Tres organizaciones que representan distintos sectores empresariales coincidieron este miércoles en su oposición al proyecto que propone duplicar el salario mínimo en Puerto Rico en los próximos diez años.

Las entidades que comparecieron hoy ante la Comisión de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos del Senado fueron la Cámara de Comercio, el Centro Unido de Detallistas y la Asociación de Hoteles.

El consenso de las agrupaciones fue que, tras seis años de recesión económica y ante la presión para que el sector privado absorba el empleo que no está recogiendo el gobierno, no debe aprobarse este tipo de medida.

Condicionaron su apoyo a cualquier ajuste salarial mandatorio a que, al igual que ocurre en Estados Unidos cuando se legisla este tipo de medida, venga acompañado de beneficios contributivos para el sector empresarial.

“Aunque la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) no se opone a medidas que representen un alivio económico a favor de nuestra fuerza trabajadora, es importante señalar que la empresa privada en Puerto Rico en estos momentos se le va a hacer imposible absorber un aumento en el salario mínimo, sin llevar a cabo otros ajustes en las condiciones de empleo de los trabajadores”, sostuvo la directora de Asuntos Legales y Legislativos de la mencionada entidad, Eunice S. Candelaria.

Indicó que, de proceder la Asamblea Legislativa con la aprobación de esta medida, “debe hacerlo junto con la aprobación de un paquete de alivios contributivos e iniciativas destinadas a subsidiar el costo para el gobierno local y la industria, sobre todo para los pequeños comercios”.

La portavoz de la CCPR recordó que “solamente en los pasados dos años se han impuesto sobre $1,500 millones en impuestos a las empresas en Puerto Rico. Es por ello, insistió, que podemos expresar que Puerto Rico no está listo para el aumento al salario mínimo federal”.

Al igual que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, la Cámara de Comercio pidió que antes de legislar sobre este asunto se realice un estudio macroeconómico que evalúe su impacto sobre los sectores y sobre la economía en general.

Agregaron además la sugerencia de que no se trabaje este tipo de legislación hasta conocer el impacto real que tendrá la nueva reforma contributiva que se ha prometido al país.

En similares términos se expresó el presidente del Centro Unido de Detallistas, Rubén Piñero Dávila, quién afirmó que “Puerto Rico no se encuentra preparado para asumir un aumento en el salario mínimo, como tampoco el pequeño y mediano sector empresarial del país lo está”.

Afirmó que “la realidad actual de costos operacionales, asociados al hacer negocios en Puerto Rico, así como las múltiples regulaciones impositivas aplicables al sector, imposibilitarían asumir un aumento adicional sin recurrir obligatoriamente al cierre o reducción de jornada y plantilla laboral”.

Piñero concluyó que “implantar un salario mínimo estatal en nada abona a la solución de los problemas económicos de Puerto Rico, sino que por el contrario, los agrava”.

Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Hoteles, Miguel Vega, agregó que la situación de un desempleo de 14% y una tasa de participación de 40% “es insostenible y nos obliga a replantear seriamente el esquema laboral vigente en el país”.

“No podemos avalar una propuesta como esta sin que se analice el impacto negativo que pudiera representar para los negocios. Entendemos que todo aumento en salario y ampliación de beneficios debe estar atado, obligatoriamente, a métricas de productividad y competitividad”, sostuvo.

El presidente de la comisión senatorial, Luis Daniel Rivera Filomeno, reprochó a los ponentes que su posición era predecible, que es la misma que vienen asumiendo durante las pasadas décadas y advirtió que “el no hacer nada, no es opción”, en relación a la condición salarial de los trabajadores.

Al pedirle una reacción sobre sus planteamientos al presidente del Centro Unido de Detallistas, éste le respondió que la posición del sector empresarial “es la misma, porque el escenario es el mismo”.

Piñero argumentó que el alto nivel de desempleo que sufre el país era el problema principal en el pasado y sigue siéndolo al presente, refiriéndose a los números que sobre la fuerza laboral ofrece el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.