El secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago favoreció hoy enmiendas a la ley de Reforma Laboral para restituir algunos derechos de los trabajadores.

“Hay áreas de la reforma laboral que dan una certeza legal y hay otras que se tienen que cambiar”, dijo Rivera Santiago en una vista pública ante la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado que evalúa dos proyectos de ley, uno de los cuales busca derogar la reforma laboral de 2017 y otro, propone hacerle modificaciones al estatuto.

La Asociación de Industriales y la Coalición del Sector Privado objetaron la derogación de la ley, mientras que la Unión General de Trabajadores (UGT) abogó por la restitución de los derechos “arrebatados injustamente a los trabajadores”.

“No digo, derogarla completa, porque a manera de ejemplo, la lactancia estaba en la reforma laboral y el acomodo religioso. Son derechos adquiridos que estaban en la reforma, por eso digo, que hay que ir artículo por artículo”, indicó el Titular del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

Recomendó que el periodo probatorio (en el empleo) no debe ser de nueve meses, sino de seis. “Estoy de acuerdo con que los trabajadores trabajen ocho horas y tengan un periodo de descanso de 24 horas. Si no se tiene un periodo para descansar incrementan los accidentes laborales y tampoco hay tiempo para el despeje que también necesita el trabajador”, sostuvo Rivera, Santiago. También dijo que en los casos de despido injustificado, no tiene reparos de que se mantenga que el peso de la prueba recaiga sobre el patrono.

“Estamos de acuerdo con que el Bono de Navidad se revierta a como estaba antes porque hay un procedimiento para que los patronos que no puedan pagarlo puedan pedir exención”, indicó.

En cuanto a los aspectos económicos, que puedan tener un impacto negativo en el patrono, dijo que “debemos hacer un análisis de la situación en la que está ahora la industria”.

“Aquí tenemos patronos actualmente que tienen préstamos inclusive para pagar su nómina y todo aquello que pueda de alguna manera incrementar los gastos operacionales, no estoy diciendo que no se haga, sino que debemos hacer un estudio por si hay un efecto negativo, podamos mitigarlo a través de algún paquete económico o algo, pero definitivamente de que las condiciones tienen que ir mejorando en Puerto Rico, tienen que mejorar”, expresó al reconocer que con la reforma los trabajadores perdieron derechos laborales.

“La reforma laboral es un ingrediente, el salario mínimo es otro ingrediente adicional, pero el salario mínimo solo y la reforma laboral sola, no van a resolver el problema de Puerto Rico”, dijo el Secretario del DTRH. Dijo que antes de la reforma laboral el 40% de las personas trabajaba “y ahora tenemos el mismo 40%, o sea que la reforma ni antes ni después, incrementó esa participación laboral”.

Indicó que entre 2008 y 2009 se hizo el último aumento en el salario mínimo, llevándolo a $7.25 la hora y se mantuvo la misma tasa de participación laboral. “Si nosotros queremos que la gente quiera insertarse en una alternativa de empleo, vamos a trabajar reforma y salario mínimo, pero esas no son las únicas dos cosas, tenemos que ver también el modelo contributivo. Que las personas digan yo quiero trabajar porque salgo mejor trabajando, voy a trabajar y no voy a perder las ayudas sociales”, indicó.

A preguntas de la senadora Ana Irma Rivera Lassén, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, el Secretario del Trabajo dijo que no conoce ningún estudio económico que se tomara en consideración ante de que se aprobara la Ley 4 de 2017, conocida como la reforma laboral.

“Que tenga conocimiento no hay un estudio”, indicó el funcionario. Rivera Lassén le solicitó al Secretario información sobre el tipo de empleo que ha aumentado y el que ha bajado, después de aprobada la reforma.

El presidente de la Asociación de Industriales, Carlos Rodríguez dijo que el análisis de la Comisión no debe centrarse en derogar la ley sino en hacer “una composición balanceada sobre cuáles de sus disposiciones ameritan ser preservadas y cuáles deben modificarse”.

“Traemos a la atención de esta Comisión que la legislación que finalmente se apruebe, pasará por el crisl del Primer Ejecutivo y la Junta de Supervisión Fiscal, que deberán si los cambios al marco jurídico laboral tienen algún impacto fiscal o son compatibles o no con el Plan Fiscal certificado por dicho organismo federal. Ello debe ser parte del análisis, en particular, cómo los cambios al marco legal, inciden sobre la facilidad y costo de hacer negocios en Puerto Rico”, sostuvo Rodríguez.

La UGT no sólo reclamó la derogación de la Ley 4 de 2017, sino “que hay un conjunto de leyes protectoras del trabajo que también deben ser restituidas. “Queremos llamar la atención sobre la necesidad de reinstalar, con toda su fuerza y vigor, el justo valor del trabajo que ha sido devaluado mediante la precarización las condiciones de empleo”, sostuvo el presidente del sindicato, Gerson Guzmán López.