El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Miguel Torres Díaz, dio la bienvenida hoy a la investigación que realiza la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), sobre el contrato de alquiler del Centro de Servicios al Conductor (Cesco) en Carolina, que el funcionario le adjudicó a una familia de donantes del Partido Popular Democrático (PPD).

“Respetamos y le damos la bienvenida a cualquier proceso que la Oficina de Ética lleve a cabo y en su momento atenderemos cualquier asunto sobre ese tema”, se limitó a decir el funcionario a su salida esta tarde de La Fortaleza, luego de participar en una reunión del Consejo de Seguridad Pública.

“Nosotros no hemos violado la ley”, dijo Torres cuando este medio le preguntó si había firmado un documento de asistencia a los seminarios que ofrece la OEG a los jefes de agencias y funcionarios sobre su participación en actividades políticas. “Desconozco (si lo firmé), pero puedo verificar… No voy a emitir comentarios porque el asunto está en investigación”.

Estas fueron las declaraciones que ofreció Torres Díaz mientras era escoltado hasta los portones de la Mansión Ejecutiva por una de las oficiales de prensa de la Fortaleza, que se encargó de dar por terminadas las preguntas de este medio al funcionario público.

La controversia acerca de este contrato con Educon Management Corp, se recrudeció esta semana cuando una investigación de El Nuevo Día reveló que el acuerdo se hizo con un grupo de donantes del PPD encabezado por Agustín Crespo Rivera y con evidencia fotográfica que ubica al jefe del DTOP participando de una fiesta del padre de este contratista, Juan “Johnny” Crespo Ramos, el 16 de marzo de 2014. Este último también tiene un contrato de arrendamiento vigente de las facilidades del Cesco de Fajardo.

Este medio supo que Johnny Crespo Ramos fue padrino de bodas de los padres del secretario del DTOP, información que Torres Díaz no ha negado ni confirmado.

Además, se alega que el DTOP no realizó un proceso de solicitud de propuestas para evaluar otras alternativas de arrendamiento en el mercado, y que el acuerdo con Educon contiene una cláusula que impone una penalidad de $1.8 millones al DTOP si cancela el alquiler antes de los dos años de vigencia del pacto.

En medio de la controversia, la jefa de la OEG, Zulma Rosario, dijo ayer jueves que la dependencia investigaba el contrato desde antes de que se radicaran querellas sobre la transacción. Rosario sostuvo que están “investigando todo” y que llegarían “hasta las últimas consecuencias”. La contralora Yesmín Valdivieso dijo ayer que su oficina también investiga el contrato del Cesco.

De hecho, el secretario de Justicia, César Miranda, dijo hoy que la polémica “ha tomado el curso que debía tomar y es que la Contralora lo va a evaluar”.

“Hay un sistema de trabajo entre la Contralora y nosotros en Justicia, que tenemos una División de Asuntos del Contralor. Así que vamos a esperar a que la Contralora haga su determinación y si tiene que hacer un referido lo antenderemos cuando llegue”, sostuvo Miranda.

Mientras tanto, el secretario de la gobernación, Víctor Suárez dijo el miércoles que no cancelarán el contrato y el gobernador Alejandro García Padilla dijo que el mismo representaba un ahorro de casi medio millón para el Gobierno. al defender el laudo, García Padilla indicó que había sido validado por los tribunales.

Según Torres Díaz “el arrendamiento está regulado por órdenes ejecutivas que definen cómo se deben hacer estos alquileres, establece y le delega a unas agencias una facultad de revisar y aprobar contratos de términos y condiciones y exige una serie de procesos, entiéndase un estudio de mercado que valida que los precios son razonables y todo esto va contenido con la aprobación de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), que certifica que no tiene facilidades disponibles y a la misma vez la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) también aprobó el contrato como parte de un proceso revisor. Todo esto se hizo en la otorgación de este contrato”.

El acuerdo de arrendamiento con Educon Managemente Corp., según documentos en poder de este medio, fue firmado por el jefe del DTOP el 29 de abril de 2014 por un total de $4,119,312, lo que equivale a un pago mensual de $179,100 versus el pago de los tres alquileres donde ubicaban anteriormente el Cesco, el Disco y el almacén que sumaban en total $145,065.83.