medida

En contra posición, el secretario de Salud, Carlos Mellado, emitió una ponencia en la que indica que no se opone a la aprobación de la medida. Sin embargo, no estableció unas razones claras respecto a la postura. Solo señaló que si la pieza legislativa se convierte en ley, fiscalizarán su cumplimiento a través de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico.

“Entendemos que, al quedar establecido por la ley que finalmente sea aprobada (para fijar) esta prohibición, la Junta actuará contra cualquier profesional que viole dichas disposiciones e impondrá las acciones disciplinarias contra la licencia del profesional y la multa que se fije”, señaló.

La multa que promueve el proyecto para los profesionales de la salud que violenten la prohibición es de $30,000.

Mientras, el administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), Carlos Rodríguez Mateo, apoyó la medida legislativa que prohibiría las terapias hormonales y cirugías que promuevan un cambio de sexo en menores de edad.

“Si nos basamos en lo precipitado que un menor de edad toma decisiones o la presión de grupo por la que se deja llevar, una mala decisión puede ser perjudicial para su salud”, dijo.

Expuso que la Clínica Mayo ha establecido que estos proceso no son recomendables para los menores de edad. Por ello, el exsenador concluyó que “con el fin de proteger el crecimiento y desarrollo de nuestros menores de edad, tanto psicológico como físico, estamos convencidos de que lo planteado en esta ley promoverá un trato digno, humano y la protección de los derechos del menor”.

El psiquiátra Alexis Torres, quien es especialista en niños y adolescentes, también favoreció la medida.

“Considerando la confusión que predomina en estas edades, como fuera expuesto en las Teorías de Erick Ericsson, llevar a cabo procedimientos quirúrgicos, invasivos o hormonales, sería un alto riesgo, sabiendo que ese niño o adolescente puede eventualmente cambiar su forma de pensar... Por tal motivo, favorezco que cada caso se evalúe de manera individual, y se considere la mayoría de edad para tomar una decisión que envuelvan cambios permanentes”, dijo.

Asimismo, la psicóloga clínica Maribel Rivera Cotto expuso que apoyaba la prohibición de tratamientos que lleven a un cambio de sexo, porque trae consigo consecuencias irreversibles.

Detalló que “esta transición lamentablemente, no se encuentra exenta de los efectos adversos de estos tratamientos. Los efectos secundarios pueden incluir perdida de densidad, o sea, disminución de la capacidad cognitiva e infertilidad, además de complicaciones cardiovasculares, muertes prematuras y altas tasas de suicidio postoperatorio”.

Añadió que “los defensores de estos tratamientos, aunque argumenten que los tratamientos son reversibles y los efectos secundarios son mínimos. La evidencia científica que sigue surgiendo indica todo lo contrario. Además, estos tratamientos no son un derecho humano y si se puede definir come una tortura. Tamar el cuerpo sano de un niño para recetarle hormonas y mutilar su cuerpo es una acción de abuso y de maltrato infantil”.

Una opinión similar la desarrolló el neurólogo Juan Moreira Vidal, del grupo Portavoces Conciencia.

Indicó que “la Asociación de Psiquiatría Americana, en su manual ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’, informa que el 98% de los niños y el 88% de las niñas confundidos con su género, eventualmente aceptan su género biológico después que atraviesan naturalmente el periodo de la pubertad. Por ende, no se deben permitir clínicas donde se utilicen hormonas para el cambio de sexo o los tratamientos quirúrgicos en menores de edad. Médicamente hablando, es un crimen aplicarlo a menores que no están aptos neurobiológicamente para tomar esa decisión”.

Por otro lado, trascendió que la Cámara de Representantes ya no evaluará esta medida de las terapias hormonales junto a otro proyecto que busca prohibir las terapias de conversión. Según se determinó, la Comisión de Bienestar social solo atenderá el tema del cambio sexual previo a los 18 años y la Comisión de lo Jurídico evaluará las terapias de conversión.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández, ha determinado que ambos proyectos legislativos serán llevados a votación antes de que culmine la sesión, este próximo 30 de junio.