Tras días en la mira pública por haber entregado en enero pasado la información de las licencias cedidas a personas con estatus migratorio no definido a las autoridades federales y no haberlo comunicado públicamente, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, rompió el silencio.

Entre sus alegatos resaltan que el DTOP no se dedica a arrestar a personas ni participa en investigaciones. Además, rechazó que la entrega de información al Departamento de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) haya sido voluntaria.

Lo que no respondió fue la razón por la que no divulgó públicamente que habían cedido la información de los migrantes, la cual incluye su dirección física. Es que la entrega de los datos ocurrió el 29 de enero y no fue hasta esta semana que un molesto exgobernadora Alejandro García Padilla lanzó una campaña pública para denunciar el acto.

La explicación la dio González Montalvo luego de que la gobernadora Jenniffer González Colón justificara públicamente la acción del DTOP de ceder las listas al HSI. Esta alegó que la medida no fue consultada con La Fortaleza.

En unas declaraciones escritas, Gonzalez Montalvo expuso que “el DTOP reafirma su compromiso con el manejo responsable y legal de toda la información que administra. Como agencia del gobierno de Puerto Rico, el DTOP cumple rigurosamente con todas las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y actúa siempre conforme al estado de derecho”.

“En el caso particular que ha generado atención pública, la División Legal del DTOP respondió a un requerimiento formal de información (subpoena) debidamente emitido por la agencia de Homeland Security el 26 de enero, conforme al debido proceso de ley. Este tipo de solicitudes exige un manejo confidencial y riguroso de la información, como parte de nuestras responsabilidades legales”, añadió.

También dijo que “es importante aclarar que el DTOP no participa en operaciones de arresto, investigación o detención de personas. Tampoco compartimos información de manera voluntaria con fines migratorios. La información brindada fue limitada a lo estrictamente requerido y se manejó exclusivamente dentro de un marco técnico, administrativo y legal, y fue suministrada el 29 de enero. Desde entonces no se ha compartido más información”.

Finalizó su escrito al indicar que “reconocemos la sensibilidad de este tema y la legítima preocupación de nuestras comunidades. Por ello, reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, el respeto a los derechos civiles y el cumplimiento pleno de la ley. En todo momento, el DTOP actúa con responsabilidad y en defensa del interés público”.

La gobernadora dijo este viernes que si el DTOP no cumplía con entregar la información, se exponía a perder unos $178 millones anuales en fondos federales. También alertó que las autoridades federales podían quitarle el Real ID a los boricuas.

El malestar que ha presentado García Padilla ante la decisión del gobierno de entregar la lista de los migrantes se debe a que fue quien propuso entregar licencias de conducir a las personas con estatus migratorio no definido. También fue quien convirtió en ley la medida, al estampar su firma en la Ley 97 del 7 de agosto del 2013.

El exgobernador ha reclamado que el gobierno pudo ir a los tribunales a enfrentar al gobierno federal para evitar entregar la información de los inmigrantes.

Pero, según aceptó hoy la gobernadora, las autoridades federales hicieron la solicitud el 26 de enero y el 29 de enero le fue entregada la información.

Los autoridades federales pudieran utilizar los datos de los inmigrantes para lograr su deportación, en medio de una campaña que lanzó el presidente estadounidense Donald Trump contras las personas con estatus migratorio no definidos que se encuentran dentro de los Estados Unidos.